Los nuevos conflictos en el posconflicto

El Eln, en el primer semestre de 2018 arrojó actividades en 136 municipios y, durante 2017, alcanzó los 159 en 22 departamentos./ Archivo

Es claro que el Acuerdo de Paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc implicó una reconfiguración en el accionar de los grupos armados ilegales que aún operan en el país, que obliga a su vez a definir nuevas categorías en función de sus orígenes, mutaciones y expresiones violentas, con las que pretenden lograr dominio territorial, poblacional y de apropiación de rentas.

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Colombia está hoy en transición al posconflicto y lo que persiste son confrontaciones regionales o focalizadas, que ya no están interconectadas bajo la lógica de la lucha por el poder político, y los grupos armados están comandados ahora por mandos medios y jóvenes que, en su mayoría, no actúan bajo alguna convicción política o un ideal, condición que ha agudizado las formas de violencia en los territorios.

Son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del documento Conflictos armados focalizados: informe sobre grupos armados ilegales Colombia 2017-2018, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Allí se establece que el posicionamiento de carteles internacionales, financiando el negocio ilícito de las drogas y asumiendo el tráfico desde Colombia hacia el exterior, ha definido la formación de nuevos grupos ilegales y la revitalización de otros, exacerbando algunas formas de violencia.

Es así como, en 2017, se registraron hechos de grupos narcoparamilitares en 309 municipios de treinta departamentos, lo cual, sin embargo, representa una disminución frente a los últimos cinco años, debido a la consolidación y el repliegue de grandes estructuras sobre territorios claves; la acción de la Fuerza Pública o la tercerización del accionar delictivo.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) sumaron la mayor presencia, apareciendo en 225 municipios en 2018 (el año anterior tuvieron actividad en 247 municipios). Le siguen Los Puntilleros, concentrados en la Orinoquia, y luego grupos de carácter regional, como Los Pachenca, La Oficina, La Constru y Los Caparrapos, entre otros. Sobre Los Rastrojos se aclara que no es la otrora gran estructura de hace unos tres años; hoy son reductos que ofrecen servicios a las demás bandas delincuenciales.

Sobre los grupos que surgieron tras la desmovilización de las Farc, actuaron en 81 municipios durante 2017 y en el primer semestre de 2018 se detectó actividad en 73 municipios de 16 departamentos. El informe hace una diferenciación de estos, de acuerdo con el análisis de factores de surgimiento, capacidad y carácter. De esta manera, se clasifican en disidencias, rearmados para negocios ilegales (RNI) y grupos de seguridad del narcotráfico y mafias (GSNM).

En la primera categoría se encuentran los frentes 1, 7 y el denominado Acacio Medina; en los RNI se ubican los frentes 33, 36 y 18, entre otros, y los GSNM comprenden el Frente Oliver Sinisterra (FOS), que lidera alias Guacho, y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). La investigación detectó otras estructuras en proceso de conformación o que no se logran identificar con claridad.

Sobre el Eln, en el primer semestre de este año arrojó actividades en 136 municipios y, durante 2017, alcanzó los 159 en 22 departamentos. El Epl-Pelusos, estructura a la que se le controvierte su carácter de guerrilla, pues se perfila como estructura narcotraficante relacionada con carteles mexicanos, actuó en 13 municipios de tres departamentos, principalmente en la región del Catatumbo. En el primer semestre de 2018 se ha identificado en nueve municipios, llamando la atención su aparición en el departamento del Cauca.

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El informe de Indepaz advierte, por otra parte, una nueva manera de operar de estas organizaciones, utilizando pequeños grupos de entre cinco y quince individuos, y la tercerización de las acciones criminales bajo la subcontratación de oficinas de cobro o los llamados “combos” delincuenciales. Con un asunto crítico adicional: “La participación en actividades ilegales de diversos agentes del Estado, incluyendo integrantes de instituciones oficiales y Fuerza Pública, continúa siendo factor fundamental para la persistencia de la criminalidad y, con ello, de violencia armada en varias regiones”.

El documento, conocido por El Espectador, evidencia un cambio del paramilitarismo hacia modalidades narcoparamilitares y mafiosas. En este sentido, identifica tres tipos de grupos narcoparamilitares, definidos por su origen y su capacidad de acción: los primeros surgen tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y cuentan con una injerencia nacional o en múltiples regiones; los segundos tienen el mismo origen que el anterior, pero su capacidad se circunscribe a ámbitos regionales y municipales, y los últimos surgen como grupos de apoyo con funciones logísticas o de crimen a escala local, actividades que permiten el aumento de su poder, incluso para disputar el control territorial y desplazar a su contratante.

Eso sí, desde 2014 se viene registrando una disminución en el número de municipios identificados con actuaciones de autoría narcoparamilitar. Ya se dijo que ello es debido al accionar de la Fuerza Pública y a la profundización de la tercerización del crimen —factor que obstaculiza la identificación de los artífices de los hechos—, pero ese debilitamiento obedece también a las mismas confrontaciones internas. Indepaz aclara que a partir de 2017 se excluyó de esta categoría a las Águilas Negras, hecho que se refleja en esa disminución. La razón es que no se trata de un grupo armado con estructuras permanentes y jefes conocidos, sino que “es un nombre o razón social utilizado por varios núcleos que tienen la experiencia de amenazar de muerte a organizaciones y líderes sociales, y de crear terror con fines políticos de ataque, con lenguajes de ultraderecha”.

Un capítulo clave del informe y que ha dado para arduas discusiones de diferentes sectores en el país es el de las cifras. El documento intenta arrojar datos que se aproximen lo más posible a la realidad del número de integrantes en armas de todas estas estructuras ilegales. Esos datos son los siguientes: hoy operan en el país 3.000 narcoparamilitares, 2.500 posdesarme de las Farc, 2.000 del Eln y 250 del Epl. Y de los calculados para los grupos posdesarme de las Farc, se estima que 900 serían rearmados (reincidentes), 300 no iniciaron el proceso de desmovilización (disidentes) y 1. 300 corresponderían a nuevos reclutamientos. “Todas las cifras tienen sesgos difíciles de corregir. Quienes las suministran se apoyan en percepciones de líderes o de autoridades locales con alta subjetividad”, se advierte.

Y se constata otra realidad: que el Eln vive un reanimamiento en algunas zonas tradicionales, como Chocó, Arauca y las regiones colindantes con Boyacá, Casanare y Santander, y en regiones como el litoral Pacífico, donde ya tenía antecedentes de presencia, pero ahora logró su entrada firme a esos territorios, a la par con varias estructuras del narcotráfico, las Agc y las disidencias.

Indepaz plantea finalmente reevaluar los discursos, en su concepto equívocos, en torno al proceso de desmovilización de las Farc, en cuanto a quienes aún insisten en decir que no existió un desarme, que hay continuidad de la organización político-militar de las Farc y que el Acuerdo de Paz ha sido un fracaso.

En este sentido, destaca una disminución del 65 % en el número de municipios que eran afectados por la acción de las Farc, cuando estaban en armas, en relación con los que hoy registran hechos de autoría de los grupos posdesarme. Lo evidente es que las lógicas de ocupación territorial se transformaron y que hoy no hay una intención por toma del poder ni de confrontación a las fuerzas del Estado, sino que, al contrario, se buscan cooptar para la omisión o complicidad en negocios ilegales. Es la radiografía del posconflicto.

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