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Fue en septiembre del año pasado cuando se conoció que el número uno del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsugua, alias Otoniel, estaba pidiendo pista para someterse a la justicia. La información fue revelada por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien por la misma fecha se preciaba de los contundentes golpes que la Fuerza Pública perpetraba contra esa banda criminal: Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo al mando de dicha organización, murió en un operativo de la Policía. Esa persecución, afirman desde el Ejecutivo, influyó para que la organización al margen de la ley, hoy la más grande del país, decidiera acogerse a la justicia y hacer tránsito hacia la legalidad. Y se hacía necesaria una norma que permitiera darle celeridad al proceso de sometimiento colectivo de sus miembros.
Pero no sólo el Clan del Golfo, sino también integrantes de los denominados Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO) podían acogerse a los beneficios de ese proyecto de ley, que se trabajó por más de un año en una labor articulada entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Al final tuvo luz verde en el Congreso el pasado 20 de junio y ayer fue sancionada la norma. “La sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos. Y quienes se sometan, podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen los compromisos”, aclaró el primer mandatario. Y ahora que el sometimiento colectivo existe en el ordenamiento jurídico, comenzará a regir de inmediato.
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Según se conoció, desde hace un buen tiempo, el vicepresidente Óscar Naranjo y otros funcionarios del Gobierno —con la ayuda del senador del Polo, Iván Cepeda— vienen estableciendo conversaciones con los abogados del Clan del Golfo que es, de momento, la primera banda criminal en anunciar su intención de ser cobijada con la nueva ley. El objetivo es comenzar a aplicar de manera precisa lo contemplado en la norma.
Es decir, que será a través de un representante designado por este grupo ilegal que se manifestará de manera escrita la voluntad de sus miembros de someterse a la justicia, incluyendo la composición de su estructura y las actividades ilegales en las que están incursos. Además, incluir los bienes que tienen y que fueron adquiridos de forma ilícita, aportar información sobre los menores reclutados en sus filas y entregarlos de manera inmediata. Y, por supuesto, indicar quiénes son sus posibles víctimas para su respectiva reparación.
No obstante, lo anterior no implica que se les reconozca un estatus político a las bandas criminales y, en ese sentido, su tránsito hacia la legalidad será únicamente a través de la justicia ordinaria. Si las cosas se dan como lo planea el Gobierno saliente, serán alrededor de 7.000 hombres menos alzados en armas y dedicados a la vida criminal que componen el Clan del Golfo los que dejará desactivados el presidente Santos al término de su mandato.
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Y su sucesor, el presidente electo Iván Duque, asumirá la responsabilidad de recoger los preceptos de la norma para continuar dándole marcha a ese proceso con otras bandas criminales. Norma que no sólo otorga beneficios como una rebaja del 50 % de la pena o la posibilidad de obtener el 5 % de los bienes que adquirieron de forma ilícita, sino que también crea nuevos delitos.
Algunos de ellos son el constreñimiento ilegal por parte de miembros de GDO o GAO, o el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados; incluso, la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Habrá igualmente aumento de penas en otros delitos que ya existen, como constreñimiento al sufragante, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de la Fuerza Pública y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios.
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El proceso de sometimiento contemplado en esta nueva ley será en tres etapas: el ámbito personal de aplicación de la ley, las medidas de fortalecimiento de la investigación y judicialización de los grupos y organizaciones criminales; y un procedimiento especial para la sujeción de los mismos.
“Queremos ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”, dijo en la carta que hace meses envió al Gobierno alias Otoniel, cuando reveló su intención de someterse a la justicia. Cumplir con lo estipulado en la nueva norma se convierte en un nuevo reto para el Gobierno entrante, especialmente en momentos en la violencia parece no dar un día de tregua.