Primera parte

¿Qué dijeron los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas?

Cada miembro de este órgano creado por la mesa de negociaciones de La Habana tenía como mandato entregar su visión acerca del origen del conflicto. Entregaron sus informes el 15 de febrero de 2015.

Por considerarlo de interés reproducimos un resumen de los ensayos que presentaron los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En esta primera parte, Sergio de Zubiría, Gustavo Duncán, Jairo Estrada Álvarez, Diego Fajardo, Javier Giraldo, S.J. y Jorge Giraldo.

Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano

Por Sergio de Zubiría

Este ensayo comparte el enfoque de múltiples causas sistémicas que han desencadenado el conflicto y posibilitado su persistencia.  El autor parte de cuatro causas estructurales, que ya desde 1978 identifica Paul Oquist: causas políticas; causas socioeconómicas; causas institucionales; causas psicológicas, culturales y raciales. Resalta que, en 2003, el Informe PNUD destaca como factores desencadenantes: la ausencia de  solución al problema agrario; el fracaso del Estado en la prevención y resolución de conflictos; la retirada del Estado, que trae problemas sociales en la regulación de la vida, el uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; y, el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto. El Informe se centra en causas políticas y culturales. Insiste en el peculiar y violento del proceso de construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto. Destaca los límites del poder político, de las estructuras de participación política, de los partidos y la persecución a los proyectos políticos alternativos. Realiza una lectura crítica del carácter y actitud frente a las reformas sociales de los sectores dirigentes en Colombia. Cuestiona las concepciones y prácticas de la modernización capitalista. Incita a desenmascarar e investigar la consolidación de una cultura política contra-insurgente, el afianzamiento de los discursos amigos-enemigos y la inflación del miedo y la seguridad, como factores culturales que potencian el conflicto. 

Ubica sus orígenes en la década del treinta del siglo XX, estableciendo un periodo entre 1929/30 y 1957/58, como la protogénesis del conflicto colombiano. En esta etapa se deciden aspectos centrales de nuestra historia: el modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, el sentido moderno de la política y la cultura, los rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales. Las múltiples causas y la persistencia del conflicto han tenido impactos cuantitativos y cualitativos en la población. Cada vez afecta más dimensiones de la totalidad social y la intensidad de sus manifestaciones se han ido incrementando. Al lado de los procesos de victimización, se han presentado efectos como: instauración de la violencia como representación de lo político y lo social, incremento del autoritarismo, degradación de los fundamentos morales de la acción política, crisis de legitimidad del sistema político y electoral, deslegitimación de la justicia y las fuerzas armadas, negación de la democracia social y política, eliminación de los proyectos políticos alternativos, etc.  La simplificación del conflicto exclusivamente a tipologías penales de victimización es ocultar o evadir la complejidad de nuestro conflicto. 

Exclusión, insurrección y crimen

Por Gustavo Duncan

Colombia es un país extremadamente excluyente. Basta una mirada desprevenida a los listados de desigualdad para darse cuenta que en cuanto a ingresos, tierras, servicios estatales y muchas otras estadísticas las brechas son enormes. No es extraño entonces que la exclusión haya sido una de las causas más citadas del conflicto. Pero la realidad es más compleja que eso. La desigualdad no necesariamente causa insubordinación, mucho menos una insubordinación violenta. No hay que ir a buscar otros casos, en la misma Colombia proliferan sociedades muy desiguales que han resistido el paso del tiempo con muy poca violencia. Se necesitaron entonces otras causas y otras variables para que en Colombia surgiera un conflicto armado.

Este ensayo se centra en la forma cómo la exclusión interactuó con una de esas otras variables, la criminalidad, y dio gran parte de la forma que adquirió el actual conflicto. El interés es en concreto por dos prácticas criminales de uso masivo en Colombia, el secuestro y el narcotráfico. Estas prácticas son importantes porque incidieron en tres atributos fundamentales del conflicto. En primer lugar, perfilaron gran parte de la estrategia de guerra tanto de la insurgencia como del paramilitarismo. Las partes tuvieron que organizar sus aparatos coercitivos y planear sus acciones en el conflicto para acceder a los recursos provenientes de la criminalidad. En segundo lugar, el narcotráfico permitió que una situación de guerra permanente en vez de destruir la economía se convirtiera en una medio de acceso a los mercados, sobre todo para comunidades periféricas con baja acumulación de capital.

Finalmente, los efectos no solo se remitieron a la guerra entre insurgencia y contrainsurgencia. También redefinieron las relaciones de poder entre el centro y la periferia. Dado que el estado central era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, las transacciones políticas entre el centro y la periferia estuvieron marcadas por el uso de las élites regionales, tanto legales como ilegales, de la violencia privada y el capital de las drogas como recursos legítimos para defenderse de la insurgencia. Sin embargo, estos recursos terminaron por convertirse en medios de acumulación de poder, bien fuera para controlar el gobierno de las sociedades regionales y/o para influir sobre la política nacional.

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada

Por Jairo Estrada Álvarez

Este informe propone una interpretación histórica del conflicto social y armado fundamentada en una tesis central: Contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y reproducción de ese orden social.

Tales condiciones son abordadas en el Informe aproximando un análisis de la tendencia del proceso de acumulación capitalista  y de las formas históricas de organización del poder y la dominación de clase desde la década de 1920 hasta la actualidad. Dicho análisis muestra que a lo largo del proceso histórico se han estructurado y activado múltiples dispositivos de preservación y de reproducción del poder y la dominación de clase, los cuales se han sustentado en la "combinación de las formas de lucha» por parte de lo que en el trabajo se caracteriza como un «bloque de poder contrainsurgente".

La apelación al recurso de la violencia y al uso de la fuerza armada para enfrentar la subversión general (sea ésta en el ámbito de la reivindicación y la reforma, o como propósito de cambio revolucionario) ha provocado que el conflicto político y social haya asumido también la expresión de la subversión armada en respuesta a tales disposiciones. Esa respuesta no ha sido sólo reactiva; también ha adquirido un carácter ofensivo dado que se ha buscado la superación del orden existente y se ha manifestado la voluntad de luchar hasta la muerte por ese propósito, como en el caso de las guerrillas revolucionarias. El Informe se ocupa de diversos aspectos que demuestran la naturaleza política y social de la rebelión armada; explora sus razones de existencia y persistencia;  y controvierte de manera particular las tesis que consideran que mutó hacia una empresa criminal orientada por la codicia o que degeneró en bandas terroristas.

Al ocuparse de los impactos del conflicto, sin dejar de lado sus dramáticas dimensiones y el horror causado por la guerra sobre el conjunto de la organización social, propone la tesis de que la violencia, cuando se considera en forma estructural y sistemática, se ha orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo popular, y de manera principal contra las proyectos que han representado una amenaza frente al orden social vigente. Ahí se encuentra la médula de los procesos de victimización. Las responsabilidades por los impactos del conflicto, aunque son múltiples, desiguales y diferenciadas, se le imputan al sistema imperante y particularmente al Estado, dado que en él se condensa el poder de clase y la organización de las relaciones que predominan en la sociedad.

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana

Por Darío Fajardo

Las manifestaciones más reconocidas de la violencia ocurridas a comienzos de la segunda mitad del decenio de 1940 luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán tuvieron antecedentes en episodios de violencia estatal en contra de comunidades indígenas, campesinos y trabajadores en las décadas de 1920 y1930. A comienzos del decenio de 1920 tomaron fuerza las exportaciones de café, petróleo y banano, circunstancias que ampliaron la demanda de mano de obra y alimentos, lo cual generó tensiones con el orden económico y social, sustentado en la gran propiedad. La insuficiencia de estas economías para atender las necesidades del crecimiento económico dio paso a propuestas de reformas económicas y sociales para adecuarlas al desarrollo capitalista, referidas en particular al reparto agrario como base para la construcción y ampliación del mercado interno y la formación de clases medias rurales. Estas expectativas, alimentadas por los efectos de la crisis mundial de 1929 condujeron a la sustitución del gobierno conservador. Sin embargo, la predominancia política de las fuerzas sustentadas en el control de la tierra y su fuerte ascendiente político, ideológico y religioso sobre la población hizo que buena parte de los intentos de transformar el ordenamiento de la sociedad y el régimen de propiedad agraria resultaron frustrados, circunstancia que vino a coincidir con la recomposición económica y política planetaria luego de terminada la segunda guerra mundial. Luego de este conflicto Colombia fue profundamente absorbida dentro de la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos, bajo las orientaciones de la doctrina de seguridad nacional. Su aplicación desde los inicios del Frente Nacional ante las expresiones de resistencia campesina a las condiciones de expropiación y concentración de la propiedad y de exclusión política constitutivas de este sistema político condujo el agravamiento del conflicto social armado.  La concentración de la propiedad agraria y el limitado desarrollo económico asociado a ella facilitaron la vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico con una oferta altamente competitiva. Al mismo tiempo, los cambios del comercio internacional han conducido a la destrucción de la producción alimentaria y a la reprimarización de la economía en medio de una guerra. Como resultados se han producido el agigantamiento de una extensa oferta de mano de obra, sujeta al desmantelamiento de las organizaciones sindicales y el empobrecimiento sostenido de los sectores mayoritarios del país.

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos

Por Javier Giraldo, S.J.

Este aporte quiso partir de una comprensión del conflicto dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión, suponiendo que la relación entre los ciudadanos y el Estado hay que entenderla como la de socios de una empresa común que tiene como objetivos esenciales la satisfacción de dos bloques de necesidades para todos los asociados: las necesidades biológicas (alimentación, vivienda, trabajo/ingreso, salud y educación) y las necesidades de convivencia (información, participación y protección). La no utilización prioritaria de los recursos que maneja el Estado para estos fines, deteriora progresivamente los vínculos entre ciudadanos o franjas de ciudadanos y Estado, hasta llegar, si las falencias son dramáticas, a disolver los vínculos entre los ciudadanos y el Estado y legitimar progresivamente el derecho a la rebelión, contemplado como último derecho remedial en la tradición jurídica universal y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y claramente diferenciable del “terrorismo” en numerosos documentos de la ONU.

Sobre la base anterior, se explora en la historia reciente de Colombia la situación de necesidades básicas de la inmensa mayoría de los colombianos. Teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está relacionado con tres necesidades básicas: alimentación, vivienda y trabajo/ingreso, se hace un recuento histórico del conflicto alrededor de la tierra como el mayor detonante  del conflicto social y armado en Colombia, recurriendo a conceptos de connotados analistas y a estadísticas de las mismas instituciones estatales, así como a los documentos fundantes de las organizaciones insurgentes. También se hace una exploración de la situación de las demás necesidades biológicas, como empleo, vivienda, alimentación y salud, cuya no satisfacción para capas enormes de población es un factor persistente del conflicto.

Se explora luego el campo de las necesidades de convivencia, campo en el cual se revelan características de la configuración histórica del Estado en Colombia que no se compadecen con los parámetros esenciales de una democracia. Más dramática aún es la carencia de justicia, debido, no sólo a la escandalosa impunidad reinante sino a la dramática corrupción interna del aparato judicial. Finalmente se muestra cómo la fuerza pública, bajo directrices de los gobiernos de Estados Unidos, se inscribió en el modelo de “seguridad nacional” adoptando, desde mediados del siglo XX, la doctrina del “enemigo interno, para lo cual ha tenido que violar en forma sistemática los más elementales derechos humanos, vinculando además a grandes capas de la población civil a la guerra mediante estructuras paramilitares (desde 1962) que representan un brazo clandestino del Estado, irresponsable de su barbarie pero protegido por las estructuras militares y judiciales.

Política y guerra sin compasión

Por Jorge Giraldo

Durante las últimas tres décadas Colombia ha vivido una guerra civil larga, compleja, discontinua y, ante todo, política. La guerra también ha sido atroz: asoló gran parte del territorio nacional –en especial, Antioquia, Meta y el Suroccidente–, convirtió al 10% de la población civil en víctimas directas, y afectó seriamente las libertades civiles y los indicadores democráticos y de desarrollo humano.

No hubo ninguna característica que pueda llamarse «estructural» u «objetiva» que determinara fatalmente la ocurrencia de la guerra. En Colombia la guerra se inició por la voluntad de grupos revolucionarios que desafiaron mediante las armas al gobierno y a la sociedad, y que fueron imitados después por los narcotraficantes.

La guerra se mantuvo y acrecentó de manera inusitada. Las "estructuras de oportunidad" que explican esta persistencia incluyeron factores como: la debilidad del Estado, la dificultad de las élites para lograr acuerdos para superarla y la ineficiencia de varios gobiernos para identificar y actuar en coyunturas críticas; dos de las mayores crisis políticas de la historia del país generadas por los carteles de la droga, y estimuladas por el alto grado de corrupción de la clase política; el carácter predatorio de todas las organizaciones armadas, insensibles a la opinión y el sufrimiento de la población; el narcotráfico que sirvió de fuente de financiación de los aparatos armados, las condiciones sociales en el campo que posibilitaron el ingreso de algunos colombianos a los ejércitos privados y el reclutamiento forzado; las múltiples contiendas que, además del conflicto entre Estado e insurgencia, abarcó enfrentamientos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y entre cada uno de ellos; el uso de las negociaciones por parte de la insurgencia como táctica para escalar la guerra.

Este ensayo enfatiza en las responsabilidades política y moral de los protagonistas directos de esta historia y subraya que cualquier acuerdo para la terminación de la guerra será más sólido mientras mejor trate de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva y mientras más respeto guarde por los que han sufrido.

*Oficina del Alto Comisionado para la Paz