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En un año, Teresita Gaviria cumple ya dos décadas de haber iniciado una búsqueda imparable: la de su hijo Cristian Camilo Quiroz, desaparecido por las Autodefensas del Magdalena Medio el 19 de marzo de 1998, cuando tenía tan sólo 15 años. Su tragedia no es diferente a la de miles de madres colombianas que perdieron a sus hijos en medio de un conflicto armado del que nunca quisieron ser parte y por eso decidió convertir su dolor en el motor para trabajar por las víctimas de desaparición forzada a través de la Asociación Madres de la Candelaria.
A pesar de sus múltiples esfuerzos y del trabajo de años, hoy Teresita no tiene una sola pista de la suerte que corrió su hijo. Quizá por eso el pasado 5 de abril celebró con llanto y emoción la firma por parte del presidente Juan Manuel Santos de los decretos presidenciales que les dieron vida a dos de las principales herramientas creadas en el Acuerdo Final de Paz: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ambas de carácter extrajudicial.
Se trata de los dos primeros componentes que se reglamentan de todos los que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición aprobado por el Congreso la semana pasada. Además, el jefe de Estado también dio vida jurídica al comité seleccionador (integrado por un delegado del secretario general de la ONU, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Centro Internacional de Justicia Transicional, de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado), que además de escoger a los miembros de dicha comisión y al director de la unidad especial, también elegirá a los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Un paso determinante en el camino de reparación a las víctimas del conflicto armado que, como lo han señalado en repetidas ocasiones desde el Gobierno y desde las Farc, fueron desde el principio el eje central del acuerdo pactado por las partes en La Habana.
“Nosotras, las víctimas de desaparición forzada, no tenemos una tumba donde llorar a nuestros hijos y a nuestros familiares, pero hay personas que se están dando la pelea por conseguir lo que hoy estamos celebrando (...). Vamos a ir a escarbar, a buscar dónde están las víctimas, estamos listas para trabajar, para salir a buscar a nuestros muchachos a cualquier parte de este país”, aseguró Teresita Gaviria durante el acto oficial de firma de los decretos que se realizó este miércoles en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al que asistieron representantes de las víctimas, del Gobierno, de la sociedad civil y de las Farc.
Como quedó consignado en el Acuerdo Final de Paz, la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas será la encargada de diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de búsqueda, contrastando y analizando información proveniente de distintas fuentes y fortaleciendo los procesos de identificación de restos en coordinación con Medicina Legal. Por su parte, la Comisión tendrá por objetivo contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado y contribuir al reconocimiento de la responsabilidad de quienes participaron en él directa o indirectamente.
“Las víctimas quieren saber qué pasó, cómo, cuándo, dónde y por qué, y todos les debemos esa respuesta. Hoy estamos por fin listos para construir y entregar esa verdad”, manifestó el presidente Santos, quien explicó que la Comisión de Esclarecimiento ofrecerá claridades en temas claves: las violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, el impacto desproporcionado que tuvo el conflicto en diferentes poblaciones, el efecto devastador del conflicto sobre la democracia y las instituciones, y las dinámicas del conflicto en toda su complejidad.
Y las víctimas esperan que la verdad provenga de todos los actores del conflicto, como lo aseguró Alejandra Gaviria, hija del asesinado líder de la Unión Patriótica, Francisco Gaviria, para quien es necesario que exista una promesa clara de que lo que sucedió con la UP no ocurrirá con los miembros de las Farc que decidan hacer política sin armas. Por eso, sostuvo, el compromiso del Gobierno debe ser con todas las víctimas: “Y debe haber un compromiso de ustedes, señores militares, se deben desclasificar los archivos militares para tener una versión completa de la verdad”.
Una propuesta que fue retomada por el jefe de la delegación de paz de las Farc, Iván Márquez, quien al leer un comunicado sostuvo que “la apertura plena de archivos estatales para el esclarecimiento de la verdad histórica es condición ineludible de la transparencia que requiere la reconciliación”. Sin embargo, para el Gobierno la opción no es tan clara. El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que la premisa es ceñirse a lo pactado en La Habana. “No creo que sea una buena manera de ponerlo, como quedó en el acuerdo y quedó en el decreto está bien. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley, que en temas de transparencia exige que para violaciones de derechos humanos no se interpongan reservas y se facilite la información. No se trata de señalar, todo el mundo tiene que contribuir con información”.
Jaramillo explicó, además, que tras la firma de los decretos lo que viene es un proceso de preparación: “Lo que tiene que ocurrir ahora es que el comité que se creó ponga en marcha el proceso transparente tanto para la selección de los magistrados como para recibir las postulaciones que hagan diferentes organizaciones de personas para integrar la Comisión. Tiene máximo seis meses para hacer ese proceso, una vez estén esas personas, ahí sí se pone en marcha”.