El posconflicto visto desde las regiones

Toribío, Cauca, julio de 2011: las Farc atacaron la estación de Policía. Allí murieron un civil y un agente. / Óscar Pérez

Posconflicto fue quizá la palabra que más pronunció el presidente Juan Manuel Santos durante su gira por seis países europeos, buscando respaldo político al proceso de paz y ambientando la creación de un fondo para canalizar recursos de cara a la compleja etapa de consolidación de la paz, después de la firma de un acuerdo con las guerrillas. En esencia, dicen los expertos, se trata de garantizar la efectiva reinserción de los combatientes a la vida civil y, atendiendo a la premisa de que las víctimas son el eje de las negociaciones.

Mejor dicho, como lo dijo Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que se va a firmar en La Habana es el fin del conflicto con las Farc, no la paz: “Eso implica un verdadero reconocimiento del Estado Social de Derecho y radica en la transformación del país desde lo territorial. No puede ser con fórmulas preconcebidas desde Bogotá, sino pensadas y construidas desde las regiones. Se trata de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, de transformar los territorios, de unir esfuerzos entre lo público y lo privado, de revisar muchas estructuras locales”.

Y con una relación que ha sido tan de desconfianza entre los gobiernos nacional y regional —y lo reconoció el mismo Bautista—, bueno es saber qué se piensa en esas zonas donde se va a vivir ese posconflicto, donde tendrán que convivir los que dejaron las armas, quienes fueron sus víctimas y todos esos ciudadanos que aún guardan la esperanza de que ahora sí, en aras de la paz, llegue la educación, la salud, los servicios públicos y el bienestar a las zonas que han padecido el abandono del Estado.

“En los pueblos pequeños la comunidad y las administraciones locales sentimos que estamos que todo está amarrado a Bogotá y que las posibilidades de generar dinámicas que permitan poder aportar desde lo local y lo regional son muy escasas. Nosotros podemos aportar mucho a la paz, más cuando hemos sufrido con más fuerza los rigores de la guerra. El Gobierno debe concretar la inversión integral. En las regiones hay mucha pobreza y exclusión, y si eso no es superado, el conflicto va a continuar”, dice Jorge Arias, alcalde de Caloto, pueblo del norte del Cauca, enclavado en plena zona de guerra con las Farc.

Diana Mendoza, alcaldesa de Cabuyaro (Meta), es más directa: “La paz requiere recursos. El Gobierno debe hacer una revisión de la manera en que vamos a ejecutar acciones inmediatas, sin tanto protocolo. Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) han complejizado muchísimo las acciones de los gobiernos locales y regionales. Ese tipo de trabas hace que no se puedan dar respuestas efectivas a las necesidades de la gente”. A su vez, Héctor José Quintero, burgomaestre de Girón (Santander), reconoce que los municipios se quedan muchas veces cortos por todas las exigencias frente a los desplazados y las víctimas, las cuales seguramente aumentarán con los desmovilizados de la guerrilla.

Incluso hay experiencias del reciente pasado de las que es necesario aprender. El municipio de Tierralta (Córdoba) albergó el proceso de desmovilización de las autodefensas en el corregimiento de San José de Ralito. Hoy, según cuenta su alcalde Carlos Arturo Cogollo, por lo menos 500 exparamilitares deambulan por las calles, sin oportunidades de empleo, y son muchos los que han ido a parar a las bandas criminales. La administración se quedó sola y no tiene recursos para atenderlos. A algunos les dieron tierras, pero el mismo Estado se las quitó porque tienen procesos de extinción, cuenta.

“Fuimos sede de las negociaciones con las Auc y eso no le dejó nada al municipio. Todo quedó igual o peor. No hubo inversión social seria. Nosotros tenemos muchas expectativas en las actuales conversaciones con las Farc, pues el presidente ha prometido mayores recursos, sobre todo para el agro. Tierralta tiene más de 5.000 kilómetros cuadrados y sabemos que los campesinos, que son los que terminan alimentando a los grupos ilegales, son los que requieren la mayor atención. Estamos esperando las directrices, pero debo decir que no estamos preparados todavía, y hasta pienso que el Gobierno tampoco”, enfatizó.

Para Elkin Bueno, alcalde de Barrancabermeja y presidente de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), si bien iniciativas como la Ley de Víctimas, la reforma de equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción son pasos para consolidar la paz, aún falta mucho por hacer. “El Gobierno va a tener que trabajar duro de la mano con los gobiernos locales, para que eso no sea un nuevo foco de violencia, para que la gente cuyo negocio ha sido la guerra, se reincorpore a la vida civil y sea útil a la sociedad. Hay que pensar en capacitación, empleo digno y estabilidad. Y del otro lado está el garantizar justicia, reparación, verdad y no repetición a quienes han sido víctimas”, agregó.

Es aquí donde cobra protagonismo la elección de los nuevos alcaldes y gobernadores del próximo año. ¿La razón? Hay quienes creen que el Ejecutivo debe meterle todo a la reforma que habilitaría la posibilidad de que los actuales mandatarios puedan buscar en las urnas su continuidad, por una sola vez y para un período de tres años, pues ello garantiza el afianzamiento de la paz en el escenario del posconflicto. “Los actuales alcaldes estamos comprometidos con la paz, los nuevos no sabemos. La paz se hace con nosotros y la refrendación de los posibles acuerdos con las Farc se aprueba también es con nosotros. El compromiso no es de discursos ni de titulares de prensa. Tiene que ser con hechos, con realidades, con inversión pública”, advirtió Armando Mina, alcalde de Padilla (Cauca).

“El Gobierno y el Congreso deben entender que crear condiciones estables para la paz pasa por los municipios y que por eso hay que confiar en los alcaldes, fortalecer la institucionalidad, pensar que cuatro años no son suficientes para ejecutar planes de desarrollo que generen las condiciones de bienestar y prosperidad que la gente necesita. Hay que tener visión de largo plazo”, señala por su parte Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios.

Toro reconoce que si bien se viene trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en proyectos de capacitación y sensibilización, eso no es suficiente. “Las reformas que se están aprobando en el Congreso tienen que mirar al municipio como el aliado del Gobierno para la paz. Y no se está teniendo en cuenta. Aquí se promulgan leyes con una visión cortoplacista y así es muy difícil hacer las transformaciones estructurales que necesitamos para contribuir al desarrollo y la paz del país”, agregó Toro.

Es la visión desde lo territorial. Es la voz de las regiones que han sufrido los rigores de una guerra de medio siglo. Porque ahí será donde la paz se jugará el todo por el todo. El llamado posconflicto y la paz territorial están íntimamente ligados con una real descentralización y con reformas profundas que lleven la prosperidad y el bienestar a todos los rincones de Colombia. Y que se pueda desmentir la frase de que “Bogotá no está 2.600 metros más cerca de las estrellas, sino 2.600 metros más lejos de la realidad”.