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La foto: Rodrigo Pérez Alzate, quien fue conocido como Julián Bolívar, excomandante del Bloque Central Bolívar, la estructura más poderosa del paramilitarismo en el país, estrechándole la mano a Jairo Quintero, quien comandó el frente 25 de las Farc en la cuenca del río Cimitarra (Santander), en el Magdalena Medio. Los dos fueron enemigos a muerte en la guerra. A su lado, el padre Francisco de Roux, hoy presidente de la Comisión de la Verdad, y dos representantes de víctimas que padecieron en carne propia la sangrienta guerra entre los dos protagonistas del saludo. El mensaje fue claro: todos podemos dar el paso para reconciliarnos, dejar los odios atrás y trabajar por la construcción de la paz que merece vivir el país.
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“Quiero gradecer a Jairo Quintero, porque ellos pudieron haber golpeado lo que estábamos haciendo (con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) en la cuenca del río Cimitarra. Y agradecerle a Rodrigo Pérez que yo estoy vivo, porque no dejó que me matara otro de los jefes del Bloque Central Bolívar”, fueron las palabras del padre De Roux, quien en su discurso invitó a que todos los colombianos dejen de ser espectadores y se unan al proceso de construir una verdad que tenga la mirada de las víctimas de todos los lados del conflicto. “Esta debe ser la verdad de todas las víctimas, no sólo las campesinas, las indígenas o afrodescendientes, también las empresarias, las víctimas de las Farc y de sus familias, las víctimas del Ejército”, dijo De Roux.
“Hablar de la historia de los últimos 50 años seguramente va a ser una tarea en la que nos veremos involucrados muchos colombianos. La historia de esta confrontación debe escribirse para que nunca más vuelvan a repetirse estos hechos”, resaltó el hoy vocero del partido político de la FARC Jaime Quintero. A su vez, Rodrigo Pérez manifestó: “sé que hicimos muchísimo daño. Frustramos el proyecto y acabamos con la vida de muchos campesinos porque estábamos enceguecidos en la guerra. La guerra tiene una característica, que lo primero que uno pierde es la razón. Después de haber silenciado los fusiles, escuchamos las suplicas de esas comunidades”.
El momento histórico se vivió en el encuentro nacional de Colombia 2020, “La reincorporación y la reconciliación, dimensiones de la construcción de paz”, en el que empresarios, víctimas, actores del conflicto y autoridades nacionales e internacionales se dieron cita para hablar sin tapujos sobre los retos del proceso de paz. Para César González, quien fue en representación del Comité Cívico del Sur de Bolívar y estuvo al lado de los excomandantes en la foto, se trató de un mensaje claro de cómo debe Colombia trabajar en la reconciliación, pues lo primero es dejar atrás los odios y rencores, pero sin olvidar lo sucedido.
“Esta imagen que hoy vemos significa mucho para el país, sobre todo para las regiones. Porque a través de las declaraciones en medios algunos sectores solo han creado cizaña, que va hacía los campesinos, la gente más pobre y humilde, quienes terminan peleando y discutiendo si están de un lado o el otro. Aquí tenemos a un excomandante de las Farc y a uno de las autodefensas estrechándose la mano. Nos invita a que en los territorios no tenemos porqué mirarnos feo el uno al otro, porque uno perteneció a un grupo o al otro. Nos están dando un ejemplo para que podamos trabajar para la construcción de paz que nos merecemos en el país”, señaló González.
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El saludo fue el preámbulo para conocer la historia de reconciliación que el Comité Cívico del Sur de Bolívar adelantó en sus territorios tras la desmovilización de los paramilitares. No sólo acogieron a los excombatientes que se quedaron en sus tierras, sino que los reincorporaron a la sociedad civil haciéndolos partícipes del diario vivir y ofreciéndoles trabajo. Y, además, era la primera vez que por fuera de un juzgado se encontraban con quien fue el amo y señor de la guerra en su territorio: Rodrigo Pérez Alzate.
Reconstruyendo Simití
Antes de la llegada de los grupos armados a Simití, en el sur del Bolívar, las comunidades tenían sus juntas de Acción Comunal y vivían articuladas, entre lo poco o nada que daba el Estado. Pero eso se perdió con la violencia. En el municipio operaban las guerrillas de las Farc y del Eln, y luego, en 1998, ingresaron los paramilitares, específicamente el Bloque Central Bolívar de Rodrigo Pérez Alzate. La comunidad, entonces, quedó en la mitad de la guerra.
Rodrigo Pérez ubicó su centro de operaciones en el corregimiento de San Blas y un puesto de mando en el corregimiento de Monterrey. Desde ahí operaban los paramilitares y la comunidad convivía con ellos. En dos corregimientos vecinos, El Paraíso y San Joaquín, la gente vivía bajo el yugo de las guerrillas. No tenían salida, les tocaba estar ahí y eso los enfrentó. La comunidad padeció el estigma del grupo armado que mandaba en su territorio. Si un habitante de San Blas iba a El Paraíso, la guerrilla lo asesinaba. Y viceversa, si alguien de San Joaquín iba a Monterrey, los paramilitares lo asesinaban “por guerrillero”.
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Según César González, se trató de una situación de supervivencia: tocaba hacer caso al grupo que comandara. En 2006, con la última desmovilización paramilitar, la comunidad en Monterrey quedó a la deriva. Ya no había líderes –unos fueron desterrados y otros asesinados–, la articulación comunal se había perdido y, además, había al menos 250 excombatientes en el territorio sin una idea clara de lo que iban a hacer, sin proyecto de reincorporación. Fue cuando recurrieron al padre De Roux y al programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y surgió el Comité Cívico de Monterrey. Al ver los resultados, líderes de otros cuatro corregimientos de Simití se unieron a la iniciativa y crearon el Comité Cívico del Sur de Bolívar.
El primer paso, explicó González en el encuentro de Colombia 2020, fue reconciliarse entre los corregimientos, que seguían estigmatizando a sus vecinos. El segundo paso, buscar la forma de reincorporar a los excombatientes. En ese proceso muchos se fueron, otros resultaron asesinados y tan solo 18 se arraigaron al pueblo, al punto que comenzaron a participar en proyectos productivos –como cultivos de palma de aceite africana– que las comunidades empezaron a desarrollar en las tierras que los paramilitares les entregaron como forma de reparación económica.
La gente de Simití empezó a trabajar junta, dejando los odios de la guerra. Veinte líderes fueron a Barrancabermeja en 2007 a una reunión con la entonces Agencia Colombiana para la Reintegración para plantear sus proyectos de trabajar por la comunidad. César González, representante del Comité Cívico del Sur de Bolívar, recuerda que dijeron: “queremos que la plata de la ACR que va dirigida a atender los desmovilizados se invierta en obras sociales en las comunidades, y como los desmovilizados se están integrando a la vida civil, ellos también se benefician, nos vamos a beneficiar todos”.
Recibieron una negativa con la justificación de que el dinero era para una destinación específica. Uno de los líderes les respondió: “Pues fácil, denos 15 días, nosotros vamos y hacemos una masacre, venimos y nos desmovilizamos para que ustedes nos atiendan”. Ese encuentro no dio frutos, pero meses después sí lograron ser escuchado. Transcurrido un tiempo plantearon un proyecto de $2.000 millones que terminó siendo aprobado por la Unión Europea y a la ACR. Hoy la comunidad sigue peleando por mantener en pie sus proyectos productivos en medio de disputas legales por la tierra que les entregaron como reparación.
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Los miembros del Comité Cívico dicen que experiencia en reconciliación sí tienen, pero únicamente entre ellos y con los excombatientes rasos. Con Rodrigo Pérez Alzate nunca se habían visto por fuera de una sala de audiencias de Justicia y Paz, por lo que aprovecharon el encuentro de Colombia 2020 para hacerle una petición: Que vaya al territorio y haga un acto de perdón público. Él nos ha pedido perdón sólo en las audiencias, pero sentimos que ha sido por salir del paso. Nosotros sí queremos que él vaya a la cancha de microfútbol o en el parque de Monterrey o San Blas, ahí donde nos infundían terror, vaya y nos diga: ‘estoy arrepentido, le pido perdón a esta comunidad por el daño causado’. Eso sería una forma de repararnos”, indicó González.
Rodrigo Pérez Alzate dijo que su compromiso era asumir la responsabilidad de sus actos y pedir perdón público a sus víctimas. Pero precisó que la realización del evento no dependía solo de él, pues debían contar con el apoyo de la Unidad de Víctimas y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para los temas de seguridad. Además, durante el evento recalcó: “Mi propósito es estar al frente a las víctimas de manera muy humilde, pidiéndoles perdón y prometiéndoles que jamás empuñaré un arma ni propiciare que un colombiano lo haga. Hay que seguir apostándole a la construcción de paz”.
Un acto de contrición
Rodrigo Pérez Alzate recobró su libertad en mayo 2015, luego de pagar nueve años de cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Fue el máximo responsable militar del Bloque Central Bolívar, estructura paramilitar que surgió en 1997 y operó en territorios de Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas. Nació hace 55 años en Medellín y su historia criminal empezó en Yarumal, con un grupo de 18 hombres.
Un año después, Rodrigo Pérez pasó al bajo Cauca antioqueño, donde se unió a Carlos Mario Jiménez, conocido como “Macaco”. Crearon un grupo de seguridad que luego fue integrado por Vicente Castaño en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Pero sería en el sur de Bolívar donde concentraría su accionar y se convertiría en uno de los amos y señores de la guerra, luego de coordinar la incursión paramilitar ordenada por la Casa Castaño a mediados de 1998. Por su gestión, fue elegido comandante del BCB y consolidó un ejército de alrededor de 1.600 integrantes, como él mismo relata.
Ya pagó su pena en Justicia y Paz, donde ha sido en dos oportunidades por más de 3.000 hechos confesados. Aún sigue acudiendo a diligencias y audiencias por los miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos, amenazas a sindicalistas (en Barrancabermeja dejó una estela dolorosa de muertes), robos de gasolina (en complicidad con funcionarios de Ecopetrol). Su hermano, Guillermo Pérez Alzate, se hizo llamar “Pablo Sevillano” cuando comandó el Bloque Libertadores del Sur, no tuvo su misma suerte y fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 17 años de prisión por narcotráfico.
En Simití, Pérez se radicó y comenzó su comandancia a punta de fusil y muertes. “Ese fue uno de los municipios más golpeados por el Bloque Central Bolívar, pero también por los hermanos Vásquez Castaño y el “Cura” Pérez, del Eln. Establecernos ahí nos permitía tener puestos importantes que nos brindaran la seguridad, buscábamos golpear el centro estratégico de la guerrilla”, reconoció.
Hace 18 años, cuando Rodrigo Pérez llegó a la zona, las autodefensas encontraron extensos cultivos de coca, de los que el Bloque Central Bolívar se nutrió para crecer y fortalecerse. “La guerra se gana con plata y el narcotráfico fue el combustible del conflicto, y todavía sigue alimentando la guerra”, dice al explicar que, en efecto, su ejército paramilitar logró arrebatarles varios territorios al Eln. “¿Pero a qué costo?”, se pregunta Pérez Alzate. “No ganamos, en realidad perdimos todos. La guerra enceguece y nos envilece”, concluye.
En 2006, en medio de divergencias con otras estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Bloque Central Bolívar y su comandante “Julián Bolívar” entregaron 1.094 armas y desmovilizaron 2.519 combatientes. A partir de ese momento, asegura Rodrigo Pérez, quien dejó atrás su nombre de guerra, se propuso buscar acercamientos con organizaciones de víctimas. “Vimos que el mejor escenario para buscar el perdón de las personas que habíamos afectado no era el de los estrados judiciales. Pero como estábamos en la cárcel, ese fue el escenario que usamos”, cuenta.
Un año después de la desmovilización, en 2007, llegaron a la cárcel de Itagüí cerca de 30 personas de la organización Madres de la Candelaria (en su mayoría mujeres) a encontrarse con 75 exparamilitares de diferentes rangos. “Teníamos miedo de enfrentarnos a ellas. ¿Qué explicación le podía dar a una madre cuando por órdenes de uno como comandante se desapareció a su ser querido? No hay explicación, solo la irracionalidad de la guerra”, dice Pérez Alzate, quien ahora trabaja desde la Fundación Aulas de Paz, que creó para seguir con este trabajo de reconciliación entre excombatientes y sus víctimas.
Hoy recuerda que muchas de esas madres llegaron cargadas de odio. Les decían “animales”, “demonios”. No creían en el arrepentimiento de los victimarios. La mayoría de ellas llegó con el único propósito de encontrar información sobre sus seres queridos desaparecidos, querían verle la cara a aquel hombre que les había causado tanto daño. Con el tiempo, dice Rodrigo Pérez, las víctimas descubrieron en ellos (los exparamilitares) seres humanos que se habían equivocado. “Sólo cuando uno tiene la oportunidad de estar al frente de la víctima, es cuando comprende la magnitud del daño que se hizo”, explicó. Fueron necesarios cinco meses de encuentros quincenales, para lograr lo que él llama una relación significativa y profunda.
“Avanzar en la reconciliación de la mano de las víctimas es garantizar la no repetición y un avance real en ese camino hacia la paz”, insistió. Y tiene razones para decirlo: la primera y la más fuerte es haber encontrado 129 personas que fueron desaparecidas por hombres bajo su mando gracias a un trabajo con desmovilizados, abogados y población civil. Otra, no menos importante, es la realización de un diplomado en cultura de paz, del cual se graduaron 200 excombatientes, y en el que participaron víctimas y hasta funcionarios del Inpec. “Nos ayudó a prepararlos para su retorno a la sociedad. Para un combatiente, entregar el fusil es sencillo, pero cambiarle la mentalidad es muy complicado”.