Cinco lineamientos para tratar la violencia sexual en los acuerdos de paz de La Habana

Tres organizaciones de mujeres buscan que se incluya un tratamiento diferenciado para las víctimas de violencia sexual en lo que se negocia entre el Gobierno y las Farc en Cuba.

Bajo la premisa de que un país que transita hacia la reconciliación no puede olvidar que tiene que erradicar la violencia en contra de las mujeres y que aquellos ultrajes que se cometieron en el marco del conflicto deben tener una respuesta en términos de justicia, tres organizaciones de mujeres se dieron a la tarea de construir los lineamientos básicos para lograr una paz sostenible, mediante la implementación de políticas y medidas justas para las víctimas de violencia sexual. Una labor consolidada en un documento que será presentado hoy y que contiene las cinco claves para un tratamiento diferenciado de este tipo de casos en los acuerdos sobre los derechos de las víctimas en el proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba).

La iniciativa surgió hace poco más de un año, cuando la Corporación Sisma Mujer, la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y en sus inicios la Campaña No es Hora de Callar, se unieron en una misma plataforma para crear el proyecto a través de un juicioso seguimiento al proceso de paz. De hecho, en agosto de 2015 hicieron parte del grupo de 10 representantes de organizaciones de mujeres y centros de investigación sobre la violencia sexual y de género que viajaron a La Habana —a petición de la Subcomisión de Género— para entregar recomendaciones con el objetivo de brindar insumos para robustecer el acuerdo del punto sobre las víctimas, pactado cuatro meses después. Algunas de sus preocupaciones fueron escuchadas y quedaron incluidas.

La propuesta que plantean hoy recoge ese trabajo y el que realizaron en los últimos meses de cara a integrar dichos planteamientos en las discusiones de La Habana, planteando cinco ejes de debate claros: cese de hostilidades, derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación y garantías de no repetición. “Las sociedades igualitarias con las mujeres y las niñas son más capaces de vivir en paz. En consecuencia, la erradicación de las violencias en su contra, entre ellas la sexual, debe estar en el centro de las decisiones de la justicia transicional, desde un enfoque diferenciado. La violencia sexual es una expresión de la discriminación de género hacia las mujeres y las niñas, un continuo en sus vidas, que precede al conflicto, se exacerba en este y va más allá de la firma de acuerdos de paz, pues en situaciones de posacuerdo tiende a aumentar”, señala el documento.

En materia de cese de hostilidades, por ejemplo, la propuesta llama la atención sobre la necesidad de que el desescalamiento del conflicto se vea reflejado también en la erradicación de la violencia sexual, como garantía para que, en el tránsito hacia la paz, los derechos de las mujeres tengan plena vigencia. “Un cese unilateral es algo que celebramos y consideramos como un primer paso hacia la adopción del cese bilateral y definitivo. Sin embargo, teniendo en cuenta que en territorios donde han disminuido los enfrentamientos entre las partes ha aumentado la violencia sexual contra las mujeres, tanto el Gobierno como las Farc deben emprender acciones para que la disminución de las confrontaciones sea directamente proporcional a la reducción de los riesgos de seguridad para las mujeres que habitan los territorios con mayor conflictividad”, reza la proposición.

Respecto al derecho a la verdad, las organizaciones plantean la creación de una “comisión oficial de la verdad histórica sobre la violencia sexual contra las mujeres y las niñas”, perpetrada por todos los actores armados, incluida la Fuerza Pública, para que —a través de audiencias territoriales y confidenciales— se logre reconstruir un relato preciso sobre los hechos ocurridos y se formulen recomendaciones en aras de evitar su repetición. Otro punto clave es el relacionado con el derecho a la justicia y el tratamiento diferenciado de la violencia sexual con respecto a los restantes delitos. “La violencia sexual no es ni puede entenderse como una conducta conexa al delito político y, por ende, no es posible aplicar amnistías ni indultos de iure o de facto. Por otro lado, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas tampoco puede valorarse como un acto cometido con ocasión del servicio de la Fuerza Pública y, por ello, no puede ser investigado por la Jurisdicción Penal Militar”, argumentan las organizaciones.

Sumado a eso vienen las medidas de reparación y garantías de no repetición que, aseguran, es necesario que estén amarradas a las políticas de desarrollo. En ese sentido, la idea planteada en el documento es que se pueda implementar un programa especial para mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia sexual que garantice la efectiva reparación del daño causado y la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas.

Hechas las sugerencias, el camino a seguir está marcado por lo que se viene tras la firma del acuerdo definitivo entre Gobierno y Farc. “Hay tres escenarios que están pendientes y que son muy importantes. El primero de ellos es el tema de implementación de lo pactado y nosotras tenemos que vigilar que las leyes, normas y mecanismos que se vayan a utilizar en el posconflicto protejan los derechos de las mujeres y busquen la erradicación de la violencia”, asegura Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas.

El segundo escenario es el relacionado con la comisión internacional que se encargará del proceso de verificación de dejación de armas y concentración por parte de las Farc. De acuerdo con Benjumea, de no existir una vigilancia adecuada, las mujeres que habitan los territorios en donde permanecerán las tropas guerrilleras pueden correr muchos riesgos. “Esos son muchos hombres armados en territorios muy pequeños (...) es un momento muy importante y tenemos que estar presentes porque en ellos hay mujeres y niñas en situaciones de pobreza y abandono y los riesgos de explotación sexual y violencia son altos”, refiere.

Finalmente, un punto clave: la refrendación. A su juicio, el país debería votar por el sí a los acuerdos de La Habana y por tanto es más que necesaria realizar una campaña para que las mujeres conozcan lo pactado en la mesa de diálogos de La Habana y puedan comprometerse de forma real y efectiva con la paz. “Estamos atentas a que no haya violencia contra las mujeres en tiempos de conflicto y mucho menos en tiempos de paz”, concluye Benjumea.

*@marcelaosorio24