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“Los conflictos asociados a la explotación de hidrocarburos se han exacerbado tanto en los últimos años que los bloqueos pasaron de 38 en 2010 a 343 en 2015”, sentenciaba el informe preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y entregado a las directivas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ese último año.
La investigación, llevada a cabo por investigadores como Francisco Gutiérrez Sanín, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y Jairo Núñez, de Fedesarrollo y profesor de la Universidad Javeriana, ponía números claros a una situación que los colombianos veían constantemente en las pantallas de televisión y en las páginas de los periódicos mientras muchos otros la experimentaban directamente. Los bloqueos, paros y protestas se estaban convirtiendo en el pan de cada día. Y, además, tenían un alto precio para el país.
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Al revisar las cifras, los investigadores se llevaron varias sorpresas. Si bien era cierto que las empresas perdían una parte de sus ingresos –en el caso de Ecopetrol, por ejemplo, los conflictos significaron dejar de producir cerca de 64.000 barriles diarios en 2014–, también resultó cierto que los municipios y comunidades pagaban un alto precio por esa situación. Un conflicto que no beneficiaba a nadie.
El estudio encontró que los bloqueos tenían un mayor impacto sobre los ingresos municipales que los ataques de grupos armados ilegales. Un incremento de 1 % en los conflictos generaban una disminución de 0,06 % en los ingresos totales per cápita municipales y una reducción de 0,125 % en la producción de petróleo. Todas las situaciones de orden público que se registraron entre 2010 y 2014 implicaron un costo de 217 mil millones de pesos, dada la pérdida de ingresos y producción. Una cifra que equivale a dos terceras partes de lo que el país invierte en ciencia y tecnología.
Por si fuera poco, los precios del petróleo comenzaron a desestabilizarse y mientras el barril en 2014 se situó en 107,23 dólares, en agosto de 2015 bajó la barrera de los 40 dólares. Con esas cifras en mano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos decidió explorar las mejores alternativas para dejar atrás la polarización entre empresas, instituciones y comunidades.
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El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia Sepúlveda, dice que se empezaron a implementar las primeras acciones para transformar ese escenario de conflictividad y trabajar para generar “un diálogo organizado e informado”. Después de todo, los hidrocarburos juegan un rol central en la economía colombiana: es la fuente del 40 % de la inversión extranjera directa, del 20 % de los ingresos generales de la Nación y del 54 % de las exportaciones”.
Una de las principales tareas consistió en desarrollar herramientas, protocolos y metodologías orientadas a concertación, diálogo y resolución de conflictos. “Antes de asignar nuevos contratos comenzamos a hablar con alcaldes, gobernadores y las comunidades para entender mejor su situación y socializar los proyectos y los beneficios que le aporta el sector a cada región. El panorama está cambiando”, explica Velandia.
La formación de líderes fue otro punto clave de la estrategia. La ANH comenzó a invertir fondos en educación de unas ocho mil personas en temas técnicos del sector en 2015 y 2.714 personas en 2016. A través del programa Líder Transformador impulsaron la construcción de Planes de Desarrollo Comunitario de las Juntas de Acción Comunal.
Un aspecto central de la estrategia consistió en adelantarse a los conflictos y entender que nacían principalmente del descontento de las comunidades con aspectos concretos. La mayor causa de conflictividad, por ejemplo, tenía que ver con aspectos laborales, seguidos de contratación de bienes y servicios y temas sociales. Así comenzaron a generar alertas tempranas. Si en 2013 se produjeron 503 bloqueos, esa cifra descendió a 147 en 2016.
La generación de insumos de política pública para el sector en un escenario de construcción de paz y el desarrollo de una gran base de datos (Sigeth) permitieron hacer seguimiento a los proyectos, a los conflictos y también a los compromisos adquiridos por los distintos actores.
La agencia y otras entidades del Gobierno entendieron que su rol no terminaba con la entrega de un contrato que dejaba a las empresas y a las comunidades enfrentadas. Así fue como se implementó una ruta de acompañamiento institucional para las empresas que más lo necesitaban.
Por último, se concentraron en apalancar inversión social del Gobierno Nacional, la industria y los gobiernos locales para construir alrededor de la operación de hidrocarburos un desarrollo económico sostenible. A través de “acciones demostrativas” se implementaron 40 proyectos de desarrollo humano sostenible en 13 departamentos, en los que se invirtieron $2.450 millones de y se apalancaron $5.500 millones, beneficiando directamente a más de 4.000 personas.
El evidente descenso en las cifras de conflictividad demuestra que la estrategia está teniendo efecto y beneficiando a todas las partes. Un reciente informe encargado por la ANH señaló que gracias a la atención de las alertas tempranas el 87 % de los casos de posible conflictividad no escalaron a vías de hecho. Se estima que de esta manera se previnieron 638 días de posibles bloqueos. En términos de producción de barriles de petróleo, ese descenso en los conflictos significa que se salvaron $100.000 millones.
“Antes quemábamos llantas para que nos arreglaran una vía. Nosotros hemos aprendido mucho sobre leyes y nuestros derechos, ya podemos hablar de tú a tú con las autoridades”, les contó uno de los líderes a los investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para el presidente de la ANH, la apuesta de la institución “es el fortalecimiento del territorio y sus comunidades. Se puede desarrollar el sector de los hidrocarburos con responsabilidad social y ambiental. Somos desarrollo cuando nos entendemos y concertamos”.