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Colombia, el segundo país del mundo más contaminado con artefactos explosivos, entró en una nueva fase en su carrera contrarreloj para cumplir el objetivo que se trazó con la firma de la Convención de Otawa: tener su territorio libre de minas. En las últimas dos semanas se han producido dos anuncios que evidencian que esta tarea es una prioridad para hacerles sentir a las poblaciones más afectadas por la guerra que el fin de la guerra les significará un cambio en su vida.
Por un lado, el ejército anunció la integración de 2.500 efectivos más al Batallón de Desminado Humanitario, que ya completa 3.300 expertos en retirar explosivos. Este es uno de los objetivos que se ha trazado la fuerza pública en su plan de transformación en la etapa de posconflicto. Su intención es que al finalizar 2016 completen 5000 hombres y mujeres preparados para desminar.
Y por otro lado, se conoció esta semana que la Campaña Colombiana Contra Minas, recibió su acreditación como la primera organización civil colombiana autorizada para desminar. Estos anuncios se unen a los de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos de entregar recursos para desminar.
La meta a corto plazo es educar a las comunidades afectadas sobre los riesgos de las minas porque, con la firma del acuerdo de paz, muchos volverían a sus tierras que todavía están contaminadas y eso los pondría en riesgo. La meta a mediano plazo es cumplir la Convención de Otawa que estipula que Colombia deberá estar libre de sospecha de minas para 2021.
Pero el fin último, y el más importante, es devolverles a miles de colombianos el derecho a la tierra y la movilidad. Por eso se llama humanitario: porque, además de limpiar el terreno de explosivos, busca garantizar que no se vuelvan a sembrar. Se podría decir que el desminado es una de las primeras tareas técnicas, cuantificables y verificables para materializar el a veces etéreo concepto de posconflicto.
Para entender la magnitud de este desafío hay que tener en cuenta que países como Camboya y Azerbaiyán llevan más de 15 años en este proceso y todavía no han terminado, aún teniendo menos víctimas que Colombia. Azerbaiyán, por ejemplo, tenía afectación en 736 millones de metros cuadrados de terreno y 2.800 víctimas. Colombia, se estima, tiene un área de 89,6 millones de metros cuadrados con sospecha de contaminación y más de 11.400 víctimas. Además, ocupa el deshonroso primer lugar en afectaciones a menores de edad y militares.
“El tipo de minado en Colombia también lo vuelve más complejo. Hay minas en los árboles, en los ríos y hasta en viviendas. Son explosivos artesanales, están sembradas en lugares accidentados geográficamente y ni los que los sembraron saben exactamente dónde están. Todo eso representa desafíos adicionales”, explica Sergio Bueno, director de la Dirección Contra Minas (Daicma), organismo del gobierno que coordina todos los esfuerzos de desminado humanitario.
Con el fin de cumplir la meta en cinco años, el Gobierno aunó esfuerzos con organizaciones civiles. Por eso, el Estado ha concentrado su accionar en el Batallón de Desminado Humanitario, que ya ha capacitado y certificado a más de 3.000 hombres y mujeres, y en la Armada, que tiene su Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina.
“Si nos quedamos solo con la capacidad gubernamental podríamos tardar más de una década en desminar todo el territorio”, explica Sergio Bueno. Por eso, diferentes organizaciones civiles se empezaron a acreditar para retirar Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE) y complementar los esfuerzos del Ejecutivo, empezando por los 52 municipios que priorizó Daicma para este año. The Halo Trust, Handicap International y Ayuda Popular Noruega son las tres organizaciones civiles acreditadas en Colombia, todas extranjeras. Hace dos semanas se acreditó la primera entidad nacional que tiene le nombre de: Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y la ONU, para desarrollar esta labor.
Aunque lo que recibió fue la acreditación, esta organización lleva más de 16 años trabajando con víctimas de minas antipersonal, educando sobre el riesgo y haciendo incidencia nacional e internacional sobre ese problema en Colombia. “Nuestro valor agregado es ser una organización que ha vivido el conflicto, que lleva años trabajando en situaciones muy difíciles y hemos tenido buenos resultados atendiendo las necesidades de las víctimas. Tenemos presencia en 22 departamentos y eso, junto con los años de experiencia, nos da credibilidad”, explica Álvaro Jiménez, director de la CCCM.
El proceso de acreditación fue expedito pero no barato. Desde el momento en que la Campaña decidió iniciar el trámite, hasta el momento que tuvo la acreditación en sus manos, pasaron ocho meses. En ese tiempo buscaron recursos, contrataron personal calificado y reunieron los papeles. El Daicma se demoró menos de 40 días analizando la documentación. Todo el proceso costó alrededor de $200 millones.
Surtir ese trámite ante el Daicma consta de dos fases. En la primera, la entidad analiza la información requerida a la organización que va desde el registro en Cámara de Comercio, hasta el paso a paso de los protocolos de desminado que planean implementar. Los documentos luego pasan a verificación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que verifica si cumple con los estándares internacionales. Si pasa, le dan su aval, esa es la segunda fase. Luego el Ministerio de Defensa de Colombia le da su visto bueno y así el Daicma está facultado para entregar la acreditación.
Y aunque ya tienen el certificado en sus manos, los expertos de la CCCM aún no pueden entrar a territorios a retirar el material explosivo. Primero deben terminar de certificar uno a uno a los cuatro equipos de desminadores compuesto por 24 expertos. Luego deben concertar un plan de desminado con el Daicma y con los alcaldes de los municipios donde piensan operar.
El reto ahora es lograr un protocolo con la misma rigurosidad para las organizaciones que hacen educación en el riesgo. “Si no garantizamos la calidad de la educación sobre cómo identificar una mina, cómo actuar al verla etc., la gente se puede morir”, explica Sergio Bueno.
Por eso se está perfeccionando un protocolo para que cada educador esté certificado por el Sena y todas las organizaciones estén acreditadas por el Daicma. Eso aplicaría para las organizaciones como la Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Pastoral Social y otras que han hecho cartillas y diferentes materiales para educar sobre las zonas afectadas. “Tenemos unos estándares que todos los educadores deben seguir al pie de la letra y ahora, con la acreditación para las organizaciones, aumentaríamos el control de calidad”, señala Bueno.
Este es el proceso que también acaban de iniciar organizaciones como la Corporación Colombiana para la Descontaminación del Territorio (CCDT), que recién está agrupando organizaciones de derechos humanos, campesinas, indígenas y de mujeres en 28 departamentos para empezar a educar sobre el riesgo y luego iniciar la acción contraminas desde los territorios. “Las organizaciones nacionales sabemos exactamente cuáles son las necesidades de cada zona y cómo podemos hacer del desminado un proceso integral”, dice Camilo Fagua, vicepresidente de CCDT. Su meta es que de aquí a dos años ya hayan reunido todos los requisitos para retirar los artefactos y puedan aplicar para una acreditación frente al Daicma.
Los esfuerzos internacionales
Esta iniciativa de organizaciones civiles colombianas por unirse a la difícil tarea de desminar el territorio se une a los esfuerzos internacionales que ya están en marcha, como el que se ha desarrollado en El Orejón y Santa Helena, en Antioquia, estrategia que hace parte de los acuerdos entre el gobierno y las Farc en La Habana Cuba. Este proyecto piloto, que por primera vez pone a trabajar a gobierno y guerrilla de manera conjunta, está liderado por Halo Trust con recursos de la ANP, de Noruega.
El gobierno de Estados Unidos a través de su iniciativa Paz Colombia, que fue presentada en la Casa Blanca el cinco de febrero de este año, ya anunció que aportará 50 millones de dólares. “Adicionalmente los Estados Unidos y Noruega han lanzado una iniciativa de desminado global para ayudarle a Colombia a liberarse de estos dispositivos mortales de aquí al año 2021”, manifestó John Kerry, Secretario de Estado de Estados Unidos .
La Unión Europea también se unió a esta tarea y le asignó una partida de 1’800.000 euros para apoyar de desminado humanitario en seis municipios: Lejanías, Uribe y Puerto Rico (Meta); Caloto y Corinto (Cauca) y Argelia (Antioquia). Estos territorios hacen parte de una lista de veinte que ya fueron elegidos como prioritarios. El dinero también sirvió para financiar la acreditación de la Campaña Colombiana Contra Minas.
El reto hacia el futuro es mayúsculo. Gran parte de los proyectos de desminado no tienen financiación y, para expertos, la meta de tener un país libre de minas en 2021 es demasiado ambicioso, aunque reconocen que hay que hacer esfuerzos para que, al menor, Colombia logre acercarse a esa estadística.