Se crea grupo para atender la restitución de militares despojados

La Unidad de Restitución de Tierras asignó a 15 personas para gestionar las más de 6.000 solicitudes hechas por miembros de la Fuerza Pública. Se espera que el acuerdo de paz ayude a sacar a la luz más casos y agilizar el proceso.

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La familia Molano recibió junto con la restitución de sus tierras, una ayuda de $25 millones para iniciar un proyecto productivo.
Andrés Albán- Restitución de Tierras

Desde que se expidió la Ley de Víctimas – el 10 de junio de 2011- las Fuerzas Militares asumieron la tarea de acompañar y proteger el lento, y muchas veces peligroso, proceso de restitución de tierras. Durante años han escoltado a los peritos a levantar la cartografía de los predios, a los jueces de restitución a inspeccionar la zona y a los beneficiarios cuando reciben los títulos de la tierra y la ayuda para iniciar una nueva vida; pero nunca antes se había puesto el foco sobre aquellos militares y policías que también fueron despojados de sus tierras por el hecho de pertenecer a la Fuerza Pública.

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Hace un mes la Unidad de Restitución de Tierras (URT) empezó a contrastar datos y encontró aproximadamente 6.000 reclamantes de tierras que también son miembros activos o retirados de la fuerza pública. Con la reciente firma del acuerdo de paz con las Farc se espera que el número de reclamantes aumente. Algunos de esos procesos ya terminaron y las familias recuperaron su tierra o les asignaron otras en una zona donde no corran peligro. Sin embargo, muchos otros están represados. Para eso la URT acaba de crear un equipo especializado de 15 personas que se encargarán de la restitución para miembros de la Fuerza Pública.

“Ser reclamante de tierras en las Fuerzas Militares no es fácil. A muchos les da miedo dar toda la información necesaria para el proceso por las represalias que puede haber con su familia  o no encuentran entre los predios que tiene la Unidad uno que pueda reemplazar el que perdieron y al que no pueden regresar por seguridad”, explica Ricardo Sabogal, director de la URT.

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Cuando empezaron a indagar un poco más a fondo encontraron un caso que ejemplifica el reto: una familia con tres soldados y un policía fue desplazada del municipio de Ataco (Tolima) en el año 2001 por las Farc.

“Yo ya le había entregado dos hijos al Ejército cuando llegó la guerrilla a pedirme el otro. Me negué rotundamente y salí para Ibagué para que no se lo llevaran. Es muy berraco llegar a una ciudad sin alguien que lo oriente, sin que le digan cuál es el siguiente paso”, explica doña Anunciación Figueroa, mamá de los soldados a los que restituyeron los predios este mes. Después de años de reclamar sus derechos lograron que los reasentaran un lote que pertenecía un testaferro paramilitar a las afueras de Ibagué (Tolima).

Doña Anunciación está emocionada porque ve en el predio la oportunidad de montar un estadero vacacional, con piscina, mesa de billar y rana para los que quieran relajarse a solo 10 minutos de Ibagué. La Cámara de Comercio ya empezó a asesorarla a ella y su familia para que monten el negocio.

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El sur del Tolima y el norte del Huila fue una de las zonas más golpeadas por las tomas de las Farc. Solo en 2001 – en pleno proceso de paz del Caguán- el Tolima vivió 18 tomas guerrilleras. Municipios como Río Blanco vieron cómo el 50% de su población salió desplazada hacia ciudades como Ibagué y Neiva. En el sur del Tolima ya se han entregado 800 predios y todavía quedan unas 2.500 reclamaciones. Con la firma del acuerdo de paz, la URT espera resolver los casos de esta región mucho más rápido ya que no tendrá resistencia del grupo armado.

Para Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, el desescalamiento del conflicto es una oportunidad de oro para que procesos como la restitución de tierras y la construcción de infraestructura en la zona se aceleren. “Como los combates disminuyeron en todo el país y las muertes de militares pasaron de 38 en 2015 a 0 en lo que va corrido de 2016, la Fuerza Pública puede dedicarse a implementar la paz y conseguir la victoria de la democracia como es su misión constitucional”.

La URT tienen la meta de entregar aproximadamente 18.000 predios en 2016 y seguir respondiendo las más de 96.000 reclamaciones que han hecho los colombianos, una tarea nada fácil si se tiene en cuenta la congestión que hay en los juzgados. Esperan poder contar con el aprobado acuerdo con las Farc para lograrlo.