¿Qué lograron los líderes sociales que instalaron el refugio humanitario en Bogotá?

Según voceros del refugio humanitario de Bogotá, la idea es replicar la iniciativa a nivel territorial, como medida parcial de autoprotección. / Mauricio Alvarado

“No puede ser que estemos a la discreción de un presidente que piensa más en Venezuela que en Colombia (…) Mientras él llama a la paz en Venezuela aquí asesinan a los líderes, los amenazan, los sacan de sus tierras”, les dijo la senadora Aída Avella a miles de líderes sociales que habían llegado a Bogotá a instalar un refugio humanitario como una medida para combatir lo que consideran la desatención del gobierno de Iván Duque a la oleada violenta contra los defensores de derechos humanos en el país.

Contexto: ¿Por qué se instalará un refugio humanitario para líderes sociales en Bogotá?

Las palabras las dijo la senadora el pasado martes, 30 de abril, en medio de la audiencia pública convocada en el Congreso de la República para atender los reclamos de los líderes sociales frente a la política de protección y la ausencia de garantías de seguridad para el ejercicio de su labor. Para entonces ya era el tercer día desde que los miles de líderes de regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, Nariño o Cauca, habían instalado en la plaza de toros La Santamaría su refugio humanitario.

Además de participar en esa audiencia, durante los cinco días que estuvieron en la capital los defensores sostuvieron encuentros con embajadas de varios países, con la Unión Europea, hicieron un plantón frente a la Fiscalía General de la Nación, hicieron una velatón en la Plaza de Bolívar y realizaron varias movilizaciones por las calles de Bogotá. Pero ¿qué se llevan los líderes sociales de regreso a sus territorios? ¿Qué compromisos lograron de parte del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional?

Algunos líderes y lideresas sociales que estuvieron al frente del refugio coinciden en señalar que un primer logro fue haber movilizado a alrededor de 2.000 defensores de derechos humanos en la capital del país y lograr llamar la atención de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación que acudieron al llamado de quienes venían de los territorios. “Logramos contarle al país que el conflicto sigue vigente, que hay territorios en los que la paz no se ha sentido, logramos visibilizar la crisis humanitaria que atraviesan nuestras comunidades”, señala Johana Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario.

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En lo referente a los compromisos por parte del Gobierno Nacional, a la audiencia en el Congreso estaban convocadas las principales entidades encargadas de la protección a líderes entre ellas el ministerio del Interior, de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría y la Defensoría. Aunque no acudieron las cabezas de estas entidades – se esperaba que asistiera Nancy Patricia Gutiérrez, de la cartera de Interior – la mayoría de ellas enviaron representantes y en el caso puntual del Ministerio del Interior acudió a la cita Ricardo Arias, director de Derechos Humanos de esa entidad.

Públicamente, el funcionario se comprometió a reactivar la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de interlocución directa entre las organizaciones sociales y varias entidades del Gobierno Nacional, que estaba suspendida desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia. Según dijo Arias, la reactivación se dará durante el mes de mayo y también se retomarán las mesas territoriales.

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Para Olimpo Cárdenas, del equipo nacional de Derechos Humanos y Paz del Congreso de los Pueblos, ese hecho es un compromiso puntual del Gobierno Nacional que debe cumplirse y haberlo escuchado en un escenario público fue un logro de la incidencia de los líderes. De igual manera, dijo Cárdenas, el funcionario del minInterior visitó el refugio y tuvo un diálogo más personal con los defensores que allí permanecían.

Otro gran escenario en el que se había planteado tener incidencia era la comunidad internacional, con la cual se tuvo éxito, según dijeron los líderes consultados. Las embajadas de España, Francia y Alemania, así como de la Unión Europea, les abrieron las puertas a los voceros de las organizaciones y escucharon de primera mano la crisis que tenían para contar. Pudieron denunciar allí, por ejemplo, las judicializaciones de las que han sido objeto en los territorios, la situación de confinamiento de comunidades indígenas en Chocó y la sistematicidad en los asesinatos a líderes sociales en el país.

“Con las embajadas lo que logramos fue sensibilizarlos, darles a conocer la situación, y ellos asumieron el compromiso de interlocutar con el Gobierno Nacional para que se pueda atender de mejor manera el tema de la protección a líderes sociales”, explica Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

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A nivel interno, las organizaciones sociales también lograron avances importantes en lo referente a la construcción de una hoja de ruta para que la iniciativa del refugio humanitario no muera solo con lo que se hizo en la capital. Una de las principales conclusiones fue la inclinación por la autoprotección de sus comunidades. “La idea es que la gente privilegie la autoprotección y el autocuidado porque ante la desconfianza que hay con las instancias gubernamentales la gente tiene que aprender a cuidarse. Ya hay ejemplos que funcionan como las guardias indígenas, guardias cimarronas y algunos ejemplos de guardias campesinas”, dice Cárdenas.

Los voceros del refugio señalan que a nivel general el objetivo de haber instalado un refugio humanitario en Bogotá y sacudir a la opinión pública en las grandes ciudades sobre la crisis en los territorios, se alcanzó. Sin embargo, les quedan sinsabores en lo referente a respuestas del Gobierno, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, en relación con dos temas.

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Por un lado, la muestra de resultados en las investigaciones sobre las estructuras armadas encargadas de ejecutar los asesinatos de líderes sociales. Según dicen, los hallazgos en este sentido son mínimos. Y por otro lado, la respuesta sobre un sinnúmero de judicializaciones a líderes sociales en los territorios, sobre las cuales han pedido explicaciones sin éxito.