Partidos políticos, expertos y ONG trabajarán en la propuesta

Abriendo camino para la reforma electoral

Gobierno y Farc resolvieron en La Habana puntos pendientes del acuerdo sobre participación política, relacionados con el estatuto para la oposición y los cambios al régimen y la organización electoral.

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Los jefes de los equipos negociadores de Farc y Gobierno, Iván Márquez y Humberto De La Calle.
/EFE

Varias dudas habían quedado en el aire desde noviembre de 2013, cuando los equipos negociadores de Gobierno y Farc anunciaron en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba) que habían alcanzado un acuerdo sobre el punto 2 de la agenda general, referente al tema de participación política.

Si bien en el texto revelado entonces estaban delineadas las bases para robustecer la democracia a través de la apertura de espacios que dieran cabida a nuevas expresiones políticas, la creación de circunscripciones especiales de paz para alentar la participación política en las regiones más golpeadas por el conflicto, o el establecimiento de garantías para la oposición con revisión integral de la organización y el régimen electoral, hubo aspectos en los que no lograron consenso y que resultaban vitales para poner en marcha lo pactado.

De ahí la trascendencia del anuncio hecho ayer por las Farc y el Gobierno, quienes, tras concluir la revisión de los puntos pendientes, dieron a conocer la hoja de ruta que permitirá, con tiempos establecidos, avanzar en tres frentes claros: reforma del régimen electoral y su organización, garantías para el ejercicio de la oposición y promoción de la participación ciudadana.
Se trata de temas cruciales que han sido motivo de debate en varios escenarios y sobre los que deben avanzar con determinación, sobre todo si se tiene en cuenta que, tras el acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo alcanzado el pasado 23 de junio, es poco el camino que falta por andar para que se dé la firma final.

Por eso se requieren reformas, empezando por la organización electoral. Tal como quedó establecido en el documento de 2013, tras la firma de un acuerdo final se creará una misión electoral especial que tendrá como objetivo la revisión integral de la organización y el régimen electoral, con miras a fortalecer la democracia y a adoptar las medidas que aseguren la transparencia en los procesos electorales, en especial en las zonas con riesgo de fraude.

Lo que no quedó claro entonces fue cómo y quiénes van a asumir dicha misión. Una duda que fue despejada ayer. Las partes decidieron que la misión estará conformada por siete expertos, en su mayoría de nacionalidad colombiana: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y seis expertos seleccionados por el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

El grupo deberá entregar el documento, con recomendaciones, seis meses después de la firma del acuerdo final, de tal forma que el Gobierno pueda hacer los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios, de cara a una mayor autonomía e independencia de la organización electoral.

Respecto a las garantías para el ejercicio de la oposición, los anuncios fueron varios. No sólo se determinó adelantar la solicitud de convocar a los partidos y movimientos políticos para integrar la Comisión que defina los lineamientos del Estatuto de la Oposición, cuya creación fue pactada en el acuerdo de 2013, sino además integrar a dicha Comisión a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a expertos delegados por la Mesa de Negociación.

La tarea de la Comisión será recibir los insumos y propuestas de diferentes sectores para poder entregar al Gobierno, en el menor tiempo posible y luego de la firma del acuerdo final, un documento con recomendaciones. Dicho texto servirá de base para la elaboración de un proyecto de ley, que se desarrollará con el acompañamiento de delegados de la citada Comisión, de partidos y de movimientos políticos.

Finalmente, las partes anunciaron que solicitarán al Consejo Nacional de Participación que, con apoyo del Foro Nacional por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP, organice un espacio de carácter nacional, con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos del país, para discutir los parámetros de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana. Según lo acordado, las organizaciones mencionadas deberán entregar en dos semanas una propuesta de representación equilibrada y pluralista.

Es claro que lo acordado ayer en La Habana constituye un avance importante para la implementación de los acuerdos; sin embargo, persisten dudas sobre otros temas fundamentales en el mismo punto de participación política. Queda por definir, por ejemplo, cuántas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz habrá, cuál será el número de curules para las mismas en la Cámara de Representantes y durante cuántos periodos electorales funcionarán.