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Cuando cesó el terror de Hitler y el mundo se acomodó a la guerra fría, una violencia partidista ahogaba en sangre a Colombia y el Estado cada día confrontaba más con obreros, indígenas, campesinos o ciudadanos. La victoria de Fidel Castro, en 1959, diseminó guerrillas por América y la fórmula norteamericana para impedir una segunda Cuba fue la Alianza para el Progreso. Cuando fue insuficiente, en el país surgió el componente militar que exacerbó el conflicto. El contexto en el que se formaron las Farc que durante 50 años protagonizaron la guerra que ahora concluye con una solución negociada.
Es el río de la candente historia de los últimos tiempos, resumida en una privilegiada esquina del mundo llamada Colombia, donde el reciclaje de distintas violencias hizo todo más difícil. Antes de concluir la década se habían sumado el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). En los años 70, el M-19, la Autodefensa Obrera o el Quintín Lame. Todos con énfasis en la extorsión y el secuestro como método para financiarse. Cosecha de rebeldía y las Farc aferradas a su decisión de alcanzar el poder combinando todas las formas de lucha.
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La respuesta gubernamental, con Estado de Sitio a bordo, fue ir ampliando la autonomía de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “enemigo interno”. De forma paralela, surgieron grupos paramilitares que extendieron la guerra sucia. El narcotráfico, que tuvo una década a sus anchas para posicionarse, con sus ríos de dineros ilícitos, añadió el combustible que faltaba para propagar el incendio. Las Farc multiplicaron sus caudales con el gramaje, impuesto que empezaron a cobrar a los productores de coca. El paramilitarismo se asoció con los barones de la droga y pronto se hicieron uno solo.
Foto: Integrantes de las Farc escuchan el discurso de Timochenko durante la Décima Conferencia guerrillera realizada en los llanos del Yarí, departamento de Caquetá. / Óscar Pérez
En esa metamorfosis de la guerra, Colombia continuó en el radar prioritario de la política exterior estadounidense. Si en los años 60 el enemigo por vencer era el comunismo, desde los 70 la nueva obsesión fue la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En esa ruta, el tratado de extradición entre las dos naciones, suscrito en septiembre de 1979, se convirtió en detonante de violencia. Así llegaron los años 80, y con ellos el propósito del presidente Belisario Betancur, de encarar la crisis con dos urgencias aplazadas: la vía política para negociar el fin de la guerra y la vía armada para enfrentar el narcotráfico.
En 1984, en pocos meses se cruzaron los caminos de la historia. El 28 de marzo, el gobierno Betancur y las Farc firmaron un acuerdo de cese el fuego. El 30 de abril, el narcotráfico asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. En agosto se extendió la tregua a otras guerrillas. En ese incomprensible ajedrez de guerra y paz nació la Unión Patriótica (UP). La idea era que fuera la plataforma para que las Farc cambiaran armas por urnas, pero, desde sus orígenes, la colectividad fue blanco del paramilitarismo, financiado por el narcotráfico y, en algunos casos, con el apoyo de unidades militares.
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Cuando Virgilio Barco llegó al poder, en 1986, los colosos de la guerra desbordaron sus límites. Por falta de verificación y la creciente ola de crímenes contra la UP, la tregua con las Farc se fue volviendo insostenible. En junio de 1987, después de una emboscada en el Caquetá, en la que murieron 26 militares y 42 quedaron heridos, el acuerdo pasó a ser parte de la historia. Aunque Barco logró la paz con el M-19 en 1990, el paramilitarismo, mediante masacres y el narcoterrorismo con carros bomba, amedrentó a una sociedad inerme que no entendía por qué era carne de cañón de la barbarie.
En ese escenario extremo de guerras múltiples, en 1990, César Gaviria jugó sus cartas. Una política de sometimiento para contener el narcotráfico, justicia sin rostro para blindar a los jueces, ataque a las Farc en Uribe (Meta) y Asamblea Constituyente para dar oxígeno a una democracia en crisis. En la trasescena, Estados Unidos estaba atento al desenlace. El Epl y el Quintín Lame dejaron sus armas y, después del fracaso militar para frenar a las Farc, se gestó un nuevo proceso de paz. Esta vez en Caracas (Venezuela) y luego en Tlaxcala (México), hasta que el secuestro se atravesó y echó el ensayo a perder.
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La hora de Ernesto Samper fue decisiva en todos los frentes de guerra y todos maniobraron cuando el presidente quedó enredado en el Proceso 8.000, que lo forzó a defenderse. El narcotráfico se movió entre la cárcel, las cooperativas de seguridad rural (Convivir) y sus guerras para conservar el negocio. Su socio, el paramilitarismo, a partir de 1996, se organizó como Autodefensas Unidas de Colombia y emprendió un derrotero de atrocidades sin límite. Las Farc se multiplicaron y forjaron una estrategia para poner en jaque a Colombia: la sumatoria creciente de prisioneros de guerra.
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Los tiempos de Andrés Pastrana tocaron fondo. Las Farc lograron 42.000 kilómetros cuadrados del país para moverse a sus anchas. En ellos se desarrolló un accidentado proceso de paz en el que la guerrilla marcó las horas. Al tiempo que en el sur de Colombia la guerrilla patentaba “leyes” para formalizar el secuestro, presionaba el canje de prisioneros o pretendía una asamblea constituyente mitad Estado, mitad insurgencia; en el norte, el paramilitarismo pactaba con políticos la refundación del país y dejaba una estela de sangre secundada en insólitas alianzas por un botín perverso.
Un momento crucial en el que Washington volvió a ser protagonista. La otra opción de Andrés Pastrana, si fracasaba el proceso de paz, era el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, que fortaleció a las Fuerzas Armadas y, con el pretexto de combatir el narcotráfico, entró a la lucha contrainsurgente. En cuanto a los paramilitares, en mayo de 2001, pidió en extradición por narcotráfico a sus líderes y los forzó a buscar una nueva senda para guarecerse. El ataque a las torres gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, causó otro giro en la política exterior con nuevo enemigo: el terrorismo.
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En los años 60, por el comunismo; en los 80, por el narcotráfico y en los albores del siglo XXI, por el terrorismo. Lo cierto es que, después del fracaso del proceso de paz con las Farc en la región del Caguán, llegó al poder Álvaro Uribe y Estados Unidos volvió a jugar en el ajedrez de la geopolítica de América. Con los pertrechos y dineros del Plan Colombia, las Fuerzas Armadas acorralaron a las Farc y, huyéndole a la extradición solicitada por Estados Unidos y al conteo regresivo para que entrara en vigencia la Corte Penal Internacional, el paramilitarismo optó por entrar en un inusual y exótico proceso de paz.
Desde su estrategia de la Seguridad Democrática y con los avances del Plan Colombia, Uribe se fue de frente contra la guerrilla. Fueron ocho años en los que las Farc aguantaron la embestida militar con una reserva para moverse en el escenario político: los prisioneros de guerra. Políticos, militares, policías y la sociedad dividida frente a su drama. Fueron ocho años entre rescates militares y fallidos, y del otro lado un proceso de paz con las autodefensas que terminó en escándalo. Los colados del narcotráfico, la parapolítica y, al borde de la hecatombe, la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos.
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En 2010, el panorama era otro. La desbandada de los narcos hacia Venezuela o Argentina y el reacomodo de fuerzas entre los antiguos carteles sacaron a flote una nueva generación que hoy mantiene el negocio y resiste porque sigue exportando coca. El paramilitarismo mutó en bandas criminales que el gobierno Santos prefiere llamar grupos armados organizados, aunque en las regiones se habla de Águilas Negras, Urabeños, Ejércitos Antirrestitución de Tierras o microcarteles. Las Farc entraron en una fase de negociación política en 2012 que, después de cuatro años, proyecta una luz al final del túnel.
El impulsor del proceso fue Venezuela y particularmente Hugo Chávez, quien movió con inteligencia las fichas. El anfitrión fue Cuba, más de 50 años después de haberse vuelto causa de la discordia. Noruega aportó su neutralidad europea y nórdica y Chile, su condición de garante. En este escenario de fondo, se desarrollaron los diálogos. Cuando Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron señales creíbles, se sumaron. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fueron cruciales. Las fuerzas del mundo se movilizaron por la paz de Colombia.
El pacto está hecho y este lunes 26 de septiembre se firma en Cartagena, pero el país entero sabe que hay guerras inconclusas. El Eln sigue vivo, aferrado al secuestro sin razones y aplazando una negociación que lo catapulta en el anacronismo de los tiempos. Las bandas criminales no son ficción y su alimento son los dineros del narcotráfico, que siguen corriendo a raudales. El imperio de la coca ya no es el mismo que impuso las marchas campesinas en los años 80 o que sustituyó a las autoridades y hasta el dinero y el poder en los 90, pero es un fantasma que sigue vivo y multiplica utilidades con el bastón de la corrupción.
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En cuanto a Estados Unidos, tras bambalinas sigue teniendo la sartén por el mango. Entró al proceso de paz en La Habana a través del enviado especial Bernard Aronson, cuando se percató que las Farc negociaban en serio. En el fondo saben que en el posconflicto va a ser también protagonista. Por eso están en la paz de Colombia, lo mismo que Cuba o Venezuela. Como lo señaló el expresidente uruguayo José Mujica, lo más importante que hoy pasa en América es la paz en Colombia. Aunque nace una nueva guerra fría en el mundo, la que se forjó después del Tribunal de Núremberg está llegando a su fin.
Las nuevas generaciones ya saben que pertenecen a un país privilegiado y biodiverso. Que las prioridades son el medio ambiente y los derechos humanos. Pero el reto inmediato tiene nombres propios: reforma agraria integral, apertura democrática a la participación en política, solución al problema de las drogas ilícitas, jurisdicción especial de paz para impedir que la impunidad imponga el olvido y privilegie a las víctimas y la logística adecuada para que se preserve el cese al fuego, la concentración de tropas y la dejación de armas. Las reglas de juego para que la paz sea posible y perdurable.