A un año de la firma del acuerdo de paz

¿Qué pasó con los presos de las Farc?

A la fecha, en las cárceles del país hay 649 personas a quienes la insurgencia acreditó como parte de su organización cuando estuvo alzada en armas. De esos, el Gobierno no ha acreditado a 454, mientras revisa que no haya colados. El resto quedaron en manos de jueces.

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Las protestas de parte de los excombatientes de las Farc para salir de las cárceles han sido constantes. Aquí, voceros de prisioneros de la antigua columna guerrillera, Domingo Biohó, quienes estaban recluídos en cárcel la picota de Bogotá en el patio cuatro. Foto/Blog Rompiendo las Cadenas.

No ha sido fácil depurar los listados de los integrantes de las Farc, cuyo contenido fue entregado por la exguerrilla a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) a principios de 2017. Ya pasó un año desde entonces y las partes aún están trenzadas en diferencias por personas que el Estado desconoce como integrantes de la antigua insurgencia. El camino ha sido tortuoso y dejó al descubierto, por ahora, a 23 narcotraficantes pedidos en extradición por la justicia norteamericana y a cientos de presos que pretendieron camuflar sus delitos como si hubiesen sucedido con ocasión del conflicto armado.

A las cárceles del país, al final de estos 53 años de conflicto, llegaron 3.791 guerrilleros de las Farc, cifra que resultó de depurar el listado que entregó la exguerrilla y el cual tenía registrados a 4.121 guerrilleros presos. No obstante, las dos partes encontraron nombres de muertos, personas que no estaban en prisión, entre otros casos, y quedaron en un principio 3.495 nombres para acreditar por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como miembros de las Farc para recibir todos los beneficios del acuerdo, entre ellos, el jurídico.

La depuración siguió. Al final quedaron 3.099 miembros de las Farc en las penitenciarías del país. Sin embargo, la misma exguerrilla excluyó a 58 presidiarios y en total quedaron 3.041 reclusos acreditados por la oficina del alto comisionado como miembros de la insurgencia.

De ese consolidado, a la fecha, 2.846 prisioneros ya quedaron en libertad. Falta que salgan 195 de las cárceles, aunque la Oacp ya los acreditó como miembros de las Farc. La decisión está en manos de los jueces de la República, respondieron en la oficina del comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.

Hay otro grupo de 454 personas privadas de la libertad que no han sido acreditadas y no han resuelto su situación jurídica. El 95 % de ellas están en cárceles y el otro 5 en las antiguas zonas veredales, hoy espacios de reincorporación.

Según la Oacp, esos nombres están en observación y las Farc tendrán que justificar la actividad que desempeñó cada una de esas personas en el grupo armado. El abogado del ahora partido político Farc, Jhon León, expresó que están esperando la información del Gobierno y los peros, para resolver las dudas en la antigua comandancia.

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Los extraditables

Una de las más duras tensiones que han tenido que lidiar las partes en este proceso ha sido el tema de los llamados colados, personas pedidas en extradición por Estados Unidos, que integraban también los listados de la insurgencia y que podrían recibir beneficios jurídicos por cuenta del Acuerdo de Paz. A mediados del año pasado, en los medios de comunicación se filtraron algunos de esos nombres.

Entonces el Gobierno expulsó a dos y la insurgencia a 21 de ellos. “Las Farc se han tomado el trabajo riguroso y responsable de construir los listados de sus integrantes. Respecto a los 21, efectivamente la exguerrilla los excluyó porque eran personas que no hicieron parte de su organización armada. No solamente eran extraditables, sino gente que está privada de la libertad por hechos que no sucedieron en el conflicto”, resaltó el abogado León.

Hasta ahí todo parece resuelto, pero los extraditables son 26 y está pendiente por resolverse la situación de tres de ellos que siguen en revisión por las partes. Un caso por tramitarse es el de Eduardo Cabrera, hermano de José Benito Cabrera, comandante de las antiguas Farc y conocido como Fabián Ramírez. Está solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, la antigua guerrilla defiende que Cabrera era el financiero del otrora Bloque Sur.

De los otros dos nombres existe confidencialidad en la información, pero presentamos (ver infografía) las 23 personas que fueron excluidas de los listados y que están pedidas por la justicia norteamericana. “Todavía las Farc reclaman a varios de sus excombatientes que están en las cárceles y pedidos en extradición”, resaltó León, refiriéndose a la controversia que existe sobre los tres nombres en cuestión y los 454 que están en prisión por otro tipo de delitos sin ser acreditados.

De la cárcel a gestores de paz

El año pasado, paulatinamente y bajo la figura presidencial de gestores de paz, de las cárceles del país salieron con libertad provisional 709 presos de las Farc. La tarea de cada uno de ellos era contribuir con la pedagogía del acuerdo en los territorios y pasar un informe mensual a la oficina del alto comisionado hasta que resolvieran su situación jurídica.

Hoy sólo existen 284 excombatientes que están en libertad bajo la figura de gestor de paz, de los cuales 270 aún no tienen una respuesta de la justicia ordinaria, de si son amnistiados o indultados.

La oficina del comisionado de paz afirmó que algunos casos están frenados porque los jueces tienen dudas de si los delitos por los que están condenados fueron cometidos en el marco del conflicto armado. La figura jurídica de gestor de paz aún está vigente, pero el Gobierno espera que a finales de febrero estén resueltos estos casos.

La exguerrilla y el Gobierno tienen las semanas contadas (se habla de principios de marzo) para resolver un tema que no puede quedar en manos del nuevo presidente de la República: aclarar la situación jurídica de quienes están condenados y presos, y de los que están retenidos por procesos en la justicia ordinaria. Ya que de ser reconocidos como exinsurgentes, tienen el compromiso de someterse a la Justicia Especial para la Paz donde, de ser requeridos, deberán aportar verdad, aceptar las sanciones de la justicia y reparar a las víctimas de los crímenes más graves que dejó una guerra de más de medio siglo.

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El expediente y la pelea de un excluido de las Farc

A las oficinas de este diario llegó parte del material probatorio que el abogado del extraditable Osías Riascos Ocampo tiene para insistir en que su defendido sí traficaba con narcóticos, pero como integrante del frente 30 de las Farc, que operaba en el Pacífico caucano. “No obstante, frente al señor Riascos la realidad es otra, incluso la DEA tiene claro que el señor Riascos trabajó en actividades del tráfico de sustancias prohibidas en nombre de las Farc, frente 30”, escribió en la carta el panelista Francisco Abel Zapata, defensor de Riascos.

Junto al documento, Zapata adjuntó varias declaraciones extraproceso, en las que ciudadanos de López de Micay (Cauca) dan fe de que Riascos, alias Richard o alias Chachito, era integrante de las Farc en esa zona del Pacífico. Incluso, el propio personero de ese municipio caucano, Hermes Ceney Caicedo, se atreve a certificar “que el señor Osías Riascos es una persona muy apreciada por nuestra comunidad por sus buenas costumbres y excelentes valores”, tal y como aparece en el facsímil en la infografía (ver al final). Fue expedida en 2016.

Igualmente aporta otros documentos en los que inteligencia estadounidense y colombiana relacionan a Riascos en la Operación Internacional Anguila, la cual hablaba de nexos de la guerrilla con narcotraficantes de Panamá. La carta al final dice que Osías Riascos tiene cómo demostrar que es miembro de Farc y que está “ad portas” de una extradición por ser guerrillero.