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Si bien los fenómenos de violencia y crimen organizado en Honduras y Colombia tienen características distintas, el desplazamiento forzado está poniendo a dialogar a estos dos países. Mientras que en Colombia el conflicto armado ha provocado el desplazamiento interno en zonas rurales por más de 50 años, en Honduras las conocidas “maras” o pandillas, que tomaron gran relevancia a partir del año 2000, están causando migraciones de familias que vivían en áreas urbanas hacia otras regiones del país y desplazamientos transfronterizos hacia Estados Unidos y México, principalmente.
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Es una problemática que apenas hace muy poco el gobierno hondureño aceptó. Fue en 2013, mediante el decreto PCM-053, que se reconoció el desplazamiento forzado como una “situación real y emergente en el país”. Como resultado, creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia (Cippdv), como mecanismo de protección y atención a personas desplazadas, conformada por 14 entidades del gobierno y cuatro ONG.
Sin embargo, hay incertidumbre sobre cómo enfrentar este tema. Lo que están intentando por ahora es establecer los mecanismos de protección de los bienes y propiedades desalojadas. Esa fue la razón por la que esta comisión hondureña, representada por 11 personas, visitó Colombia hace poco, invitados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para conocer el modelo de restitución de tierras colombiano y aprender de nuestros errores y aciertos en este tema.
La visita contó con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. “Lo que queríamos era conectar la discusión que se está dando en este momento en el gobierno hondureño, con la experiencia en materia de protección de bienes que el gobierno colombiano tuvo antes de comenzar con el eje de restitución, es decir, los antecedentes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011). Conociendo cómo se había empezado a hacer aquí la protección de bienes, el objetivo era ver cuáles de estas herramientas se podrían ajustar y desarrollar dentro del contexto hondureño. También quisimos identificar el resultado final de la restitución”, afirmó Lorena Nieto, oficial de protección de Acnur en Honduras.
Precisamente, en compañía del Acnur y la Unidad de Restitución de Tierras, la Comisión viajó a finales de la semana pasada a San Carlos (Antioquia), para conocer casos de familias desplazadas que, gracias a la respuesta institucional del Estado, retornaron masivamente y están en proceso de estabilización socioeconómica a través de proyectos productivos. “La idea era que las entidades del Gobierno de Honduras pudieran ver el final de la película: a dónde llegan y qué pasa con estas familias restituidas”, agregó.
Según el informe Caracterización del desplazamiento interno en Honduras realizado en 2015 en 20 municipios -los que tenían los índices más altos de desplazamiento-, existen 41.000 hogares con población que ha sido desplazada internamente por razones de violencia y seguridad entre 2004 y 2014. La cifra de desplazados que está manejando de manera oficial el Gobierno es de 174.000 personas.
A nivel internacional, durante 2014 también se registraron 4.159 personas refugiadas a nivel global provenientes de Honduras y 10.146 solicitudes de asilo pendiente. Si bien Estados Unidos y Canadá son los países con más solicitudes, en la investigación se halló que las solicitudes de condición de refugiado también han ido a parar a México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Belice.
Como describe el documento, el desplazamiento en Honduras “no es un fenómeno comparable al desplazamiento producido en los conflictos armados tradicionales” sino que se trata de movimientos “gota a gota” en áreas urbanas, resultado del tráfico de drogas, enfrentamientos por el control territorial, extorsión, reclutamiento forzado, secuestros y amenazas de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que también tienen presencia en Guatemala y El Salvador.
La experiencia colombiana en tierras
Como lo describió Mirna Isabel Mejía, del Instituto de la Propiedad de Honduras, una de las entidades que conforma la Comisión, las casas abandonadas está siendo ocupadas por miembros de las ‘maras’ que las usan como centro de almacenamiento de drogas y armas o de “casas locas” porque allí descuartizan a sus víctimas. Otras casas son destruidas en su totalidad a manera de retaliación hacia su propietario por no acceder a sus peticiones y amenazas.
“Hay una incertidumbre con respecto a ese bien, de si el propietario en algún momento podrá volver o será que una vez desalojado se lo van a destruir o lo va a tomar alguien más. En estos momentos no lo podemos cuantificar, empíricamente sabemos que está sucediendo, pero de ahí la importancia de este intercambio de experiencias porque nos permite delinear el proceso de la protección del bien hasta la fase final de restitución”, explicó Mirna.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, estuvo con la Comisión explicándoles cómo es el sistema actual de entrega de títulos de propiedad a desplazados por la violencia.
“Se les explicó cómo las tierras habían sido apropiadas de manera abusiva por parte de testaferros, guerrillas y paramilitares y lo complejo que es recuperarlas. Por eso se les dijo que la restitución no aplica en todo el país. Les hablamos de cómo es implementar una política de tierras en contextos de violencia y otras dificultades como la precariedad de información, ya que en muchas zonas, nuestros campesinos no tienen registrada su propiedad y el catastro no existe o está desactualizado”, contó Sabogal.
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Para la comisión hondureña, se debe cuidar que la corrupción no permee a los funcionarios que vayan a estar a cargo de la restitución de propiedades, así como la conformación de una política sólida que esté blindada ante los cambios de gobierno, la autonomía financiera, la transparencia de las instituciones y de quien va a registrar el predio, la evaluación en la asignación de bienes y el derecho a la tierra que tienen los pueblos indígenas y afros.
La Comisión contará con la asesoría de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en lo que resta del año. Equipos técnicos, funcionarios expertos en trabajo con las comunidades, ingenieros catastrales y un equipo de abogados de la URT viajarán a Honduras para explicarles en detalle el proceso restitutivo. Con esto, la Comisión diseñará de aquí a diciembre las bases técnicas y jurídicas para crear un sistema de registro de bienes abandonados. En febrero de 2018 quieren presentar esta propuesta en el Congreso hondureño, para que la protección de bienes y propiedades de personas desplazadas se establezca como política pública y más adelante se pueda hablar de restitución.
Tantos años de conflicto armado y de afrontar emergencias humanitarias le han dado a Colombia lecciones para que otros países vean en sus aciertos y errores salidas a sus propios fenómenos de violencia. Honduras es hoy uno de ellos.