Hoy continúa la discusión en el Senado

El último intento por la JEP

Este lunes se reunió de nuevo la subcomisión del Senado que busca salidas para salvar la justicia transicional. Participación en política y comparecencia ante ese sistema fueron los temas centrales del debate.

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La subcomisión conformada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se reunió ayer en la sede del Ministerio del Interior, a donde llegaron los partidos políticos. / Min. Interior

A las 10:00 de la mañana de ayer, en el Ministerio del Interior, comenzó la reunión de la subcomisión que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, conformó la semana pasada para lograr acuerdos en torno a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. El corazón de los acuerdos de La Habana, indudablemente, entró en cuidados intensivos desde que Cambio Radical y el Partido Conservador, antiguos aliados del Gobierno y este lunes en abierta oposición a los principales proyectos para implementar lo pactado en Cuba, anunciaron que se apartarían de la votación y hasta del debate mismo si no se incluían en el estudio de la JEP las principales preocupaciones que, dicen, tienen en torno al mismo.

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Del lado de la Alianza Verde llegaron los senadores Antonio Navarro y Claudia López; en representación de la U estuvieron los congresistas Mauricio Lizcano y Roosvelt Rodríguez; por el Polo, el senador Iván Cepeda; del Partido Conservador llegaron Hernán Andrade, Juan Diego Gómez y Juan Samy Merheg; el senador Horacio Serpa asumió la vocería del Partido Liberal; de MAIS estuvo Luis Evelis Andrade; la senadora de Opción Ciudadana Doris Clemencia Vega envió a una persona en su representación, y sobre las 2:00 de la tarde llegó el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical. Además estuvo Jairo Estrada, de Voces de Paz, un delegado de la Fiscalía y dos más de las Fuerzas Militares. Y el debate no fue nada fácil.

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Una vez más, la discusión se enfocó en la participación política de la Farc. El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, así como los conservadores, insistió en incluir en el texto de la JEP una serie de condicionamientos que impidan que los máximos responsables de los crímenes más graves lleguen al Congreso sin haberse sometido antes a la justicia transicional. En ese sentido, el Gobierno había logrado ceder en algo. Según el acuerdo logrado, todos los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tendrán que radicar ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP una carta que indique su intención de acogerse al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Y en marzo, quienes resulten electos deberán presentarse ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y suscribir un acta en la que se comprometen a satisfacer los derechos de las víctimas. Pero si el 20 de julio dicha sala no está conformada todavía, la suscripción del acta se hará ante la presidencia de la JEP.

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El asunto, como es obvio, y según quedó planteado ayer, es que algunos partidos insisten en que el sometimiento a la JEP debe traer implícito el hecho de que se les imponga una pena y la cumplan antes de recuperar sus derechos políticos. Un tema en el que la exguerrilla no cederá, evidentemente, pues eso no fue lo que quedó pactado en La Habana y, en todo caso, habrá que esperar el fallo pendiente de la Corte Constitucional, que tendrá que definir los parámetros de interpretación de la participación en política de los excombatientes, según quedó plasmado, no sólo en el Acuerdo de Paz, sino en el acto legislativo de la JEP.

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Otro de los asuntos gruesos que entraron en la discusión de ayer tiene que ver con el artículo 70 de la ley estatutaria que entra en discusión hoy, en la plenaria del Senado. Es decir, el relacionado con las personas que eventualmente se someterán al sistema de justicia transicional de paz. Allí, aunque se establece el fuero especial con el que cuentan los presidentes de la República, se puso sobre la mesa una propuesta que levantó polémica: que el régimen de investigación de la JEP se limite a lo que dictamina el artículo 235 de la Constitución Política. En pocas palabras, extender el fuero de los agentes del Estado y, en ese sentido, excluirlos de las investigaciones que adelante la JEP por su posible responsabilidad en los delitos que pudieran haber cometido con ocasión o en el marco del conflicto armado interno.

Allí quedarían beneficiados, además del presidente de la República, magistrados de las altas cortes, congresistas, el vicepresidente, ministros, el procurador general, el defensor del pueblo, directores de los departamentos administrativos, el contralor general, embajadores, gobernadores de los distintos departamentos del país y generales y almirantes de la Fuerza Pública. La Corte Suprema de Justicia seguiría manteniendo la competencia para investigarlos. “Un asunto que nos preocupa, porque entonces quedarían sometidos a la justicia ordinaria y los miembros de las Farc serían, prácticamente, los únicos que tendrían que comparecer ante la JEP”, dijo a El Espectador uno de los asistentes a esa reunión.

Otro de los puntos de discusión se basó en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que partidos como Cambio Radical, un sector de la U y el Partido Conservador insisten en defender. Concretamente, quieren poner condicionamientos a los magistrados que conformarán las distintas salas que se crearán con la Jurisdicción Especial de Paz. “Sería un obstáculo enorme que impediría, incluso, que se posesionen los magistrados que ya fueron elegidos”, contó otro de los presentes en el encuentro de ayer.

El objetivo, en todo caso, es llevar a la sesión plenaria de hoy, en el Senado, un acuerdo global que permita aprobar, de forma expedita y esta misma semana, la ley estatutaria de la JEP, que, dicho sea de paso, necesita de los votos del Partido Conservador, pues el quórum sigue siendo muy apretado en el Congreso. “Tenemos plazo hasta el 30 de noviembre para que se apruebe y sería una falta muy grave para las víctimas no permitirles que cuenten con una jurisdicción cuyo propósito será la satisfacción de sus derechos”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Al cierre de esta edición, la discusión para lograr consensos continuaba en el despacho del jefe de la cartera política.