A propósito del proyecto que anuncio el presidente Duque

El eterno dilema entre el narcotráfico y el delito político

Aunque la iniciativa no tiene efectos retroactivos y no afectaría al hoy partido FARC, el nuevo gobierno llega con una reforma que cerraría las puertas a futuras negociaciones de paz encaminadas a una solución política. 

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Para Duque, no se puede ganar beneficios mimetizando delitos con causas ideológicas./ EFE

Desde que el narcotráfico se convirtió en una amenaza para la sociedad colombiana, a principios de los años 80, surgió la disyuntiva de cómo encararlo, más allá de la confrontación histórica entre el Estado y la insurgencia. En buena medida, esta perspectiva empezó a complicarse cuando las autoridades constataron que cada día en las zonas de conflicto se expandían los cultivos de coca y, particularmente, las Farc habían encontrado la fórmula para lucrarse de los dineros de la droga sin intervenir en su cadena de producción. Es decir, fue a través del denominado “impuesto del gramaje” que la guerrilla empezó a cobrar a todo aquel que quisiera dedicarse al ilícito negocio.

En su momento, la voz de alerta la terminó dando el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, cuando acuñó el término de “narcoguerrilla”, para significar que cada día la insurgencia fortalecía más su capacidad económica a partir de los dividendos del cobro de “impuestos” al narcotráfico. El problema se agravó no sólo porque los carteles de la droga se convirtieron en verdaderos ejércitos de sicarios al servicio de los ‘capos’, sino porque en expresiones del paramilitarismo —como el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS)— quedó claro que esos dineros fueron parte de su financiación en la lucha contrainsurgente.

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En síntesis, los capitales del narcotráfico se transformaron en el principal combustible de la guerra en Colombia, y, de distintas maneras, en las arcas de la guerrilla y del paramilitarismo esa plata nunca dejó de circular. En los años 90, cuando el reto de seguridad del Estado tenía nombre propio en el cartel de Medellín y Pablo Escobar, desde el ámbito legal las autoridades empezaron a maniobrar sobre la forma de enfrentar la expansión de ese flagelo. De tal modo que, en la era Gaviria, al tiempo que se promovió una política de sometimiento de los narcotraficantes para que se entregaran a cambio de escasas penas, frente a los demás actores de la violencia empezaron las ambigüedades.

En ese contexto, se entiende por qué empezó a hablarse del narcotráfico como delito conexo del delito político. Era claro que para los distintos gobiernos era una prioridad tratar de solucionar el conflicto armado por la vía de la negociación política, pero esa fue la fórmula para resolver la duda que existía sobre qué hacer respecto al tráfico de drogas. Y mientras en Colombia se buscaban maniobras para que esa conexidad salvara el obstáculo jurídico de crearle una ruta confiable a la paz, desde Estados Unidos, principal promotor de la lucha antidrogas, su postura fue estructurar procesos judiciales para insistir en separar el lindero del conflicto a las acciones del narcotráfico.

Esta última visión se explica, por ejemplo, en los procesos judiciales a través de los cuales la justicia norteamericana pidió en extradición a los grandes jefes del paramilitarismo, en momentos en que el gobierno de Álvaro Uribe buscaba afianzar con ellos un proceso de paz; o de la misma manera, como lo hizo respecto a las Farc, cuando estructuró una acusación formal contra sus principales líderes por acciones concretas de narcotráfico. En uno u otro caso, la salida del Estado fue insistir en la conexidad del narcotráfico con el delito político, de tal manera que no se convirtiera en un obstáculo insalvable para avanzar hacia una negociación de cambio de armas por votos.

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Este martes, cuando el presidente Iván Duque anunció en su discurso la presentación de un acto legislativo para eliminar esa conexidad, vuelve y juega la disyuntiva colombiana de los últimos tiempos. En el fondo, es claro que el nuevo gobierno busca que, de una vez por todas, el narcotráfico sea una conducta que no admita negociaciones de paz, sino remotamente un sometimiento a la justicia. No obstante, por tratarse de una reforma constitucional, no sólo se requieren ocho debates en el Congreso, sino una intensa discusión política sobre su conveniencia. Según los expertos, sería una forma de romper con una ambigüedad histórica, con insospechadas consecuencias.

De aprobarse esa norma, no tendría un carácter retroactivo. Es decir, no afectaría lo que ya está pactado con las Farc. Pero al inmediato futuro, cualquier negociación con un grupo insurgente que haya estado inmerso en alguna de las cadenas del narcotráfico encontraría un cerrojo para que esta actividad pueda ser conexa del delito político. Otro escenario, de naturaleza jurídica diferente, es el sometimiento, y debe recordarse que hace apenas unas semanas se aprobó en el Congreso una ley que busca rendir a las organizaciones del narcotráfico, sin que este procedimiento se convierta en beneficios para el tránsito a la política.

El otro aspecto de la discusión es aún más complejo, porque posee ingredientes enmarcados en instrumentos jurídicos internacionales. En concreto, si la idea es la de romper también la conexidad del delito político con el secuestro, el escenario es difícil. Para nadie es un secreto que una de las principales formas de financiación de los grupos guerrilleros ha sido esa práctica. De hecho, fue tan grave su incidencia, que en todas las negociaciones de paz, desde Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, entre las principales exigencias de los gobiernos siempre estuvo la eliminación del secuestro como estrategia de la guerra, aunque se volvió asunto conexo.

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En la negociación entre el Estado y el M-19, los múltiples casos de secuestro quedaron incluidos en la negociación de indulto. El comienzo de los diálogos con las Farc tuvo como punto de partida la declaración tácita de la guerrilla de abolir la práctica del secuestro, que había sido una de sus principales fórmulas de guerra. Al final, terminó considerada una conducta conexa y formó parte de los acuerdos. Sin embargo, también este delito está clasificado como de lesa humanidad, ante lo cual debe ser objeto de un amplio análisis en la Justicia Especial para la Paz (JEP), como ya se evalúa.

No obstante, en este caso, de cara a futuras negociaciones de paz con grupos alzados en armas, si se eleva a rango constitucional la eliminación de la conexidad entre el secuestro y el delito político, literalmente quedarían cerradas las puertas para cualquier proceso de diálogo encaminado a una solución política negociada. La razón: no cabe duda de que este delito sí ha sido de permanente uso entre los grupos armados y, de hecho, la lucha en su contra recoge no sólo múltiples esfuerzos del Estado para encarar a quienes lo han practicado, sino también el motivo que llevó a fuerzas contrainsurgentes a tratar de justificar su violencia como una lucha antisecuestro.

En resumidas cuentas, la propuesta del presidente Iván Duque, respaldado por la bancada de su partido, Centro Democrático, atraviesa la historia de la guerra en Colombia, y por eso requiere un amplio consenso para llegar a una solución óptima. Es claro que el Ejecutivo quiere enfrentar el narcotráfico, que sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la sociedad colombiana en el contexto internacional, y hacerlo también significa hacerles ver a los grupos ilegales que no pueden mezclar sus acciones con el tráfico de drogas en cualquiera de sus formas. En cuanto al secuestro, la discusión es mayor, pero hace falta que la JEP o la Comisión de la Verdad determinen cuál ha sido su impacto.