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La figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), creada en 1994, va a paso lento a pesar de sus 24 años. Tan solo siete ZRC en todo el país están reconocidas y otras seis están en proceso de constitución. Fueron creadas precisamente para fomentar y estabilizar la economía rural y ayudar a superar los conflictos sociales en el campo. Pero a pesar de que hay organizaciones campesinas que sí se quieren conformar como ZRC, el reconocimiento del Estado es torpe y burocrático, a pesar de que esta figura ayudaría a dinamizar el campo y preservar la biodiversidad.
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Actualmente hay 64 zonas que están funcionando en el territorio sin ayuda estatal (13 ya reconocidas o en trámite, 12 que están proyectadas con delimitación de hectáreas y 39 proyectadas sin delimitación). Algunas de sus funciones, que quedaron definidas en el decreto 1777 de 1996, son servir como zonas de amortiguación para el Sistema de Parques Nacionales Naturales, con proyectos productivos sostenibles con el medio ambiente y, controlar la expansión de la frontera agropecuaria y de proyectos extractivistas en el país.
“Se puede hacer un manejo de conservación del medio ambiente aprovechando que ya existen unos arreglos sociales en torno al territorio. No hay que partir de ceros, existen unas comunidades que hay que respaldar y llevarlas a que cumplan los objetivos de conservación”, resalta Wilmer Marín, del programa Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad, del Instituto Alexander von Humboldt.
Para Marín, si bien se percibe como antagónica la presencia de gente en áreas de conservación, lo cierto, según la experiencia que ha visto en las ZRC, es que hay personas viviendo en estos territorios desde hace mucho tiempo, que los conocen y saben cuál es la mejor manera de preservarlos. Y que además se están organizando para que sus territorios sean sostenibles económica y ecológicamente.
El Humboldt comenzó en 2015 con la identificación de gobernanzas locales en zonas protegidas o de importante interés biológico en el país. Levantaron información de resguardos indígenas, comunidades negras y ZRC que tenían que ver con el cuidado de los páramos. “Ahí nos dimos cuenta de los procesos organizativos que había, pero que las instituciones no los tenían identificados o no los reconocían, así que vimos la necesidad de ahondar en sus dinámicas”, dice Alejandra Osejo, también integrante del programa Ciencias Sociales del Instituto.
Había un vacío de información oficial en cuanto al estado, la localización y el trabajo de las Zonas de Reserva Campesina. Incluso, notaron que el extinto Incoder no había reconocido organizaciones campesinas que estaban empezando a constituirse como ZRC y que al sol de hoy continúan varadas en este proceso.
Después de reunirse en varias ocasiones con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), se aliaron para comenzar una caracterización ambiental de las zonas constituidas y por constituir. Así, la importancia que tienen estas zonas desde lo ambiental quedó plasmada en un trabajo de cartografía social que comenzó en septiembre de 2017.
En este mapa se puede observar la presencia de 64 ZRC en sistemas de páramos, bosque seco tropical, Parques Nacionales Naturales y las coincidencias con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que surgió a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.
Por ejemplo, el 79 % del área de la ZRC de Sumapaz, en trámite de constitución, está en los páramos Sumapaz y Cruz Verde (Cundinamarca). Allí también está constituida la ZRC de Cabrera, con cerca de 17.000 hectáreas de traslape. La ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas también comparte el 40 % de sus hectáreas con los páramos del Parque Nacional Los Picachos en el Caquetá (vea infografías).
En el caso del bosque seco tropical, reducido al 8 % de las 9’000.000 de hectáreas que cubrían Colombia por actividades como la minería, la ganadería y la deforestación, hay una ZRC constituida (la de Arenal Morales) en el departamento de Bolívar. Y cuatro zonas más que están en trámite tienen cercanía con este ecosistema en los departamentos de Cesar y Norte de Santander.
Con respecto al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Osejo asegura que, si bien la ley no permite que una ZRC se pueda constituir en su interior, “la idea misma que tienen ellos de cerrar la frontera agropecuaria y estabilizar la economía sí les da la potencialidad para constituirse como zonas amortiguadoras. Pueden ser sus guardianes”.
Hay 13 Zonas de Reserva Campesina que son aledañas a parques como el de la Sierra de la Macarena, Puracé, Serranía de los Churumbelos o Las Hermosas. De estas, solo tres están constituidas, seis en trámite y cuatro hasta ahora van a comenzar el proceso de constitución.
Según Anzorc y el Humboldt, en esas áreas de ecosistemas ya hay unas oportunidades de manejo concertado con las comunidades, a partir de los instrumentos de manejo que tienen definidas en cada ZRC.
La “línea amarilla”
En la Zona de Reserva Campesina valle del río Cimitarra, constituida en el 2002, al sur de la Serranía de San Lucas (Bolívar), se estableció, a principios de los años 90, un acuerdo entre las comunidades de la zona con el Eln y las Farc para evitar la deforestación y respetar ese territorio.
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En su momento se delimitó el área que se quería conservar pintando una serie de árboles con una línea de pintura amarilla. “Hubo una comisión de más o menos 15 campesinos que iban pintando las 70.000 hectáreas. Esa parte es intocable para todos los actores de la zona actualmente, porque protege el bosque húmedo montañoso, sus recursos hídricos, sus plantas y animales como el jaguar”, relata Visnu Posada, ingeniero ambiental e integrante de Anzorc.
“De la delimitación que se hizo este año están en preservación aproximadamente 55.000 hectáreas de las 70.000 iniciales. La intención de la ZRC es que ese pacto, ahora sin las insurgencias, que eran quienes lo hacían cumplir, se reedite para que las comunidades hagan ese control. Incluso, esa área ya hace parte de la ruta declaratoria para que sea un área protegida de carácter nacional”, agrega.
Otro ejemplo de pactos comunitarios para la preservación ambiental está ocurriendo en la ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas. Debido a la realinderación del Parque Los Picachos salieron 250 familias, pero las 25 que quedaron acordaron realizar una reforma agraria para cerrar la frontera agropecuaria de un lado y desarrollar todas sus actividades económicas al otro, y ha funcionado en armonía. “Allí hay un acuerdo escrito, donde la gente escribe cuánto se tala y cuánto se caza. Hacen aportes voluntarios para mantener las vías, a partir de arreglos locales, y con eso no tienen necesidad de ampliar de nuevo esta frontera”, señala Sammy Sánchez, del equipo técnico de la zonificación ambiental de Anzorc.
Algo parecido ocurre en la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, en Cundinamarca, donde sus habitantes realizaron una consulta popular que prohibió los proyectos mineros en el complejo de páramos Sumapaz y Cruz Verde.
Las ZRC en el posconflicto
Para Visnu Posada, el caso del valle del río Cimitarra sirve de evidencia de que los pactos con las Farc funcionaban para proteger el medio ambiente: “Ellos los hacían respetar, definían el número de hectáreas que se podían deforestar o que se abrieran fincas que no superaran las 200 hectáreas”.
Ahora, según él, con su desarme y salida de estos territorios, han llegado nuevos actores armados que no tienen interés en mantener el pacto sino más bien aprovechar los recursos naturales que hay allí, para aumentar la siembra de cultivos de coca o hacer minería ilegal.
Por otro lado, proyectos como el de cartografía social que realizó el Humboldt con Anzorc han tenido una respuesta positiva después de la firma del Acuerdo final con las Farc. Alejandra Osejo manifiesta que sí han tenido retroalimentación de este proyecto por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Como este fue un programa que surgió a partir del punto 1 del acuerdo, sobre reforma rural integral, y que pretende crear las condiciones para mejorar el campo en 16 subregiones del país (las más golpeadas por el conflicto armado) con las Zonas de Reserva Campesina con las que coinciden se pueden reunir esfuerzos para trabajar sobre lo ya construido por los campesinos que pertenecen a esta figura.
Por esto, el llamado del Instituto Humboldt al Ministerio de Ambiente, al de Agricultura y al Gobierno en general es que reconozcan los procesos organizativos de las ZRC que, aunque no están en el papel, están en el territorio ya conformadas.
Que los escuchen y atiendan sus propuestas para dinamizar el campo y proteger el medio ambiente, mediante un manejo colectivo y concertado del territorio.
Para Wilmer Marín, como bien lo decía al comienzo, las ZRC son valiosas oportunidades para gestionar la biodiversidad, porque ya han adelantado gran parte del camino en zonas de especial importancia ambiental, como los páramos o los Parques Nacionales Naturales.
Según Osejo, el Estado podría identificar y reconocer estos procesos gracias a este mapa y saber cuál es la mejor manera de invertir los recursos a partir de la concertación con los planes de desarrollo sostenible que cada ZRC debe formular para constituirse.
Desde Anzorc, Visnu y Sammy Sánchez celebran este proyecto porque les ha permitido organizar su propia información de comunidades establecidas en la complejidad del territorio colombiano y cómo están en términos ambientales y económicos.
También les permite dejar de ser invisibles y poco a poco tener el respaldo no solo de la cooperación internacional sino del Estado, que esperan que pronto vuelva a dinamizar una figura que ha dejado a un lado durante 24 años.