Dice Sergio Jaramillo

Coincidencia de la implementación con la campaña electoral es una "maldición"

El comisionado de Paz habla de los alcances de la decisión de aplazar la entrega de armas de las Farc; dice que según los listados, al final serán unos 12.500 guerrilleros y reconoce falencias en la implementación del Acuerdo en los territorios.

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El comisionado Sergio Jaramillo ve positivo el cambio de fechas. / Óscar Pérez

¿Qué lectura hacerle a la decisión de ampliar los plazos para el desarme de las Farc y la vigencia de las zonas veredales? Porque no faltan las críticas...

Es bien positivo, porque la semana pasada todavía estábamos en una gran tormenta de incertidumbre. Las Farc quedaron absolutamente descolocadas y con mucha preocupación tras el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track, y más allá de la interpretación que se tenga —la mía es mucho menos dramática—, esa es la realidad. Logramos acordar un cronograma absolutamente razonable de que la dejación de armas de la totalidad de las Farc, incluyendo las milicias, se dé entre el 1° y el 20 de junio; que las zonas se cierren definitivamente el 1° de agosto, y que de ahí en adelante esos lugares y esa infraestructura que con tanta dificultad construimos se utilicen para capacitar a los desmovilizados y a las mismas comunidades.

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¿Hay riesgos de que surjan nuevos tropiezos y esos nuevos plazos no se cumplan?

Un proceso de paz es una serie de batallas diarias de todo tipo y, por supuesto, que pueden surgir nuevos problemas, pero lo esencial en este momento es que el Gobierno y las Farc cumplan esa hoja de ruta.

O sea que esas zonas veredales se van a convertir en una especie de pueblos para los desmovilizados...

No los llamaría pueblos. Serán espacios de formación donde los miembros de las Farc van a capacitarse y formular sus proyectos productivos, pero habrá unos que se queden y otros que no. Nadie tiene la obligación de quedarse. Ahora, por ejemplo, si uno mira la situación de Charras, la vereda de San José del Guaviare donde está ubicada una de las zonas de concentración, ve que al lado está el río Guaviare y hay un problema grande de bacrim y tráfico de drogas. Y también está la disidencia del frente Primero. ¿Qué es mejor? ¿Qué el 1° de agosto salgan los hombres de las Farc y les digamos que listo, que pueden cobrar por unos meses un cheque mientras tienen trabajo y miren a ver qué hacen con sus vidas? ¿O hacemos un proceso organizado donde haya más posibilidad de que sus ideas echen raíz y con más seguridad de que no vamos a caer en el reciclaje eterno de la violencia, que tantas veces nos ha ocurrido en los procesos de paz anteriores?

¿Por qué ha sido tan difícil copar las zonas que dejaron las Farc?

Esa es una pregunta para el Ministerio de Defensa.

¿Están ya consolidados los listados de los guerrilleros?

Prácticamente sí. Hemos trabajado bien con las Farc, tenemos listados consolidados de la gente que está en las zonas veredales, de los milicianos que están por fuera y de los que están en las cárceles. Se están afinando los últimos puntos. Hemos hecho un proceso de revisión con todas las agencias relevantes y estamos listos para que en los próximos 20 días, cuando dejen sus armas y reciban de parte de Naciones Unidas una certificación de ello y tengan una acreditación nuestra.

¿Y al fin cuántos desmovilizados serán en total?

En este momento las cifras que tenemos son de algo más de 7.000 en las zonas veredales, más unos 2.600 milicianos, más unos 2.500 en las cárceles. Es decir, estamos alrededor de los 12.000 o 12.500 hombres.

Ya surgen denuncias sobre “colados”, léase narcotraficantes, en esos listados, tal y como sucedió en la desmovilización de los paramilitares, ¿cómo se piensa cerrar esa puerta?

Conformamos un comité interinstitucional con Fiscalía, Fuerzas Militares y Policía para revisar cada uno de los nombres en los listados y asegurar que no nos metan un gol. Si encontramos información de un narco, como pasó con el caso del “Señor de la Camisa Roja” (Gildardo Rodríguez), lo tachamos y se lo devolvemos a las Farc. No me queda bien a mí decirlo, pero hemos organizado, como ya le dije, el procedimiento más riguroso que haya habido en un proceso de paz para constituir los listados. Además, Timochenko designó a una persona que centraliza la información, con la que hemos trabajado muy bien, y las cifras que están saliendo corresponden a las que nosotros tenemos. No queremos que nos pase lo de los “paras”: el Ministerio de Defensa dijo en 2002 que eran 8.000 y al final se desmovilizaron 32.000.

¿Al fin se va a hacer un acto público de cara al país con la entrega definitiva de las armas?

 Eso está en discusión con las Farc, pero, como dijimos en el comunicado del lunes, habrá actos públicos. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar ahí.

¿Será que las Farc sí entregan todos sus bienes y activos?

Pues tienen la obligación de entregar un inventario y con ellos se debe reparar a sus víctimas. La fecha límite para entregar ese inventario, según el Acto Legislativo para la Paz, es el fin de las zonas veredales, de manera que antes del 1° de agosto deben hacerlo.

Las Farc hablan mucho del incumplimiento del Gobierno, ¿usted se siente satisfecho de la manera como se ha procedido?

Se ha hecho un trabajo enorme en términos del trámite legislativo, donde las normas básicas para que las Farc puedan hacer su transición a la legalidad han sido aprobadas con un gran esfuerzo de la Unidad Nacional y de los partidos afines a la paz. En lo de la preparación de las zonas fuimos muy ambiciosos, sin medir que eran lugares muy remotos. De ahí los retrasos, pues era imposible haberlo hecho más rápidamente, dado el tamaño de la infraestructura y ubicación. Eso ha afectado la moral de la gente de las Farc. En lo que creo que estamos más cojos es en la implementación en los territorios. Es cierto que se ha hecho un trabajo juicioso liderado por Planeación Nacional de un plan marco que contiene todos los compromisos, pero no podemos seguir cojeando en producir resultados en el terreno que les muestren no solamente a la gente de las Farc, sino a las comunidades, el cambio que significa el haber firmado la paz.

Se vienen discusiones complejas en el Congreso, con las nuevas reglas del “fast track”: la reglamentación de la JEP y la ley de tierras, ¿qué espera el Gobierno?

Son temas difíciles, pero ya hemos pasado por otros que han salido adelante. De todas maneras, es claro que tenemos que organizarnos mejor como gobierno, hacer un buen trabajo de explicación y de trabajo conjunto con los partidos afines al proceso, y no esperar al día de los debates. Si nos preparamos adecuadamente, estoy seguro de que la ley estatutaria de la JEP va a salir bien.

¿Y la de tierras no?

Eso va a ser un debate más grande, porque los parámetros están menos claros. El Acuerdo de Paz no se mete con el tema de la normatividad de tierras, ni con los derechos de propiedad, ni con los baldíos. Esos son temas que se han desarrollado después, como consecuencia de un pedido que les hicimos a unos expertos —como pedido a su vez de las discusiones con los del No en el plebiscito— de que se traten estos temas delicados de los poseedores de buena fe, etc. Ese es un tema que Colombia no ha sido capaz de resolver en 50 años, que despierta una enorme controversia y que va a requerir mucha capacidad de creación de consensos para llegar a un buen resultado.

Por cierto, en manos de la Corte Constitucional están todavía temas sensibles, como la ley de amnistía y la misma JEP. ¿Hay temor de que vengan otros fallos adversos?

En el Gobierno hay conciencia de que la Corte está desbordada con estas tareas. Por eso sacamos un decreto que le permite suspender los términos que existen hoy para poder priorizar y concentrarse en estas tareas tan difíciles. Estoy confiado en que la Corte va a proceder de manera inteligente y uno no puede estar a su favor cuando le gustan los fallos y en contra cuando no.

Usted siempre ha sido optimista frente al proceso, pero ante el debate electoral de 2018 hablo recientemente de la necesidad de un pacto de respeto a los acuerdos, como respuesta a la estrategia del miedo, ¿en qué consiste? 

He sido y seré siempre optimista, pero creo que la combinación del primer año de implementación con la temporada electoral es casi explosiva y hace las cosas más difíciles. Esa coincidencia es una verdadera maldición y desaparece el sentido de responsabilidad, pues mucho de lo que se dice obedece a un pequeño y egoísta interés político, como aquella frase de “hacer trizas los acuerdos”. Por eso digo que se debería hacer un pacto, entre todos los candidatos, de respeto a la reincorporación de las Farc a la vida civil y a su transformación en un partido político. Es lo mínimo.

Hace poco se escuchó un rumor de que usted dejaría el cargo, ¿es cierto?

Sigo firme hasta que me diga el presidente de la República.