De balas a votos

El tránsito electoral de las Farc

Seguramente para nadie es sorpresa que las regiones prioritarias donde las Farc harán el paso de guerrilla a actor político sean algunas de las más golpeadas por la violencia, la inequidad y la débil presencia estatal.  Lo que puede asombrar a muchos es que éstas también coinciden con algunas de las zonas con mayores riesgos de corrupción.

10farcph01.jpg

La llegada de las Farc a la política sin armas exige reformas serias que le cierren el paso a la corrupción electoral, involucrando a todos los partidos.
La llegada de las Farc a la política sin armas exige reformas serias que le cierren el paso a la corrupción electoral, involucrando a todos los partidos.
Archivo El Espectador

Los datos de Índice de Transparencia Departamental 2013-2014, de Transparencia por Colombia (TpC), muestran que siete de los doce departamentos en los que estarán las zonas de concentración de las Farc tienen un riesgo “alto” o “muy alto” de corrupción. Pero, además, el 78 % de los 23 municipios priorizados presentaron riesgo “alto” o “extremo” por violencia y fraude en las elecciones de 2015 (mapa de riesgos electorales -MOE-). No es menor el prontuario de hechos de corrupción en varios de estos municipios, algunos de los cuales han conducido a la destitución de alcaldes y funcionarios, como en Cartagena del Chairá y Tumaco, por dar sólo dos ejemplos.

Algunos de estos municipios corresponden con los de consolidación, los mismos en los cuales se concentrará una parte significativa de los recursos que desde el presupuesto nacional, la cooperación internacional y el sector privado se invertirán para financiar el posconflicto y aumentar la presencia estatal. Este contexto prende las alarmas sobre la importancia de verificar y garantizar la capacidad institucional para asegurar que estos dineros se inviertan con criterios de transparencia, rendición de cuentas y se implementen mecanismos de control que minimicen los riesgos de corrupción. 

Al mirar el mapa desde otra perspectiva, es evidente que algunos de estos municipios quedarán bajo las “circunscripciones especiales” en donde las Farc competirán por algunas curules, inicialmente para aspirar al Congreso y más adelante a gobernaciones y alcaldías. La forma como se dará este paso de las balas a los votos —compleja y polémica en sí misma— es aún más incierta frente a una pregunta clave: ¿Cómo van a financiar sus campañas?

Análisis realizados por TpC muestran que, en las elecciones de 2015, en los municipios de consolidación el 67 % del total de ingresos de campañas para alcaldías y el 87 % de los ingresos para las de concejos provino del bolsillo de los candidatos o de sus familiares. En contraste, los aportes de los partidos y los anticipos estatales, fuentes de financiación creadas precisamente para disminuir la incidencia de dineros privados en la política, prácticamente no llegaron a estos municipios: los primeros representaron el 1 % del total de ingresos para campañas a las alcaldías y el 4 % para campañas a los concejos. Pero aún peor: el acceso a recursos públicos vía anticipos fue casi nulo, escasamente alcanzando el 0,2 % del total de ingresos de las campañas para estas alcaldías y el 0,07 % para concejos.

A nivel nacional se repite la misma historia, pues entre el patrimonio de los candidatos, el de sus familiares y los aportes de personas naturales y jurídicas se concentró el 90 % del total de los ingresos de las campañas políticas de 2015, y los anticipos estatales escasamente llegaron al 0,2 %.

La financiación con recursos privados está permitida. Los recursos públicos deben garantizar la equidad en las elecciones, pues posibilitan que más candidatos participen. En la práctica esto no es real. Los datos muestran que quienes no cuentan con dinero para invertir en sus campañas no tienen iguales probabilidades de aspirar a las alcaldías o a ocupar una curul en los concejos municipales. Con un agravante adicional: los recursos propios de los candidatos no son fácilmente rastreables, siendo casi imposible determinar si tales dineros provinieron de actividades lícitas o ilegales. 

El pasado 5 de julio, el Gobierno Nacional y las Farc emitieron un comunicado en el que informaron que se revisaron los temas pendientes del punto 2, sobre participación política, y definieron una hoja de ruta para cerrarlos. Este es un paso fundamental en la medida en que las reformas sobre la financiación de la política aún están en obra gris. Los problemas relacionados con este asunto son estructurales, están en la raíz de algunas de las peores manifestaciones de corrupción y trascienden las zonas de concentración y las eventuales “circunscripciones especiales” para las Farc. 

En el marco de la implementación de los acuerdos de paz y la apuesta para ampliar los espacios para la participación y representación política, ¿se va a permitir que el aporte del patrimonio de los candidatos sea la mayor fuente de financiación de las campañas? ¿Es equitativo prohibirles a los nuevos partidos (los que eventualmente surjan tras la desmovilización de la guerrilla) este tipo de financiación mientras se les permite a los demás? ¿Qué medidas se van a adoptar para identificar el origen de los recursos? ¿Se van a hacer cruces de información reportada con otras fuentes? En últimas, ¿cómo blindar las campañas del ingreso de recursos provenientes de actividades ilegales y criminales, o de favorecimientos por parte de las autoridades nacionales o territoriales?

Einstein decía que loco es quien hace lo mismo esperando resultados diferentes. Ahora Colombia no puede darse el lujo de caer en la locura y esperar, neciamente, a tener elecciones transparentes manteniendo las mismas reglas de juego en su financiación. Transparencia por Colombia lleva ocho años siguiendo juiciosamente el tema y en este tiempo ha notado, no sin algo de frustración, cómo un sinfín de reformas hechas a medias promete que todo cambiará, pero garantiza que todo siga igual. 

Para una paz sostenible, los territorios de consolidación no pueden servir para apuntalar esquemas de corrupción electoral. Los posacuerdos deben ser el escenario para hacer las reformas que realmente se necesitan, no sólo para exigirles a las Farc que entren a la democracia bajo las máximas condiciones de transparencia, sino para demandar que los actores políticos que ya están participando también lo hagan.

*TRANSPARENCIA POR COLOMBIA