Sustitución de cultivos: ¿una lucha que Colombia da sola?

Si bien las cifras que demuestran el aumento de los cultivos ilícitos le han valido críticas al Gobierno, el presidente Santos se mantiene en que la sustitución es una de las claves para erradicar de raíz los elementos que han perpetuado el conflicto.

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En Leyva (Nariño), campesinos se han acogido al programa de sustitución de cultivos ilícitos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Disminuir la consecución del acuerdo de paz con las Farc solo a la dejación de las armas es un error histórico. Limitar sus efectos a ese hecho, que, si bien era necesario y trascendental, termina por dejar a un lado, quizá, la verdadera naturaleza de un pacto construido durante más de cinco años y que hoy se ha convertido en un referente internacional. El acuerdo, según ha sostenido el Gobierno, no solo buscaba ponerle fin a un conflicto armado de más de medio siglo sino empezar a combatir las bases degradadas de una estructura social que ha sido la razón por la cual en Colombia luego de un conflicto se inicia otro. Precisamente, la ansiosa, aunque no sencilla, apuesta es reducir los elementos que han perpetuado inequidades y pobrezas que desencadenan la violencia.

Uno de esos elementos que se ubican de manera transversal en el conflicto armado es el narcotráfico y, como primer eslabón de la cadena, los cultivos de uso ilícitos. La reciente revelación de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca señala que en 2017 las hectáreas cultivadas de coca aumentaron en un 11 % con respecto a las cifras de 2016, esto es, en cifras, un incremento de 188.000 a 209.000 hectáreas. Por supuesto, las alarmas se encendieron, pues la información venía con un llamado de atención por parte del gobierno de los Estados Unidos, que instó al gobierno colombiano a tomar medidas urgentes para frenar los cultivos que habían llegado a números históricos.

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La respuesta del presidente Juan Manuel Santos a la revelación de la cifra fue certera. “Es una cuestión coyuntural”, dijo el mandatario, desde la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa. Seguidamente, señaló que lo realmente importante era que Colombia, por primera vez en la historia, contaba con un plan para combatir con mayor eficacia el flagelo y aprovechó el momento para atacar el enfoque que actualmente tiene la lucha contra las drogas a nivel mundial y de qué manera ha afectado esa situación al país: “Esta guerra contra las drogas no se ha ganado. Por el contrario, una guerra que no se gana en más de 45 años es porque se perdió”.

Santos se refería, específicamente, a todos los componentes que van unidos de la mano en la forma en la que Colombia ha empezado a combatir los cultivos de coca luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc. En ese asunto, el Gobierno Nacional ha pedido expresamente a la comunidad internacional que a Colombia se le dé una oportunidad en el camino que se ha escogido para que la eliminación de los cultivos de coca no solo sea un asunto represivo y de erradicación forzosa en las zonas en la que los campesinos subsisten con estas siembras, sino que se permita, a través de la sustitución de cultivos, la llegada del Estado a territorios que fueron históricamente abandonados y en los que se enquistó el narcotráfico y el conflicto. De alguna manera, la pretensión del Gobierno es ofrecer una solución integral a las familias que han decidido acogerse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

La postura del gobierno de Santos fue defendida con decisión por el vicepresidente Óscar Naranjo, en una entrevista reciente en Pregunta Yamid. Básicamente porque si bien el aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos no es una buena noticia para el país, para el vicepresidente no significa una cifra “catastrófica”, si se tiene en cuenta que Colombia tiene en la mano una “solución estructural y definitiva alrededor de la producción de drogas”. Naranjo basa sus argumentos, en la misma línea que lo hace Santos, en la imposibilidad del Estado de acabar con los cultivos de droga con la utilización de la fuerza, a pesar de que entre 1999 y 2015 se hubiese fumigado con glifosato un estimado de 1’500.000 hectáreas. La razón de esa imposibilidad, comenta Naranjo, es que el conflicto con las Farc “tenía condenados a, por lo menos, 130.000 familias a la siembra de arbustos ilícitos de coca”.

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En consecuencia, una de las bondades que permite hoy el acuerdo es llegar a esos territorios no solo con la represión sino con una propuesta económica y social para 127.000 familias que tenían el cultivo de coca como único medio de subsistencia, en medio de las presiones del conflicto. Las cifras que maneja el Gobierno indican que en los ocho años de Santos se erradicaron de manera forzosa unas 670.000 hectáreas (440.000 por aspersión aérea y más de 224.000 con erradicación manual), sin embargo, el fenómeno de la resiembra era el talón de Aquiles. “Estábamos en una bicicleta estática porque la respuesta de los campesinos sin una solución alternativa de cultivos era la resiembra. Eso es justamente lo que hay que romper”, comentó Naranjo. En pocas palabras, la confianza del Gobierno está puesta en la voluntad que ya han manifestado 127.000 familias en abandonar estos cultivos y que han firmado acuerdo colectivos e individuales que están siendo verificados por las Naciones Unidas en territorio, parcela por parcela.

Del otro lado del acuerdo está la FARC, que en la última semana señaló como culpable al Gobierno por no haberse alcanzado los objetivos trazados. Para el componente de la FARC en el PNIS, la falta de implementación de la Reforma Rural Integral (RRI), pactada en el acuerdo, es uno de los mayores obstáculos para lograr la disminución de los cultivos ilícitos. “Al gobierno nacional le ha faltado concentrar esfuerzos, disponer recursos e impulsar iniciativas productivas que permitan la sustitución de los ingresos de los cultivos de uso ilícito por economías legales alternativas y promisorias”, señaló la FARC. Esa es una verdad, pues, aunque ha habido avances en la implementación, a través del Congreso, todavía no se han tramitado proyectos que tiene que ver con el desarrollo del campo, como la adecuación de tierras, la implementación del sistema catastral multipropósito y, uno de los más importantes, el tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores, un proyecto considerado vital si se tiene en cuenta que los enemigos son los narcotraficantes y no los campesinos. Además, la FARC pone en la mesa un problema que ya se veía venir: la llegada de estructuras paramilitares al servicio del narcotráfico a los territorios que antes eran ocupados por las antiguas Farc y que no fueron controlados a tiempo por el Estado. Ello no solo ha sido un obstáculo para la sustitución, sino que ha convertido en objetivo militar a líderes sociales cercanos a la FARC y a defensores de derechos humanos.

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El gobierno de Santos termina el próximo 7 de agosto y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en un reciente informe analizó cuatro hipótesis sobre los factores que han contribuido al aumento de cultivos —y que publicó El Espectador—, también planteó los desafíos que le quedarán al gobierno de Iván Duque Márquez, pues la papa caliente de la erradicación y la sustitución le tocará a él y, sin duda, se prevé que hará cambios sustanciales en la política de erradicación. La mayoría de las recomendaciones de la organización van enfocadas, primero, a la continuación del programa de sustitución y, segundo, a velar para que el ingreso del Estado, en forma represiva, a las zonas en las que el área cultivada es tan grande como el abandono estatal, se haga con el enfoque de “no daño” para disminuir la afectación a las comunidades. La última recomendación, en pocas palabras, es un llamado a insistir en la línea de Santos para que el apoyo de la comunidad internacional no se enfoque solo en medidas de corto plazo, sino que haya un esfuerzo “colectivo, sostenible y enfocado en el bienestar de las poblaciones”.