Ante la decisión de la Corte Constitucional

Se retrasa la dejación de armas de las Farc

La decisión parece inminente. Los retrasos en la construcción de las zonas, en el proceso de desarme y en las excarcelaciones, más la crisis provocada por los cambios del alto tribunal al trámite del Acuerdo Final en el Congreso, dejan sin razón el calendario de los 180 días. Por ahora, se necesitarían otros 90.

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Desde la realización de la Décima Conferencia de las Farc, en los Llanos del Yarí, los guerrilleros empezaron a guardar sus armas para no volver a usarlas.
/ Óscar Pérez

Incertidumbre. Esa es la sensación que ronda en las 26 zonas veredales y puntos transitorios de normalización donde se concentran cerca de 7.000 hombres y mujeres de las Farc desde los primeros días de febrero. De la ansiedad y la esperanza, con la que iniciaron la marcha final con mujeres embarazadas y niños en brazos, pasaron a la perplejidad y desconfianza que los invade hoy.

No es para menos. La implementación del Acuerdo Final, que les costó a Gobierno y Farc cinco años de sangre, sudor y lágrimas, de intensas negociaciones y renegociaciones, queda en el limbo por la decisión de la Corte Constitucional. Y, al final, queda la sensación de que la vieja premisa de la insurgencia es cierta: el Estado no cumple lo que promete, como ha sucedido en los últimos 200 años de procesos de paz incompletos y maltrechos.

Las voces desde el Gobierno intentan calmar los ánimos, pero la verdad es que los retrasos en el calendario venían acumulándose desde el 1 de diciembre, declarado como el día D, en el que debía empezar a correr el proceso de dejación de armas.

A pesar de los retrasos del Gobierno en la construcción de las zonas veredales y en las excarcelaciones de los guerrilleros, y de los retrasos de las Farc en la entrega de información sobre sus unidades, sus armas y depósitos de armas, las partes habían acordado que el próximo 31 de mayo, el famoso día D+180, se terminaría el registro y almacenamiento de las armas de uso personal de los efectivos de las Farc.

El acuerdo que se venía trabajando incluía el cambio de la figura jurídica de las zonas veredales y puntos transitorios, pues ya habrían cumplido el objeto para el cual fueron creados: la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de armas. La intención del Gobierno y de las Farc era que las zonas continuaran existiendo con otra figura jurídica, que permitiera el inicio del proceso de reintegración de los excombatientes, con la puesta en marcha de los proyectos productivos.

Y se fijaría un plazo de tres meses para que Naciones Unidas culminara el proceso de destrucción de las 949 caletas que hay en diferentes zonas del país. Mientras tanto, las Farc podrían cumplir su deseo de salir, sin restricciones, a partir de junio, para hacer “pedagogía para la paz” —léase política—, con miras a lanzar su partido político en agosto.

En blanco y negro

Pero la realidad política de hoy echa por la borda estas intenciones. El balance del proceso de dejación de armas y de las zonas no es muy alentador:

Las Farc aseguran que ninguna de las 26 zonas está terminada, que la más adelantada es la de Colinas, en Guaviare, y apenas va por el 65 %. Las demás no llegan ni al 50 %. En Icononzo, Tolima, no hay un solo alojamiento en pie.

El Gobierno indica que a la fecha han terminado ocho zonas, que este fin de semana entregan otras 13 y que tres más se entregarían el siguiente fin de semana. Sólo dos quedarían pendientes de construcción. En cualquiera de los dos casos, las zonas no iban a quedar listas el 31 de mayo.

En cuanto al desarme, las cifras van así: la totalidad (no es público el número) de las armas de uso personal de las Farc fue registrada por Naciones Unidas. Sólo 1.000 están almacenadas en los contenedores dispuestos por este organismo internacional. Apenas 12 guerrilleros han recibido su certificado de dejación. Las demás armas están almacenadas en armerillos bajo la supervisión de las Farc.

En cuanto a las caletas o depósitos de armas, hay registradas 949 con las coordenadas que han entregado las Farc a Naciones Unidas. Sólo se han destruido o limpiado cuatro: una de armas y otras tres de explosivos.

Con la decisión de las Farc, de realizar asambleas permanentes en las zonas veredales, quedaron en el congelador varios procesos, como la entrega de certificaciones a 280 combatientes que debían empezar la capacitación con miras a integrar la Unidad Nacional de Protección y a otros 27 que debían incorporarse a los planes de desminado humanitario y sustitución de cultivos de uso ilícito.

El viernes en la noche, al cierre de esta edición, se llevaba a cabo una reunión en la Embajada de Noruega con la participación de miembros del secretariado de las Farc, delegados del Gobierno, encabezados por Sergio Jaramillo; el delegado de la ONU, Jean Arnault, y representantes de Noruega y Cuba. Allí se debía empezar a definir el futuro de este calendario, con la premisa de que el proceso no tiene reversa.

Hay varias propuestas entre el tintero para solucionar estos problemas inmediatos. Una es recalendarizar; es decir, modificar las fechas para alargar el proceso de desarme por lo menos otros 90 días. Así se terminaría la dejación de armas, se daría tiempo a que los jueces de ejecución de penas den trámite a las solicitudes de excarcelación que están pendientes y se culmina la definición de la situación jurídica de la tropa. Este es uno de los temas más sensibles para las Farc, además de la seguridad física, bastante afectada por recientes asesinatos de combatientes o de sus familiares.

Lo más fácil, al parecer, es cumplir con la dejación de armas. La ONU dice que tiene listos los contenedores y los observadores internacionales para recibir el armamento. En cuanto a las caletas, se propondría seguir el esquema de El Salvador, con el que los guerrilleros entregaron todas las armas en sus campamentos y después entregaron las coordenadas de los depósitos a la Fuerza Pública, que las destruyó paulatinamente. Esa sería una solución viable, teniendo en cuenta que, en el caso colombiano, las caletas están en sitios de difícil acceso. El proceso se haría con veeduría de las Naciones Unidas.

Varias cosas quedan pendientes: el inventario de los bienes, producto de la “economía de guerra”, que las Farc deben entregar a la Fiscalía, y el arranque de los proyectos productivos para los excombatientes, pero lo que más preocupa es el avance de la agenda legislativa para la implementación del acuerdo, que se haría más lenta e incierta con la decisión de la Corte. Lo cierto es que cada retraso, cada incumplimiento, termina por darle la razón a la disidencia de las Farc, que surgió ante la desconfianza de que el Estado cumpliera sus compromisos, como lo ha hecho históricamente.

Cronología de los 180 días que no fueron

Si el Acuerdo de Paz con las Farc se estuviera implementando como se planeó, el calendario dictaría que hoy es el día D+170 para que la guerrilla deje las armas y empiece la reincorporación de sus integrantes a la vida civil. Y así, el próximo miércoles 31 de mayo, cuando se hubiera llegado al día D+180, las zonas veredales y la dejación de armas habrían terminado

No obstante, los retrasos empezaron desde el 2 de octubre, cuando la mayoría de colombianos, a través del plebiscito por la paz, rechazaron los acuerdos firmados en La Habana. Ese día el cronograma se corrió súbitamente hasta el 24 de noviembre de 2016 cuando Timoleón Jiménez, máximo jefe las Farc, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, firmaron el acuerdo por segunda vez.

Luego pasaron seis días para que el Congreso lo refrendara y entonces el 1° de diciembre empezaron a contarse los días (D+1 hasta D+180), para que las Farc y el Gobierno comenzaran a implementar lo acordado.

Este era el calendario de dejación de armas

En el caso concreto de la dejación de las armas, del día D+7 al día D+30 (entre el 7 de diciembre de 2016 y el 5 de enero de 2017) las Farc tendrían que haber transportado las armas de acompañamiento a las zonas veredales. No obstante, a la fecha el Gobierno no tenía ni una sola zona veredal lista.

Al día D+60 (el 29 de enero de 2017), tendría que haber empezado la recolección de armamento en los contenedores a cargo de Naciones Unidas y en el D+90 (28 de febrero de 2017), el 30 % debió estar almacenado. Ahí, las partes ya venían en discusiones: el Gobierno no tenía listas las zonas veredales y las Farc no entregaban a los menores de edad que estaban aún en su filas.

Así se ha venido sorteando la implementación y con todos los inconvenientes el propósito era cumplir con el calendario a 31 de mayo de 2017. No obstante, el 29 de abril pasado, la guerrilla tendría que haber entregado el 40 % de las armas restantes y el Gobierno debió haber liberado a todos los presos por razones del conflicto. Pero esto no ha ocurrido.