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A propósito de la instalación de la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz, Colombia2020 consultó a varias mujeres que hoy mandan la parada en el país en temas de derechos y representación política de las mujeres. Estos son los principales retos que, según ellas, tendrá este nuevo organismo:
Leyes con verdadero enfoque de género
Al hacer parte del acuerdo de paz de manera transversal, el enfoque de género también cae en esa zozobra legislativa y jurídica a causa del corto tiempo que le queda a este Congreso para aprobar leyes como la reforma rural integral, la reforma política o la Jurisdicción Especial para la Paz. (Vea: El enfoque de género en la Justicia Especial para La Paz)
Para Ana Bautista, de Dejusticia, “hay un porcentaje importante de decretos reglamentarios que no tienen el enfoque de género” y menciona el caso del Decreto 902 del 29 de mayo de 2017, el cual adopta los procesos de acceso y formalización de tierras dentro de la Reforma Rural Integral. Para ella, no hay medidas específicas dentro de esta ley para que las mujeres sean beneficiarias de esta formalización.
Si bien Bautista argumenta que ser madres cabezas de hogar les da mayor puntaje en el Registro Único de Solicitantes de Tierras, en la realidad “estas mujeres tienen una fuerte relación con el territorio, relacionado con la economía del cuidado, pero no con la propiedad”, ya que los títulos de tierras están a nombre de sus esposos, que en muchos casos fueron asesinados o están desaparecidos.
Por otro lado, para Diana Rodríguez, defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, no existe certeza en “cómo se va a articular todo el acuerdo y la implementación con un marco normativo que ya existe sobre prevención y atención a la violencia contra mujeres que han sido víctimas, como es la ley 1257 o la 1719”.
Para que eso se dé, desde que empezaron las discusiones en el Congreso todos los jueves se reúnen ocho organizaciones de mujeres para velar y denunciar que las leyes tengan esa vocación de género.
Más representación femenina
Otro reto es la participación equilibrada de las mujeres en las instancias de decisión creadas en los acuerdos. Según el primer “Informe de Seguimiento a la Participación de las Mujeres en la Institucionalidad de la Transición”, del Grupo de Trabajo el Género en la Paz (GPaz), articulado a de Dejusticia, “solo seis mujeres hacen parte de las 47 personas que ocupan cargos directivos en las diferentes instancias” creadas o relacionadas con el proceso de paz, como el Consejo Nacional de Reintegración, la Csivi o la Misión Electoral Especial.
El número de mujeres que participan y toman decisiones en las instituciones nacionales e internacionales que respaldan la implementación, incide directamente en la inclusión del enfoque de género.
Se acercan las elecciones, ¿y después de eso qué?
Este es uno de los desafíos en el que todas las mujeres consultadas por Colombia2020 coincidieron. Queda solo un periodo legislativo en el Congreso, pero ya muchos congresistas están empezando sus campañas políticas. También han salido algunos de los defensores del ‘No’ en el plebiscito anunciando que, en caso de llegar a la Presidencia, modificarán lo acordado. Entre ellos, están varios políticos y líderes religiosos que de manera falaz argumentaron que el enfoque de género podía ir en contra de la idea de familia e “imponía” una ideología de género.
“Nos estamos enfrentando a un gran reto para las próximas elecciones presidenciales y de Congreso. La idea es que cada uno de los candidatos y candidatas abracen el acuerdo final, y que mantengan la voluntad de cumplir lo pactado y seguir implementándolo. La idea es que podamos seguir avanzando en lo que ya se viene haciendo y cumpliendo los compromisos desde cada una de las instituciones”, afirmó Martha Ordoñez, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer. (Lea: ¿Por qué es tan importante el enfoque de género en los acuerdos de paz?)
Sinergia dentro de la Instancia y con las demás instituciones y territorios
Gloria Ramírez, de la Federación Internacional Democrática de Mujeres (Fdim), manifestó que, aunque varias entidades nacionales e internacionales vienen trabajando en la implementación del acuerdo de paz y de su enfoque de género, este trabajo no ha sido articulado desde una propuesta de trabajo conjunto. “Realmente no ha habido un acuerdo que permita establecer sobre qué matriz se va a trabajar y cómo será la línea de tiempo de trabajo con las regiones en concreto para mirar que efectivamente el enfoque de género sí se está cumpliendo”, explicó.
Al respecto, Diana Rodríguez, afirma que desde la Defensoría se va a apoyar la rendición de cuentas de esta Instancia, pero que es clave un “diálogo permanente y de retroalimentación de la situación que está viviendo en las regiones y las decisiones que se están tomando tanto a nivel político como en términos normativos”. Eso implica, según ella, “una relación muy cercana con la JEP, con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, por ejemplo”.
Se espera que la Instancia cuente con el respaldo de las mismas organizaciones sociales de mujeres y Lgbti que estuvieron desde un principio insistiendo en la inclusión del enfoque de género en el Acuerdo, a través de la Subcomisión de Género. (Le puede interesar: “Esta es una experiencia inédita en el mundo”: Victoria Sandino)
“A nivel de la Corte Constitucional hemos hecho documentos de forma que, en la revisión de los decretos, la Corte pueda ser también vigilante en términos de los derechos de las mujeres […] y, además, estamos dando a conocer el acuerdo con las mujeres con las que trabajamos en los territorios, en términos de cómo desde nosotras mismas le hacemos seguimiento a la implementación”, aseguró Olga Sánchez, de la Casa de la Mujer.
Lograr mayor respaldo presupuestal
La Fdim, como la Defensoría del Pueblo, también considera vital buscar la asignación de más presupuesto destinado para las mujeres y población Lgbti en el plan marco.
“El problema que siempre han tenido las mujeres para ejecutar y para que las leyes se cumplan ha sido el problema presupuestal. Eso realmente no permite que haya un desarrollo de acompañamiento institucional sino de acciones inconcretas. En el punto de tierras, por ejemplo, no sabemos cuánto se va a destinar para las mujeres en el fondo de tierras, ni todavía sabemos si hay un censo definido de cuántas mujeres en territorios de conflicto requieren de tierras y en qué cuantía”, dijo Ramírez.
La transición de las mujeres excombatientes y de las que quedan en región
Desde la Defensoría del Pueblo se ha denunciado que la atención en salud en las zonas veredales es precaria, sobre todo en el trato diferenciado y especial que deben tener las excombatientes que están embarazadas o son madres lactantes.
“No vemos rutas diferenciadas para el proceso de reintegración. Además, nos preocupa el tema de participación política de las mujeres que, por el hecho de ser mujeres es riesgosa, pero por ser, además, excombatientes el riesgo es mucho más alto”, sostuvo Diana Rodríguez.
Se refirió también, en este sentido, sobre la situación de las defensoras de Derechos Humanos en las regiones: “se debe dar medidas de protección para garantizar su participación o el ejercicio de su liderazgo”.
Sobre los casos de violencia y agresiones sexuales, a Rodríguez le preocupa el hecho de que en la Jurisdicción Especial para la Paz no se reconoce la responsabilidad de mando para estos delitos. “Hay un riesgo para su juzgamiento porque sabemos que en estos casos es muy fácil que el mando se exima de la responsabilidad cuando debió haber conocido de los hechos que cometían sus subalternos”.
Estos son algunos de los grandes desafíos que la Instancia de seguimiento del enfoque de género deberá tener presente para garantizar que el acuerdo se materialice para las mujeres, más allá de derechos y garantías de papel.