Lo que debe saber del punto 4: drogas ilícitas

Estos son los principales aspectos de espe punto acordado en La Habana el 16 de mayo de 2014. 

Si bien el conflicto antecede el problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema, o al menos su expresión territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, así como la amenaza de las redes territoriales de crimen organizado dedicadas al narcotráfico.

El fin del conflicto además representa una oportunidad para diferenciar la solución: abordar el problema de los cultivos como un asunto de desarrollo rural y el del consumo como un asuntos de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, y ser contundentes con uno de los mayores retos de seguridad que será el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus expresiones territoriales.

Para resolver el problema no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Es necesario reconocer que hay que transformar las condiciones de “pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Es decir, es necesario poner a la gente y a los territorios en el centro de la solución.

¿A qué se comprometen las dos partes?

Ambos, Gobierno Nacional y FARC, manifestaron “su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”.

El Gobierno Nacional asumió el compromiso de “poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública”.

Por su parte, las FARC se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Esta es una garantía de enorme importancia para la sociedad y un paso concreto de las FARC hacia la paz.

Esta solución a la que se comprometen las partes tiene tres pilares:

El primer pilar es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y a generar las condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y, sobre todo, que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal.

No se trata simplemente de “erradicar las matas de coca”. Se trata de trabajar con las comunidades en los territorios para resolver el problema de los cultivos, a partir de la voluntad de quienes están directamente vinculados a esta actividad través de la suscripción de acuerdos de sustitución y no resiembra, donde no solo los cultivadores sino el Gobierno Nacional y Local adquieren compromisos, en una lógica de integración territorial e inclusión social.

Para esto, se creará un nuevo “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo” en cabeza de la Presidencia, que será un capítulo especial de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral acordada en el punto 1.

El objetivo de este programa es resolver el problema de los cultivos mediante la sustitución voluntaria de los cultivos con la participación efectiva de las comunidades, el despliegue de medidas para una solución oportuna y pertinente en los Parques Nacionales Naturales y zonas apartadas y con baja concentración de población.

En resumen: la aspiración del programa es que toda la sustitución sea voluntaria. En los casos donde los cultivadores no quieran participar o incumplan los compromisos, la erradicación será manual donde sea posible.

En el fondo, el alcance del programa es mucho mayor que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Se trata de integrar esos territorios y esas poblaciones a la dinámica de desarrollo nacional, de garantizar sus derechos –no sólo de los cultivadores, sino de todos quienes habitan en esas zonas– y de superar las desconfianzas históricas en esos territorios entre autoridades y comunidades.

El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública.

Dentro de la nueva visión, hay que separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizada y desarrollar más bien una política nacional frente al consumo de drogas.

Para esto, se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, promover capacidades locales frente al problema del consumo y a articular la acción del estado en la materia y la generación de conocimiento de este fenómeno.

Se trata de articular un gran esfuerzo en todo el territorio nacional de la mano de autoridades y de los ciudadanos para darle un tratamiento más sensato, más efectivo y más respetuoso de derechos al consumo.

Por otro lado, y siendo coherentes con el abordaje de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos que se dará al problema del consumo de drogas ilícitas, se pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

El tercer pilar es combatir el narcotráfico.

Pocos problemas le han causado tanto daño y tanto dolor al país como el narcotráfico.

Para ello, el Gobierno concentrará todos sus esfuerzos en combatir el crimen organizado asociado a este fenómeno especial sus manifestaciones territoriales, uno de los grandes retos en materia de seguridad que deberá enfrentar el Estado una vez se ponga fin al conflicto armado, para garantizar las condiciones de seguridad en los territorios para garantizar la implementación de los Acuerdos de La Habana.

Para ello, acordamos, entre otros, la puesta en marcha de una nueva estrategia de política criminal que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional y que permita un uso mas eficientes de los recursos judiciales (concentrarse y ser contundentes con los eslabones mas fuertes de la cadena del narcotráfico, considerando un tratamiento diferente a consumidores y cultivadores).

Una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico y la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. Asimismo incluye controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas. También una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Colombia ha dado pasos enormes en la desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico. La clave ahora está en lograr ese mismo efecto en el nivel territorial, desmantelando las mafias enquistadas en las regiones que ponen en riesgo la construcción de la paz.

*Oficina del Alto Coisionado Para la Paz