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En lo corrido de este año se han dado más desplazamientos masivos que en todo el 2017. A eso se han sumado fallas en la atención a los desplazados en departamentos como Norte de Santander, en donde cientos de familias no han recibido de parte del Estado lo que la ley estipula (ver recuadro).
La vigencia de la ley de víctimas va hasta el 2021, lo que significa que el Gobierno de Iván Duque y el Congreso tendrán que decidir si se prorroga o se vence.
El director encargado de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, reconoce que para ese año no se alcanzará a indemnizar a todos los afectados por el conflicto. Responsabiliza a la Gobernación de Norte de Santander y a las Alcaldías por la falta de atención a los desplazados y asegura que no se contempla acabar con esa entidad.
¿Por qué hay desplazados en Norte de Santander sin la atención que estipula la ley ?
Las organizaciones humanitarias reciben un censo en papel normal para atender a las personas, pero nosotros tenemos que recibirlo de acuerdo a una normatividad para poder darle trámite. La entrega para Norte de Santander se iba a hacer en dinero. Nos enviaron los primeros censos y les dijimos que no se ajustaban a los requerimientos. A los municipios se les dieron doce sesiones de asesoría para el diligenciamiento de los formularios. Una alcaldesa, en una reunión, dijo que habían pasado los censos para que se diera la atención. Ese mismo día el profesional de territorio me dijo que hace 22 días se los habían pasado del municipio a la Gobernación y no los habían tramitado. Ahí identificamos una dificultad con la Gobernación y ese mismo día, en Vicepresidencia, les ofrecí dos profesionales que los iban a orientar.
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¿En otros lados han funcionado las planillas?
El mecanismo funciona. No es que sea imposible, sino que en Norte de Santander dijeron “ahí están los censos del Consejo Noruego, con esos”. Pero eran censos que no correspondían, que tenían cédulas erradas. Como son recursos públicos, me toca justificarlos ante los entes de control. Además, los pagos se hacen con el Banco Agrario y cuando una persona llega a cobrar tiene que presentar el documento de identificación para garantizar que los recursos públicos le lleguen al destinatario final.
¿Cuáles fueron los municipios que hicieron bien el trámite y cuáles no?
Presentaron Ocaña, Ábrego, El Tarra, Hacarí, La Playa y San Calixto. Ocaña y San Calixto no recibieron porque seguramente los formularios estaban mal diligenciados.
La Alcaldía de Ocaña dice que la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) iba a ser casi inmediato ¿Ese compromiso existió?
Hay unos términos de ley: 60 días hábiles para incluir en el RUV fácilmente se vuelven tres meses. Ella se confió. Les da flojera tramitarlo y prefieren estar pendientes de que el proceso de inclusión no se demore 60 días, sino que se demore 30. Entonces ni por la Alcaldía ni por la Unidad y los desplazados quedaron desatendidos.
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¿Hay más municipios que hayan dejado de hacer los trámites confiándose en la inclusión en el RUV?
No. El mecanismo ha funcionado. Este año se acabó la plata para ayudas humanitarias de inmediatez, con todas las emergencias que se han venido dando en el país. ¿Por qué se acabó la plata de las ayudas humanitarias de inmediatez?
Los desplazamientos masivos superaron los del 2017. El año pasado terminamos en 52 y este año vamos en 60. La diferencia con años anteriores es que antes se nos desplazaban 900 familias. Ahora, la norma dice que más de diez núcleos familiares se establecen como desplazamientos masivos. El número de personas desplazadas ha disminuido comparado con otros años.
La ley de víctimas va hasta el 2021. ¿Cómo van las reparaciones?
Vamos a llegar muy cerca de la meta establecida en el plan de desarrollo del expresidente Juan Manuel Santos. Lo que se necesita para las indemnizaciones son los recursos para hacer los pagos, porque venimos haciendo un esfuerzo de hacer entre 90.000 y 110.000 indemnizaciones al año.
¿Hay que prorrogar la ley de víctimas que se acaba en 2021?
El tema no es tanto de tiempo, hay que compensar dos cosas: tiempo y plata. Tenemos que bajar la ayuda humanitaria, no se trata de quitarla. Aproximadamente se le ha suspendido la ayuda humanitaria a 1’200.000 víctimas. Medimos dos componentes de subsistencia mínima, alojamiento y alimentación. La ayuda humanitaria se ha vuelto casi un tema de asistencialismo. Uno revisa a través de la Red Nacional de Información y ya tienen suplidas unas condiciones básicas. La idea no es acabar la ayuda humanitaria, sino entregársela a los que la necesitan. Lo que estamos haciendo es subir la indemnización, porque tenemos una cola muy grande, pero le estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda más plata para las indemnizaciones, hacer unos ajustes en los montos y un uso racional de las ayudas humanitarias.
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¿Pero usted cree que para 2021 se les puede cumplir a las víctimas?
A todas no, toca prorrogar la ley. Hay dos formas: prorrogar la ley o que se acabe y queden los compromisos y cumplirlos. Esos son los grandes debates que estamos próximos a ver en el Congreso.
Algunos dicen que las funciones que cumple la Unidad de Víctimas se van a repartir entre otras entidades. ¿Es cierto?
Dentro de los ajustes institucionales, en el desarrollo de estos siete años de la ley, hay cosas que de pronto pueden pasar a otros lados. No puedo entrar en detalles, pero hay cositas que uno dice que podrían funcionar mejor en el Ministerio del Interior. El tema de atención psicosocial hay que fortalecerlo mucho, porque es una responsabilidad del Ministerio de Salud.
¿Los ajustes pueden significar el fin de la Unidad como entidad?
No. En este momento no se ha planteado que se acabe la Unidad ni que la vaya a asumir Prosperidad Social.
¿Cómo ve el tema de presupuesto?
Bien. Nos estamos involucrando en todos los temas de presupuesto. Para el próximo año nos dejaron el mismo de 2017: $1,8 billones.
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¿Y eso alcanza?
Estamos mirando cómo hacemos ajustes en el tema de volverlo más racional y enfocarnos principalmente al tema de reparación integral, sin desconocer que nos toca seguir atendiendo emergencias si se presentan y entregando ayudas humanitarias. La meta es subir las indemnizaciones.