Desfinanciación de la paz, visión militarista y menos reparación en el Plan Nacional de Desarrollo

Preocupa el énfasis que las bases de este plan le da a un modelo de consolidación militarista y agroindustrial de las regiones, que tenga metas de reparación de víctimas más bajas y que no haya recursos adicionales para implementar el acuerdo de La Habana.

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Delegados del partido político Farc, durante la reunión que tuvieron con Raúl Rosende, jefe de verificación de la Misión de la ONU.

La semana pasada el gobierno Iván Duque dio a conocer las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, que detalla un poco más la hoja de ruta del gobierno para estos cuatro años, y deberá ser aprobado en el Congreso. Este lunes, delegados del partido Farc se reunieron con Raúl Rosende, jefe de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, y le manifestaron algunas de sus preocupaciones sobre la implementación de los acuerdos. Entre esas, cómo quedó expresado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Aunque la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, ha dicho:  “Claro que el Plan Nacional de Desarrollo tiene incorporado el cumplimiento de los acuerdos (...) Debemos llegar a ocupar en el territorio nacional espacios vacíos para que sus inversiones en el campo progresen”, hay algunos puntos que generan preocupación, no solo para quienes dejaron las armas sino para quienes han defendido que este pacto puede ser una oportunidad histórica de inclusión, desarrollo rural y reconciliación.

Estos son las inquietudes principales: 

¿Desarrollo “cluster”,  no Reforma Rural Integral?

Las bases técnicas del Plan Nacional de Desarrollo reflejan un espíritu contrario al acuerdo de paz con relación a la reforma rural integral, que buscaba políticas de inclusión agraria y de redistribución de la tierra de los campesinos y regiones que han padecido el conflicto armado. Al menos eso cree Andrés Gil, coordinador general de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y miembro del Consejo Nacional de Paz.

En el Plan Nacional de Desarrollo este capítulo se titula: “Campo con promesa”. Pero su enfoque está mucho más enfocado en dinamizar el desarrollo y la productividad del campo desde una estrategia de la regularización de la propiedad y desarrollo de “cluster”, cadenas de valores agroindustriales, “que nada hablan de la economía campesina, ni de la pequeña economía agraria, ni de la propiedad de la tierra, ni de crédito para los pequeños campesinos”, asegura Gil y dice: “La apuesta es por toda una cadena de valores agroindustriales que apunta a que los recursos del gobierno para el campo vayan a programas del estilo de Agro Ingreso Seguro”, refiriéndose a la línea de crédito y de subsidio para entregar préstamos con bajas tasas de interés a grandes desarrollos agropecuarios que se dio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que terminó investigada y condenada por la justicia luego de que se comprobara que se entregaron a personas que no tenían ninguna relación con la producción agrícola, como la exreina Valerie Domínguez.

“Preocupa porque no se sabe dónde quedará el compromiso de democratización de la tierra, ordenamiento del suelo, el catastro multipropósito, en fin...Todos los avances importantes y sustanciales que se habían realizado en el acuerdo de paz. Parece que le hubieran echado tierrita a la Reforma Rural Integral en el Plan Nacional de Desarrollo”, asegura Gil. Tampoco hay metas de restitución de tierras, uno de los componentes más importantes en reparación, como lo advirtió la representante a la Cámara, Juanita Goebertus.

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Esta preocupación también la tiene el representante a la Cámara por el partido FARC, Sergio Marín: “Dada nuestra vocación agraria y la proyección de los distintos proyectos de vida en la ruralidad que tienen los excombatientes este enfoque inevitablemente nos impactará. Nuestros sueños están depositados en hacer del campo un escenario de paz y desarrollo. Este gobierno parece darles la espalda”.

Asimismo, para la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, este enfoque sobre la tierra es preocupante porque “para la reincorporación real, sostenible, segura, es necesario que haya tierras para que nuestra gente pueda dedicarse a trabajar en el campo, y así tener garantías de vida digna. La posibilidad de sacar adelante la reincorporación tiene que ver con que el Fondo de Tierras, los Proyectos con Desarrollo Territorial (PDTS) y la protección a comunidades funcione, hay que verlo de manera integral, sino funciona no solo se traiciona a quienes creyeron en la palabra del Estado, sino a las comunidades en los territorios”.

¿Zonas de consolidación más que planes de desarrollo territorial?

El Plan Nacional de Desarrollo retomó una visión de “intervención y consolidación” en zonas que han sido altamente afectadas por la pobreza, tienen presencia de economías ilegales y debilidad institucional, bajo la figura de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII).

Esta visión es muy similar a la que tuvo la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Un modelo que hace énfasis en una concepción de control territorial desde la presencia y operativos de la Fuerza Pública.

“La política de consolidación es contraria a la concepción de territorio que buscan los Planes de Desarrollo Territorial (PDTS)", dice Gil. Se refiere al instrumento que nació con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, en el punto uno del acuerdo que busca reformar el campo colombiano, y por el que se realizó un ejercicio participativo de las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.

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“En los PDTS participaron más de 190 mil campesinos y personas en las regiones y busca una transformación territorial con un enfoque diferente, de desarrollo rural, donde la presencia del Estado vaya más allá de la militarización de los territorios y la coerción. Con el enfoque de consolidación se pierde una oportunidad histórica de inclusión de comunidades marginadas, de comunidades que vivieron durante muchos años la guerra y la confrontación y que hoy esperaban que a través de los PDTS fueran incluidas sus visiones de desarrollo rural y su participación, para que por fin el Estado los tuviera en cuenta como parte de la Nación y dejara de estigmatizarlas. Porque este plan de consolidación lo que hace es continuar en la idea de que las comunidades son amigas de la ilegalidad, y esa estigmatización vuelve a la idea de que las comunidades no son parte del Estado, sino que son enemigas del Estado”, sostuvo Gil.

La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, comparte esta preocupación.

"En el país ya habíamos superado la lógica de seguridad nacional y nos habíamos encaminado en una lógica de desarrollo rural, con las comunidades. Estas zonas de intervención se presentaron por primera vez en la discusión de la ley de orden público, y quienes defendemos el acuerdo de paz logramos incluir un artículo que dice que deben articular en la hoja de ruta única de intervención, una figura que creó Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto, estas zonas de intervención (ZEII) y los PDTS. Pero en el plan de desarrollo, pese a que ya se había planteado esta articulación, se excluye a las ZEII de esa hoja de ruta única y se dice que pueden existir otros mecanismos de planeación de estas zonas. Eso en la práctica supone que estas figuras quedaron completamente desarticuladas de los PDTS”, asevera Goebertus.

Al tiempo que resalta que por lo menos quedó un capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, donde están los PDTS, porque había secrores del gobierno que buscaban sacar definitivamemte el capítulo de paz y los PDTS de este plan nacional.  

“En este momento, por fortuna están los PDTS y están en el capítulo de paz. La preocupación es que hay una disputa en recursos y en liderazgo sobre las zonas de intervención y los PDTS. Esta disputa es interna. Por un lado está el sector de Rafael Guarín, consejero presidencial, que apoya las ZEII, y Emilio Archila que apoya la figura de los PDTS. Entre ellos están peleando recursos. No se puede saber hoy, por ejemplo, qué dineros pensados en seguridad se vayan para la ZEII y cuáles para los PDTS", detala Goebertus.

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¿Sin presupuesto específico para la paz?

El acto legislativo 01 de 2016, que le dio vida jurídica y constitucional al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, creó el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, que establece que en adelante el Plan Plurianual de Inversiones (las inversiones de los cuatro años de gobierno) debe incluir un componente específico para la implementación del acuerdo de paz, con dineros adicionales de los demás sectores.

Pero en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, en el artículo cuatro, que establece el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, los recursos están desagregados por cada sector.

Es decir, está la totalidad de las inversiones y no hay una sección específica de paz dentro del artículo que aprueba el Plan Plurianual de Inversiones del cuatrenio. “Cuando uno mira las bases encuentra un capítulo sobre el Plan Plurianual de Inversiones para la paz, y dice que durante el cuatrenio se van a dar inversiones por 37 billones para la paz. Pero hablando con funcionarios del DNP ellos explicaron que los 37 billones ya están incluidos en los 1.096 billones del presupuesto. Eso significa que no hay recursos adicionales para la implementación del acuerdo, sino que están nuevamente legalizando recursos que están en los otros sectores para decir que los invertirán en la paz”, sostiene Goebertus. 

La preocupación no es menor, sobre todo porque en estos dos años de implementación del acuerdo de paz los informes del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, de la Contraloría, e instituciones que siguen la implementación señalan que existe una desfinanciación de lo acordado. En ese sentido, parece que el Plan Nacional de Desarrollo no es la excepción.

“Difícilmente se podría asegurar que el Acuerdo de Paz quedó expresado en el Plan Nacional de Desarrollo. El Acuerdo de Paz, contemplaba en el punto 6, que se elaboraría un Plan Marco de implementación, ese plan salió a la luz en junio del año pasado con el CONPES 3932. Se suponía que ese Plan Marco se iba a recoger en un capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo. Pero para nuestra sorpresa ni dicho plan marco, ni los pocos recursos contemplados están en las bases del plan”, afirmó la senadora Sandino y señaló: “Uno no entiende por qué no metieron en el capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo esos recursos de los que hablan, como incluso lo obliga el Acto Legislativo 01 de 2016”. Para el representante Marín, esto es una "vulneración flagrante al acto legislativo 01 de 2016. Y por tsnto este Plan Nacional de Desarrollo viola la constitución". 

Desmovilización más que reincorporación

“El lenguaje con el que se escribieron las bases del Plan Nacional de Desarrollo desconocen lo que se pactó en La Habana, porque quieren volver a un esquema de desarme, desmovilización y reintegración. Nosotros hemos dicho que estamos en proceso de reincorporación colectiva y comunitaria", menciona Sandino y detalla que lo que sí está mencionado pero no tiene recursos específicos es el enfoque de género. "Hay un pacto específico dedicado a la equidad para las mujeres que es transversal, sin embargo, no hay asignación presupuestal al respecto, y ya sabemos que el texto aguanta todo, pero sin dinero no se puede poner en marcha nada". 

¿Menos reparación de víctimas?

En Colombia hay más de 8 millones de víctimas registradas, y con la Ley de Víctimas, a pesar de los enormes esfuerzos, solo se ha podido avanzar en la reparación del 12% de ellas. Por eso se esperaba que en el Plan Nacional de Desarrollo existiera una estrategia para avanzar en esta materia, aunque el texto habla de revisar la continuacion de la Ley de Víctimas, más allá de su vigencia que va hasta 2021.

“Cuando uno mira la meta de reparación de víctimas, se da cuenta de que si se compara con el cuatrenio anterior, el presidente Duque estaría pretendiendo reparar a 282 mil víctimas menos en este cuatrenio. Y hablamos del registro de víctimas del conflicto armado, que tuvo en cuenta la Ley 1448, ni hablar de nuevas víctimas”, detalla Goebertus.

“Es un poco cínico que el sector político del Gobierno haya utilizado en campaña la bandera de ser los defensores de los derechos de las víctimas de las Farc y haya argumentado que por eso estaban en contra del acuerdo de paz, porque supuestamente no satisfacía derechos de reparación, y hoy planteen en su plan de gobierno una meta más baja de reparación. Eso es francamente increíble”, comentó Goebertus.