No cree que el presidente Trump busque descertificar a Colombia

“No contemos las hectáreas de coca, sino los homicidios”: Daniel Rico Valencia

El investigador de Ideas para la Paz y exasesor del Ministerio de Defensa en políticas antidrogas habla sobre la realidad de los cultivos ilícitos en el país tras el informe de la DEA.

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Daniel Rico ha sido asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia. / Andrés Torres - El Espectador

La DEA advierte de que hay un fortalecimiento de las mafias colombianas. ¿A qué se debe?

En la coyuntura actual tenemos la influencia de varios factores. Entre los negativos tenemos no solamente el incremento de las hectáreas cultivadas, sino también el incremento de la productividad por hectárea, y debemos sumarle la falta de coordinación entre los diferentes eslabones de lucha contra la cadena de las drogas. Entre los factores positivos encontramos el aumento de las incautaciones de cocaína que hacen la Policía y la Armada, y un esfuerzo en contra de las estructuras mafiosas en los eslabones superiores. El cálculo que hacen la DEA y otros analistas es que la suma de esos factores negativos supera a los positivos, entonces, en el mediano plazo vamos a experimentar un incremento en el comercio, en el tráfico y en la rentabilidad del mercado de la cocaína.

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El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, está en desacuerdo con las cifras del informe de la DEA. ¿Acaso pueden ser inválidas?

La controversia respecto a la cifra siempre es buena, en la medida en que se haga con base en una metodología transparente y abierta. Uno sí debería proponer en el Ministerio de Defensa, y especialmente en las declaraciones del ministro, un mayor soporte a las cifras que presenta y que cuestiona. Encuentro poco creíbles las cifras que anunció el señor ministro, quien habla de una resiembra sólo del 8 % en las zonas de erradicación manual. Esas cifras son 10 veces menores a las que históricamente hemos observado en Colombia cuando se analizan de una manera objetiva autónoma y transparente, entonces no podemos saber cómo fueron construidas, y el Ministerio debería proveer mayor información para que se pueda verificar y contrastar.

Mientras políticos como Rafael Pardo dicen que habrá 50.000 hectáreas erradicadas este año, la DEA publica que los cultivos están creciendo. ¿Hay una incongruencia?

Lo que pasa es que una cosa no tiene que ver con la otra. Miremos el incremento de las hectáreas de coca: crecen por muchos factores: porque hay una mayor demanda internacional, porque cae el precio del oro y hay una transición de personas que están dedicadas a la minería ilegal y se trasladan a la coca, porque hay un efecto inflacionario en las zonas de frontera, porque hay mayores precios. También crece en mayor parte porque no hay alternativas de sustitución clara y sostenible, porque la aspersión aérea fue suspendida y la erradicación manual está todavía muy limitada. Ahora, la meta que se pone el ministro Pardo realmente nunca ha sido realista. Ha sido ampliamente criticada en todos los contextos porque en tiempo, presupuesto y coordinación no es coherente. Lo que hizo el ministro Pardo al mover la cifra unos meses para poder cumplir esa meta debería ser un ejercicio mucho más profundo de revisión y de tener unas expectativas realistas y coherentes de lo que puede ser el impacto de la sustitución.

¿Este crecimiento de cultivos de uso ilícito puede afectar la implementación del Acuerdo de Paz?

Por supuesto. A ningún ciudadano de bien en Colombia le beneficia el aumento de los cultivos ilícitos, no solamente porque tienen el efecto de desplazar los cultivos legales y las actividades productivas que pagan impuestos y generan empleo; también por la violencia, porque enriquece a unas estructuras criminales violentas y, sobre todo, porque destruye el capital social, la cohesión y la vocación productiva de un territorio, y es fundamental para la paz que ocurra todo lo contrario. La paz se fundamenta en unos principios territoriales, se fundamenta en unos proyectos de integralidad, y todos estos fenómenos de los cultivos ilícitos rompen con esa dinámica.

¿El Acuerdo de Paz es responsable del incremento de los cultivos de coca?

Yo creo que no. Por el contrario, la agenda del punto 4 del Acuerdo de Paz contemplaba una estrategia integral, clara, coherente y sólida frente al problema de las drogas. El problema es que en el proceso de implementación hemos empezado a dilatarla, a complicarla y a tergiversarla un poco, y se han incluido fenómenos en el proceso de implementación, como la gradualidad, el rol de las Farc o la falta de coordinación entre entidades. No estamos frente a un incremento de los cultivos ilícitos como resultado del Acuerdo de Paz. Estamos frente a un incremento precisamente porque no estamos siguiendo el libreto que se trazó en el acuerdo general para la terminación del conflicto.

¿Fueron adecuadas las medidas del Gobierno durante el proceso de paz para la disminución de cultivos ilícitos?

Durante el proceso de negociación, que duró muchos años, lo que experimentamos fue una reducción drástica de los cultivos de coca. No creo que esté asociada precisamente al proceso de negociación, sino a múltiples factores que se generan. Creo que en el proceso de paz hay lecciones positivas y negativas. Una lección positiva es que el Acuerdo de Paz sí tiene un diagnóstico coherente y una respuesta sólida de cómo se debe enfrentar el problema, pero el tiempo que se gastó en el proceso de negociación no fue un tiempo utilizado para fortalecer nuestra institucionalidad y nuestros presupuestos y empezar a construir una agenda integral de intervención en el territorio. Mi lectura un poco es que, una vez se firmó el Acuerdo de Paz, al otro día arrancaron todas las intervenciones, toda la construcción de los proyectos y programas, entonces hemos tenido que vivir un proceso de implementación a las carreras cuando se pudo hacer una planificación mucho mejor.

¿En qué va el tema de los corredores de tráfico de droga?

Sigue siendo muy importante el corredor del Pacífico desde las costas colombianas y ecuatorianas para la exportación de cocaína, principalmente a Centroamérica, Guatemala y México, pero también hay unos nuevos corredores que son muy importantes hacia Suramérica: Brasil, Chile y Argentina, desde cuyos puertos, especialmente el de Brasil, se hace un traslado y un cambio en la carga, en los contenedores. La ruta sur desde Brasil, especialmente desde el puerto de Santos, llega a Europa y Asia y es muy importante, por eso hay una gran presencia de narcotraficantes colombianos en países del sur asegurando esas rutas y asegurando la rentabilidad y la criminalidad asociada a ese tráfico de cocaína.

Se habla de conexiones con carteles de México para facilitar la exportación y recibir el dinero. ¿Cómo afrontar esta situación transnacional?

Colombia tiene una historia de éxito muy importante en la cooperación con países como Estados Unidos y España, y esa historia hay que respaldarla, fortalecerla, innovarla y, sobre todo, apostarle a la construcción de capacidades cada vez mayores. El Estado ha avanzado en la iniciativa, pero de lo que no podemos tener ninguna duda es de que las organizaciones criminales van uno o dos pasos adelante. Creo que si podemos invertir en mejores capacidades para el lavado de activos, la contención de capitales y la extinción del dominio, esto tiene un efecto muy duro en las estructuras criminales, con una razón adicional: muchos de los carteles colombianos tienen el doble negocio. Cuando uno encuentra carteles como el clan del Golfo o ciertas organizaciones, uno va a ver que dentro de su portafolio criminal están la exportación de cocaína y la repatriación de dólares al país. Entonces, castigar la entrada de dineros ilegales es también una manera de combatir el crimen organizado que genera violencia, desplazamientos, muertes y, sobre todo, mucha ilegalidad en el país.

Respecto a la cooperación internacional, ¿cómo entiende la descertificación que buscaba Trump hace algunas semanas?

Mi lectura no es que se buscara una descertificación. Yo creo que es un balance que presenta el gobierno de los Estados Unidos. Hay un reconocimiento a la Fuerza Pública colombiana, especialmente a la Policía y la Armada por sus operaciones de incautación, que es un mensaje muy importante. Y hay un llamado: hace un año el gobierno de EE. UU. respaldó el Acuerdo de Paz; hoy pregunta cómo se van a lograr los objetivos que estaban en ese Acuerdo de Paz. Esto no es solamente una cuestión de arrancar matas, es una cuestión de neutralizar y judicializar, desmontar redes de corrupción, de insumos, de tráfico fluvial y marítimo. Pero es un enfoque integral y no una cosa que pueda resolver un país específico, ni Colombia, ni Ecuador, ni Panamá; debe ser una agenda (común).

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¿Está fracasando Colombia en la lucha contra las drogas?

La lectura de éxito o fracaso no debe estar basada en las hectáreas de coca, sino en un indicador mucho más importante: la tasa de homicidios. Estamos en una situación paradójica: tenemos una elevada tasa de cultivos de coca pero una tasa históricamente baja de homicidios. El éxito del país está en poder reducir esas hectáreas de coca sin incrementar los homicidios, pero si tenemos reacciones improvisadas, si tenemos reacciones por la fuerza, sin planeación, lo único que vamos a lograr es que persistan estas hectáreas de coca y aumente la tasa de homicidios. A todos los colombianos nos deben generar el mismo dolor la muerte de los campesino en Tumaco y la muerte de los policías en Guaviare recientemente por acciones de erradicación, que es el resultado de la falta de una estrategia de seguridad integral y desarrollo en estos territorios.