“Quieren matar al movimiento social que revivió en Bogotá”: líder amenazado

Más de 50 integrantes de la organización Congreso de los Pueblos han sido judicializados este año en el país, dijo Sebastián Quiroga, quien denunció la persecución que está viviendo él y su familia en la capital por cuenta de la defensa de los derechos humanos que ejerce en Norte de Santander y otras regiones del país.

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Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos, amenazado en Bogotá el 23 de julio pasado./Óscar Pérez.

La semana pasada, un hombre de civil y con una misión hasta ahora secreta, persiguió al líder social Sebastián Alejandro Quiroga, después de salir de su casa en el sur de Bogotá. Quiroga llevaba un maletín cargado de documentos de la organización popular Congreso de los Pueblos, de la cual es vocero en la capital del país. El individuo desconocido para el líder juvenil, lo alcanzó y lo increpó diciéndole que le iba a pagar una maestría, que sabía dónde y con quiénes trabajaba y que lo llamara al número que aparecía en la tarjeta que le entregó. En ella figura el nombre Nelson Robles y un ave dibujada dentro de una jaula con una frase: “El futuro no se predice, sino, se construye”.  

Ese fue el mensaje que le dejo tras 20 minutos de insistirle que hablaran en privado, que le convenía y que había un proceso judicial en su contra, que lo llevaría a prisión los próximos 13 años de su vida. Nada de eso ha ocurrido, pero Quiroga alertó a las autoridades de la amenaza con la que también fueron intimidados sus padres, a quienes les entregaron la misma postal, pero con otro número de celular.

La alerta no es menor, pues durante el largo conflicto político que ha vivido Colombia, esa ha sido una práctica común para perseguir a los líderes sociales e intimidarlos. No hay que olvidar que previo a los atentados contra la integridad física, son muchos los que han recibido ramos de flores, ataúdes y epitafios que anticipan la muerte. “Desde que tengo uso de la razón no conozco una época en la que hayan dejado de perseguir o de matar a los líderes populares o de la oposición en este país”, afirma Quiroga, con quien conversamos para entender qué está pasando con los líderes en Bogotá, en donde el movimiento social se está reactivando después de una larga lucha contra la estigmatización asociada a la rebeldía y a la insurgencia.

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Esta fue la tarjeta que le entregó el sujeto a Sebastián Quiroga, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. 

¿Quién es Sebastián Alejandro Quiroga?

Hago parte de los voceros nacionales del Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político que tiene ocho años de existencia y que nació en Bogotá para agrupar a otras expresiones sociales y políticas del país. Es un movimiento que, a través del equipo de vocerías, busca tramitar, por ejemplo, las deudas históricas que tiene el Estado con las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y, más recientemente, con las comunidades de las ciudades. En suma, soy un portavoz de las comunidades que en sus territorios tienen dinámicas colectivas en su diario vivir. 

¿Cómo llegó al movimiento social colombiano?

Tengo 28 años y soy politólogo de la Universidad Nacional. Durante mi carrera fui monitor del profesor Edgar Novoa, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencia Política que falleció el año pasado. En ese caminar, la línea de trabajo que profundicé fue la teoría política. Por eso, no hice parte del movimiento estudiantil, sino que al encontrarme con organizaciones juveniles me vinculé a un colectivo que lo llamamos de investigación militante. El objetivo: poner la academia y la investigación al servicio de la movilización popular.

¿Y cómo vinculó la academia al movimiento popular?

Por ejemplo, a través de La Fogata Editorial, un proyecto que empezamos a finales del año 2015 y del cual soy su director. Entonces, ahí tenemos una relación con actores tanto políticos como académicos. Por ejemplo, el último libro, que mencionó el sujeto que me intimidó, se llama “Final abierto, 20 miradas críticas sobre las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla”, es un diálogo con líderes sociales, académicos, parlamentarios y con la insurgencia, sobre el tema de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.

Tras el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc, la palabra paz empezó a tener protagonismo y el movimiento social colombiano, también. Entonces, llegaron las negociaciones con la guerrilla del ELN. ¿De qué manera se han vinculado como organización de la sociedad civil?

Participamos desde el Congreso de los Pueblos y desde la Mesa Social por la Paz en la instalación fallida que hubo en noviembre de 2016. Luego, lo hicimos en la instalación más formal que hubo en febrero de 2017 en Quito. Y hemos participado, no tanto en interlocución con las delegaciones del gobierno o del ELN, sino, en la promoción de ejercicios de participación y en particular cómo mover a la gente de las ciudades frente a ese tema. Y esto último ha dado importantes resultados.

¿Qué pasa con las organizaciones sociales en este momento en Bogotá?

No conozco una época en la historia del país en la que hayan dejado de perseguir o de matar a los líderes sociales y populares. Venimos de un exterminio de las organizaciones sociales en las ciudades y hoy estamos en una tarea casi que, de reconstruir esas dinámicas de organización popular en lo urbano, pero nos quieren matar. En resumen, quieren matar al movimiento social que revivió en Bogotá y en otras ciudades.  

¿Cómo se puede identificar ese fenómeno de persecución a los líderes sociales en la urbe?

Pareciera que hay un patrón y es que cuando existen negociaciones con la guerrilla se incrementa la persecución a los líderes sociales y de oposición, aunque la lógica debería ser la contraria. En todo caso, lo que se evidencia en los últimos años es que la violencia "paraestatal" está presente con mucha intensidad en la capital. Por ejemplo, hay presencia de bandas criminales y paramilitares en Corabastos, María Paz, Patio Bonito, Suba y San Cristóbal, por mencionar algunas localidades. Y la estrategia es amenazar a los presidentes de las juntas de acción comunal para disuadir su ejercicio social y político.

Esta es la tarjeta que le entregaron a los padres de Sebastián Quiroga, la tarde del 23 den julio pasado.  

¿Qué pasa con el Congreso de los Pueblos particularmente en Bogotá?

Nos vienen criminalizando y judicializando. Por ejemplo, este año ha habido más de 50 personas del Congreso de los Pueblos envueltas en procesos judiciales en todo el país. Aquí en Bogotá hay un fenómeno de hostigamiento hacia los integrantes de las organizaciones que hacen parte de este movimiento social y político.  

Hablemos de su caso en particular. ¿Hubo hechos que antecedieron la persecución que vivió?

Primero, hacía un año estaba prestando asesoría a la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander (Corporeder), por lo que en los últimos doce meses viví un tiempo en Cúcuta, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Sin embargo, ello no me había generado algún tipo de agresión, amenaza o seguimiento particular. El fin de semana del 20, 21 y 22 de julio tuvimos una reunión como Congreso de los Pueblos en la Universidad Distrital. Nos reunimos unas 300 personas. Pero el sábado 21 empezó todo. Primero le sucedió a una compañera que se desplazaba desde el barrio Macarena hacia el centro de la ciudad. Ella fue perseguida por varios hombres que la empujaron, la insultaron y le dijeron zorra guerrillera, y otras palabras soeces. Por ese caso se interpuso una denuncia. Entonces, veníamos sintiendo un ambiente tenso en el seminario y el 23 de julio pasado me tocó a mí, cuando un sujeto desconocido me persiguió, me sentenció una condena y me entregó una tarjeta con un número y un ave enjaulada.

Según lo relató en la denuncia ante la Fiscalía, las amenazas también se extendieron a sus padres.

El sujeto con las mismas características físicas llegó a la tienda donde mis padres venden verduras en barrio Floralia de la localidad de Kennedy. Faltaban 15 minutos para las 2 de la tarde de ese mismo día. Eso se evidencia en las cámaras de la zona. Él entró y le dijo a mi madre: doña Marta, yo vengo a contarle una cosa que le va a afectar mucho, su hijo es el ELN, lleva muchos años ahí. Yo intenté hablar con él y no quiso hablar conmigo, por lo que me ví obligado a acudir a ustedes. Soy como un ángel de la guarda que viene a ayudarlos. Y así, de ahí en adelante le refirió un etcétera de cosas como que me iba a ayudar con la editorial La Fogata, que me iba a dar trabajo y le recordó que conocía las rutinas de toda la familia. Incluso, que sabía que mi hermana vive y trabaja en Santander de Quilichao (Cauca). Al final le mencionó que él pertenece a un colectivo del Estado y que espera que no le digamos a nadie, que tenemos 15 días para decidir.

¿Qué mensaje quisiera enviar en este momento al país tras estos sucesos?

Nosotros hemos condensado este tema en dos frases: la primera, es que ser líder social no es un delito, aunque así lo quieran hacer ver algunos sectores. Y, la segunda, es que aquí nadie se rinde, a pesar de los esfuerzos de intimidación, hostigamiento y amenaza, que van a ser contrarrestados con más organización, denuncias y ejercicios de construcción colectiva. Porque a pesar del miedo que uno pueda sentir hay una convicción muy profunda individual, colectiva y familiar de que lo que hemos venido haciendo es necesario para el país.