Dice documento enviado al Congreso

Cuentas de la paz, sin examen aún de la Contraloría

El organismo de control debía elaborar por esta época su primer informe sobre los recursos que se han destinado para la paz. La lenta implementación no permitió ese control. 

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El Acuerdo Final lo firmaron el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá. / Cristian Garavito - El Espectador

Todo lo que ocurrió en el Congreso para lograr la reglamentación de la JEP —su lentitud, su desidia, el poner como prioridad sus propios intereses por encima del Acuerdo de Paz— es un campanazo de lo que se viene para implementar el Acuerdo Final con las Farc, especialmente ahora que se avizora cambio de gobierno. Lograr que el Acuerdo tome forma no ha sido un asunto lleno de obstáculos sólo en Cámara y Senado; el propósito ha estado tan trabado que ni siquiera la Contraloría General pudo elaborar su primer informe sobre recursos destinados para la consolidación de la paz. Así lo dejó saber el organismo de control en un informe que le acaba de enviar al Congreso y que fue conocido por El Espectador.

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“En el contexto actual no existe información suficiente para examinar la ejecución de estos recursos”, señaló la Contraloría. Las razones: “La casi simultaneidad del mandato del Acto Legislativo 01 de 2016, en cuanto a la prioridad de las inversiones para la paz y al carácter adicional de esos recursos en relación con las inversiones ya programadas, y la aprobación del Plan Plurianual de Inversiones” y “la dificultad para precisar las fuentes de financiamiento de las prioridades para la paz (incluidas posibles reducciones de otros renglones del gasto público), en vista de las dificultades fiscales por las cuales atraviesa coyunturalmente la economía nacional”.

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La Contraloría determinó que, si bien no podía presentar el reporte que se esperaba, le entregaba al Congreso entonces un “derrotero” para que los poderes Legislativo y Ejecutivo puedan “calcular y asignar de manera precisa el monto de esas inversiones y sus fuentes de financiación y para ir percibiendo los cambios organizacionales que el Estado debe hacer para cumplir el mandato del Acto Legislativo 01 de 2016”. Este último es la reforma a la Constitución que se tramitó el año pasado para facilitar la implementación del Acuerdo de Paz y para “la construcción de una paz estable y duradera”.

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En el informe, una vez más se prenden las alarmas sobre un tema importante: los recursos para respaldar la Ley de Víctimas. Según la Contraloría, teniendo en cuenta que esa norma estará vigente hasta 2021, pero las inversiones para la paz están calculadas hasta 2031, “esto dejaría eventualmente al componente de víctimas por fuera del plan de inversiones durante diez años”. Igualmente, se indica que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) no se tiene en cuenta en lo absoluto la reparación a víctimas que se incluyó en la Ley de Víctimas, y sólo se toma en consideración el establecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“Si bien el MFMP es un documento de carácter financiero, queda el interrogante acerca de ¿cuál va a ser el tratamiento para las nuevas víctimas surgidas producto del Acuerdo? De igual forma, la Ley 1448 de 2011 tiene vigencia hasta 2021 y, tal como se ha dado su ejecución, no alcanzaría a resarcir a los más de ocho millones de víctimas que se encuentran en el registro”, alerta el organismo de control, agregando además que la versión del MFMP sobre la atención de las víctimas es “restringida”. Es decir, que crear la no alcanza para que el Estado salde con las víctimas las deudas que ha tenido con ellas durante décadas.

Un dato importante que aparece en el reporte de la Contraloría es cuánto costará implementar la paz que se pactó en el Acuerdo con las Farc desde 2017 hasta 2031, punto por punto. La reforma rural integral es, de todos, el que más recursos exige: $110,6 billones de los $129,4 billones estimados para este proceso. Es decir, el 85, 4% de todo el dinero calculado, el cual saldrá principalmente del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones. La cooperación internacional representará el 9% y la inversión privada, el 6,4 %.

Que el Gobierno asegure los recursos para ese punto, recuerda la Contraloría, es clave. “El cumplimiento de este punto del Acuerdo significa que el Gobierno Nacional debe disponer de los recursos necesarios para cumplir con el proceso de formalización y restitución de tierras, mediante la realización del catastro multipropósito, la formalización de las tierras, la constitución del Fondo de Tierras, la entrega de 3 millones de hectáreas y la construcción de sistemas de riego; lograr el cierre de la brecha de pobreza entre campo y ciudad y brindar seguridad alimentaria a la población rural”. La distribución detallada de recursos, señala el organismo, “está pendiente de asignación”.

El punto de la participación política está presupuestado en $4,3 billones para los próximos 15 años, la misma cifra que se determinó para el punto de víctimas. Según la Contraloría, tanto los recursos asignados vía Ley de Víctimas como los asignados a través de la implementación del Acuerdo representan alrededor del 2,0% de PIB entre 2017 y 2021. “La pregunta en este tema es la financiación requerida para reparación a las víctimas que está considerada en el Acuerdo a partir del año 2022. No es objeto de este documento establecer las posibles opciones, lo que sí se puede señalar es que los avances en la cobertura de la reparación a las víctimas son todavía mínimos con respecto al universo de la población que necesita ser reparada”.