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Una piedra en el zapato. En eso parecen haberse convertido los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país, a quienes en los territorios siguen asesinando sin que sus casos y el considerable aumento en los homicidios cause mucha alarma. Tan es así, que ni siquiera existen cifras unificadas, por lo menos por parte del Estado, que den cuenta de la magnitud del fenómeno y permitan ver qué está pasando con los liderazgos en zonas en las que, en su mayoría, el conflicto armado se transformó luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc y hoy por hoy son otros grupos los que buscan el dominio.
De ahí que precisamente ese sea el nombre -“Piedra en el zapato”- del informe que será presentado este jueves por la organización Somos Defensores y que muestra una radiografía de lo que representó 2017 en términos de agresiones contra quienes lideran procesos y causas sociales en las regiones.
La minería, el extractivismo desenfrenado, el narcotráfico, la lucha por la tierra, los crímenes de odio y la corrupción son algunos de los muchos problemas que se viven en esos contextos en los que, de acuerdo con Somos Defensores, los líderes son vistos como personajes incómodos, sobre todo “para quienes tienen las armas, controlan las economías ilegales, ejercen el poder político de manera corrupta, continúan con la tenencia de la tierra a gran escala o estén detrás de grandes intereses económicos en las regiones”.
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Y para la muestra no uno sino los 560 casos de defensores y defensoras que -entre enero y diciembre de 2017- fueron víctimas de agresiones que no sólo pusieron en riesgo su vida e integridad física, sino que también obstaculizaron sus labores. Poniendo la lupa sobre esa cifra, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos revela que hubo además un aumento desproporcionado de los homicidios y atentados contra líderes que suman 156 casos (106 homicidios y 50 atentados). Eso sin contar los otro cuatro tipos de agresión que contempla el informe: amenazas (370 casos), detenciones arbitrarias (23), uso arbitrario del sistema penal (9) y robos de información (2).
“En relación con la ocurrencia de las agresiones por mes, 2017 podría determinarse como un año con una alta tasa de agresión mensual; en orden descendente los meses de mayor a menor número de agresiones fueron marzo, con 85 casos; enero, con 76; junio, con 58; agosto, con 55, y octubre, con 41 casos. Así las cosas, el primer trimestre de 2017 fue el más violento contra los defensores al acumular 213 agresiones”.
De la cifra de asesinatos se desprenden, además, otros datos que preocupan. En 2017 hubo un incremento del 32,5 % de casos respecto a 2016, siendo el pico más alto de homicidios por año registrados por el sistema de información de agresiones desde 2002, cuando comenzaron a documentarse.
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Además, aunque los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle, Córdoba y Chocó fueron los que más número de líderes asesinados registraron, el fenómeno se ha extendido a casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas de las que salieron las Farc. “En 24 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron tales homicidios, lo que significa un 70 % del territorio nacional. Ello confirma la preocupación expuesta en el informe de 2016 “Contra las cuerdas”, sobre la propagación de este tipo de violencias en más regiones del país”. Los departamentos donde se presentan más crímenes son aquellos que se podrían llamar territorios ex Farc”. Con un componente adicional, 30 de los 106 casos (28 %) se registraron en zonas urbanas, una muestra clara de cómo están llegando a los centros urbanos estas dinámicas de violencia.
En cuanto a los tipos de liderazgo, el documento destaca la existencia de una tendencia marcada de asesinatos de líderes comunales -cargos directivos de juntas de acción comunal (JAC) o juntas administradoras locales (JAL)-, comunitarios y campesinos, un panorama que refleja “cómo la violencia se focaliza sobre personas dedicadas a la defensa de la tierra y el territorio, y todos los derechos conexos a esta; refuerza esta tesis el ataque sistemático también a líderes indígenas y afrodescendientes, cuyos registros por homicidios siguen siendo altos y su liderazgo se caracteriza por la defensa de la tierra y el territorio”.
También hay conclusiones reveladoras al ver de cerca los datos sobre los presuntos responsables en las muertes: aunque hubo una disminución en la presunta participación de paramilitares (9 casos) en comparación con los casos registrados en 2016, y los actores “desconocidos” (86) se conviertieron de nuevo en los más recurrentes, se trata de un cambio que puede estar relacionado, según el informe, con la disputa entre disidencias de las Farc, grupos posparamilitares, Eln y Epl por el control territorial y de las economías ilícitas de las zonas dejadas por las Farc. “También se observa de manera particular cómo las FF. MM., aun en medio de la paz, siguen siendo presuntamente responsables de homicidios de defensores”, detalla el documento.
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Y aunque el Gobierno ha implementado algunas acciones para contrarrestar y prevenir el asesinato de líderes, para Somos Defensores es claro que la respuesta estatal ha sido bastante ambigua. Por ejemplo, aunque se crearon nuevas dependencias y disposiciones legales para avanzar en la protección de los defensores, el proceso de aplicación ha sido muy lento, y los mecanismos de protección son insuficientes. “Todo en el papel se lee muy bonito, pero a la fecha no hay ni dinero suficiente para cubrir semejante desafío (proteger aproximadamente a 15 mil personas, en la medida que los mecanismos actuales protegen a 9 mil y cuestan más de US$250 millones al año); ni una institucionalidad preparada para dar abasto al volumen de solicitudes de protección por venir”.
En términos de justicia, el panorama no es muy distinto. Aunque existen avances importantes por parte de la Fiscalía para esclarecer los crímenes, muchos casos están estancados. De los 253 casos reportados -entre 2016 y el 9 de febrero de 2018- se ha logrado el esclarecimiento de 99 (39,13%), de los cuales 10 tienen sentencias condenatorias en la jurisdicción ordinaria, 4 en la jurisdicción especial indígena, 44 se encuentran en juicio, 25 en etapa de investigación, 15 en indagación con orden de captura vigente y un caso fue archivado por conducta atípica.