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Este lunes se hace público el informe Verdades científicas sobre glifosato y salud pública, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el cual abrirá más debates sobre política de drogas en Colombia. Según el informe, no hay evidencia científica concluyente de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana.
Esa afirmación suena, por lo menos, lejana a las decisiones y debates que se han dado en el país, donde las aspersiones aéreas con glifosato fueron tema central hasta 2015. En marzo de ese año, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los humanos. En Colombia, en mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las aspersiones aéreas, y el 1 de octubre del mismo año la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió la Resolución 1214, con la que suspendió el Plan Ambiental con el que se habían aprobado las licencias de fumigación.
Los investigadores de la FIP revisaron más de 2.000 publicaciones científicas sobre el efecto del glifosato en células, animales y humanos. En los dos primeros casos, encontraron que la evidencia demuestra un impacto significativo. Respecto a los humanos, en cambio, no hubo pruebas concluyentes sobre el impacto en la salud. Se analizaron 19 enfermedades (diferentes tipos de cáncer, trastornos metabólicos, entre otros) y los resultados fueron no significativos en todos los casos, salvo dos excepciones: el estudio de Williamson de 2012, que “muestra resultados sólidos en la asociación entre uso del glifosato y su impacto en la sudoración excesiva”, y el estudio, de 2015, de los economistas colombianos Daniel Mejía y Adriana Camacho, Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano, el cual concluyó que el glifosato es causante directo de problemas dermatológicos y casos de abortos. En ninguna de las investigaciones con humanos se encontró una asociación entre la exposición de glifosato y la incidencia de cánceres.
Las referencias científicas analizadas no niegan en ningún caso que el glifosato sea tóxico y que su uso no adecuado puede generar problemas de salud. Cualquier otra de las sustancias tóxicas a las que nos exponemos diariamente –el cloro, por ejemplo– puede afectar la salud a partir de ciertas dosis, concentraciones y usos. La pregunta es qué efectos tiene en la salud el glifosato en la manera como se usa en faenas agrícolas o aspersiones aéreas. Su uso más común, valga recordar, no es la erradicación manual o aérea de cultivos ilícitos, sino que en actividades agrícolas es el herbicida más utilizado en Colombia y el mundo.
El estudio resalta la necesidad de que la política de drogas se sustente en una revisión amplia de evidencia científica, y de que se revise no sólo la cantidad sino la calidad de la evidencia usada para tomar decisiones. Por ejemplo, permite poner en perspectiva la decisión tomada en 2015 por el CNE, de suspender la aspersión aérea. Según Daniel Rico, investigador de la FIP y la Universidad de Maryland, y uno de los que elaboró el informe junto con Orlando Scoppetta y Juan Pablo Álzate, el grueso de la evidencia de la IARC sobre el glifosato ni siquiera se ha conocido. “El informe completo no ha sido publicado, por eso, en EE. UU. y en Europa los controles con el herbicida no han sido modificados. La IARC utilizó estudios viejos y postuló el glifosato como probablemente cancerígeno, lo cual es lo mismo que decir que es probablemente no cancerígeno. No es una conclusión definitiva. Tal vez el único país que reaccionó de manera preventiva para no permitir la aspersión aérea ha sido Colombia”.
La decisión del Gobierno de suspender las aspersiones aéreas puede verse, según Rico, como “inconsistente o un poco incoherente, porque el glifosato toca reducirlo y es un riesgo para la salud cuando se utiliza en la aspersión aérea, pero para producción agrícola no se tomó ninguna medida. Cuando se pasó a la aspersión manual con glifosato, el Gobierno sí lo permitió, pero ahí aumentan el grado y el riesgo de toxicidad. Ahora, cuando se quiere pasar al glufosinato, eso parece que está bien, pero el glufosinato es mucho menos estudiado que el glifosato. No hay justificación para decir que estaríamos reduciendo el riesgo”.
Vea una entrevista con Daniel Rico: "Sobre el glifosato aún hay dudas científicas"
Sobre el estudio de Daniel Mejía y Adriana Camacho, el informe de la FIP dice que, al no ser reseñado por revistas académicas especializadas y no tener revisión de “pares académicos expertos en salud pública y política de drogas, esta referencia debería ser excluida de una bibliografía científica”. Según Rico, a pesar de los problemas metodológicos profundos, dicho estudio fue incluido en la investigación debido al impacto que ha tenido en el país. El informe de Mejía y Camacho no fue citado en la decisión del CNE, pero la Corte Constitucional lo tomó como prueba científica en el Auto 073 de 2014, cuando solicitó otros estudios que determinaran el impacto de las aspersiones aéreas, y también ha sido usado como evidencia por demandantes que exigen indemnizaciones al Estado por daños a la salud por efecto del glifosato.
Antes de darse a conocer públicamente, el informe de la FIP fue presentado a la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Costitucional, el Ministerio de Justicia, la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, la embajada de Estados Unidos, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, entre otros actores. Lo conoció el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en agosto solicitó al CNE “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”, en vista del aumento de los cultivos ilícitos y la falta de resultados con la erradicación manual. Dicha propuesta no se ajustaba mucho al enfoque de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, que dejaban como último recurso la aspersión aérea y priorizaban la sustitución voluntaria por parte de las comunidades.
El estudio de la FIP no defiende la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato. No es un estudio sobre la eficacia del glifosato para controlar la coca. María Victoria Llorente, directora de la FIP, aclara: “Lo que hace el estudio es revisar la evidencia científica existente y mostrar que esta no es concluyente. Eso no quiere decir que no haya que investigar más. Hay que hacerlo. Y hay que tener rigor en interpretar la evidencia”. Además, dice Llorente, “es importante resaltar cómo algunas decisiones de la esfera judicial, con efectos fiscales importantes, se están tomando con base en una evidencia que no es concluyente”.
Daniel Rico dice que un interés fundamental es contribuir al debate sobre las demandas que está recibiendo el Estado por daños a la salud. Cuando empezó a hacerse este estudio, en marzo de 2016, las demadas estaban por los $1,5 billones; cuando lo terminaron, estaban en $1,7 billones. Hasta ahora, el Estado ha tenido que pagar por asperjar en cultivos lícitos, pero no por generar problemas a la salud. La Corte Consituticonal pronto tomará decisiones de fondo y hay que ver si sigue la línea de los jueces o si los contradice, y qué tipo de evidencia usa. “En el momento en que haya la primera demanda a favor de estas pretensiones, y una indemnización, eso va a generar que miles de ciudadanos vayan a interponer acciones judiciales, porque la aspersión se utilizó durante 20 años en casi dos millones de hectáreas”.