El líder indígena que revivió las Circunscripciones Especiales de Paz

Robinson López Descanse interpuso la acción de tutela que revive transitoriamente la posibilidad de crear estas curules en el Congreso para las víctimas. Aspira a la circunscripción especial de paz por Putumayo, como víctima del conflicto armado y avalado por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac).

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Robinson López, uno de los aspirantes a las Circunscripciones Especial de Paz por el Putumayo. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador.

A través de una acción de tutela, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la paz y la participación política, Robinson López Descanse, un indígena inga de Villagarzón (Putumayo) salvó la oportunidad de que las víctimas puedan llegar al Congreso por medio de las circunscripciones especiales que hundió el Congreso la semana pasada.   

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Mientras que el Gobierno acudió al Consejo de Estado y al Tribunal Superior de Cundinamarca para revivir el acto legislativo, el líder inga radicó el lunes 4 de diciembre, ante este Tribunal, una solicitud de medida provisional para que la mesa directiva del Senado remitiera el acto legislativo de la Circunscripciones de Paz al presidente Juan Manuel Santos para su sanción y siguiente trámite en la Corte Constitucional. 

Esta tutela terminó en manos del Juzgado 16 de Bogotá, pues el Tribunal declaró falta de competencia para resolver este recurso. El lunes 11 de diciembre, mismo día en que se cerraban las inscripciones para las elecciones legislativas de 2018, el juzgado la recibió y en la noche ordenó al presidente del Senado cumplir la solicitud del líder indígena. 

Descanse es el coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) desde 2015. Tiene el respaldo de los 65 pueblos que hay en la Amazonía en su aspiración a la curules de la Cámara para las víctimas. 

Nació y creció en el resguardo inga-Chaluayaco en el municipio de Villagarzón pero tuvo que salir de allí por las amenazas de los grupos armados, especialmente de las Farc. Esta guerrilla asesinó a su padre y a su hermana. Otro de sus hermanos, en 2005, también fue asesinado sin conocerse al día de hoy quiénes fueron los perpetradores. 

“Las víctimas nos merecemos respeto y participación en los escenarios de debate como lo es el Congreso, por eso coloqué la tutela. Estaba en juego el escenario de la vida política. Se estaban vulnerando estos derechos y los jueces tenían que dirimir entre el conflicto que había entre el Congreso y el Gobierno nacional” dice este líder.

Ha trabajado por más de 15 años en defensa del territorio y los derechos de los pueblos nativos colombianos. Fue fundador de la Asociación de Cabildos indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (Acimvip), en la cual duró seis años. Por el desplazamiento que tuvo que vivir con su familia terminó en Puerto Caicedo, en donde terminó sus estudios como contador público y comenzó su lucha por los derechos de los indígenas y víctimas del conflicto. Actualmente, además de trabajar con la Opiac, está cursando una maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible en la Universidad Externado de Colombia.

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“[La admisión de la tutela] Es una ganancia para las víctimas del conflicto armado que han sido afectadas. Ganan los colombianos, los sectores apartados y los indígenas de este país. La Amazonía es de las zonas más afectadas y requerimos asiento en el parlamento colombiano para defender nuestras necesidades y los derechos de las víctimas”, agrega. 

Descanse también es líder político en la minga de Resistencia por los derechos de los pueblos indígenas, en coordinación con la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip). Esta organización, adscrita a la Opiac, también le da el respaldo de los pueblos de este departamento: Inga, Kamensat biya, Siona, Murui muina, Kiwchua, Coreguaje, Pastos, Quillasingas, Yanacona, Misak y Pijao.  

Robinson López también ha sido contratista del Estado. En 2014 tuvo un contrato por mes y medio con el Ministerio de Cultura para la realización del Tercer Encuentro Intercultural de Pueblos Indígenas Inga, Embera, Awá, Nasa y Pastos en el municipio de Villagarzón, por un valor de $11.000.000. En 2015, también firmó un contrato por dos meses con la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Alcaldía de Villagarzón para la implementación de sistemas productivos medicinales para su resguardo. Y actualmente, y hasta el 31 de diciembre próximo, tiene un contrato de prestación de servicios como asesor en segundo grado de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara, Pablo Eladio Alba por el Partido Alianza Social Independiente (ASI).

Ante los señalamientos de que ha trabajado a lo largo de 2017 con el Ministro del Interior, y que esto puede generar sospechas sobre si esta entidad estuvo detrás de la tutela, la respuesta de Robinson es que trabajó bajo prestación de servicios profesionales como apoyo técnico de la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena (MPC), un espacio de interlocución política entre el Gobierno y los pueblos indígenas de Colombia. "Yo no soy subordinado del Ministerio. Soy apoyo técnico de la MPC, no del Ministerio del Interior, aunque ellos por obligación deben garantizar el funcionamiento de la Mesa", asegura.  

Incluso, Robinson ya había presentado una acción de tutela en julio de 2015 contra el Ministerio del Interior, como representante de la Acimvip, para que se les ampararan "los derechos fundamentales de la consulta previa, integridad étnica y cultural, al territorio, a la autonomía, debido proceso y gobierno propio del pueblo inga en los municipios de Villagarzón y Puerto Caicedo". El Tribunal Administrativo de Nariño decidió resolverlo a su favor al considerar que sí se les vulneraban los derechos al haberse adelantado el proyecto de explotación petrolera "La Cabaña", y de esta forma le exigió al Ministerio realizar la consulta previa con la comunidad.

Ahora, rescata él, lo que queda es esperar a que se produzca la decisión definitiva de la jueza Catalina Díaz Vargas, quien hizo un llamado a las partes interesadas para presentar en el término de un día sus argumentos, teniendo en cuenta que el 20 de diciembre empieza la vacancia judicial. También queda pendiente para saber qué pasara con la inscripción de los aspirantes víctimas del conflicto armado, ya que el plazo para este trámite se venció ayer 11 de diciembre. Él, por su parte solo afirma que, bajo la Opiac, seguirá haciendo los esfuerzos necesarios para que las víctimas sean escuchadas en el Congreso.