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El debate sobre la sustitución de cultivos ilícitos entre los campesinos y el Gobierno ha transcurrido por años, en los que, según organizaciones de campesinos, la política del Gobierno se inclinó por la erradicación y criminalización de las personas que sembraban coca. Sólo hasta 2013, tras un paro campesino que duró más de 53 días, el Gobierno se comprometió a implementar planes sociales: salud, educación y construcción de carreteras. A cambio, las comunidades se comprometieron a buscar una solución voluntaria que reemplace las plantaciones de coca.
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Cuatro años después y en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, el Gobierno y los campesinos firmaron un acuerdo colectivo para la sustitución de cultivos de uso ilícito. La iniciativa contempla ejecutar un proyecto de ley sobre el tratamiento penal diferenciado para cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola. Los alcances de la iniciativa, que fue radicada en el Congreso este martes, encendieron el debate: el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Justicia, Jorge Enrique Gil Botero, controvierten con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
El proyecto busca que cesen las investigaciones contra aquellas personas que poseen cultivos de coca de hasta 3,8 hectáreas; de hasta 84 metros cuadrados de marihuana o de 3.804 metros cuadrados de amapola. Así las cosas, la sanción máxima, que hoy es de cuatro años, pasaría a un año, por lo que se convierte en un delito excarcelable.
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El fiscal general se declaró “aterrado” de que en medio de las polémicas cifras de aumento de cultivos ilícitos en Colombia se busque delimitar las penas. El presidente Juan Manuel Santos salió al paso, le contestó y lo calificó de desinformado. “Lo que se ha dicho sobre el proyecto por parte del fiscal hay una mala información o una mala interpretación, porque eso no es lo que dice proyecto, que sólo busca que los más pobres de los campesinos puedan acogerse a la sustitución de cultivos sin que los metan a la cárcel”, aseguró Santos.
Martínez, por su parte, ha dicho que los grandes mafiosos de la droga podrían colarse en esa ley y posar de pequeños productores, interpretación que el presidente desestimó. “Si esto no se aprueba, el fiscal tendrá que meter a la cárcel a 400.000 personas”, contestó el jefe de Estado. Esa es la cifra estimada por el Gobierno de las personas que hoy pueden considerarse como pequeños cultivadores en el país.
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En una nueva respuesta al presidente Juan Manuel Santos, el fiscal resaltó que no comparte el cambio al Código Penal. “Esa modificación que tiene efectos hacia delante, no por un año como se ha dicho, debilita la política antidrogas. Todo cultivador industrial tendría una rebaja de penas, los financiadores, o sea los dueños de narcocultivos, con penas de 18 años, se les rebajaría a la mitad”, expresó el fiscal. Aseguró que es falso que se quiera judicializar a 400.000 pequeños productores y que, por el contrario, la Fiscalía va en contra de los grandes narcotraficantes.
Por su parte, en diálogo con El Espectador, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que la cárcel no puede ser la única solución. “Creo que el derecho penal no puede centrarse en meter a la cárcel a los más pobres de los pobres, porque son personas que están en una situación verdaderamente angustiosa, en el sentido de que son pequeños cultivadores que, con el producto de esas actividades, lo único que están haciendo es sobrevivir de una manera precaria”.
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El jefe de la cartera de Justicia señala que el fiscal Néstor Humberto Martínez está errado al considerar que habrá beneficios para narcotraficantes. “No podemos desenfocar la problemática, estamos hablando de pequeños cultivadores, y por ello esto es un tratamiento penal diferenciado. Cuando nos salimos de ese marco nuestra imaginación divaga a que sean otros tipos de actores delincuentes, como los grandes cultivadores”.
Hárold Ruiz, asesor de Paz de la Gobernación de Nariño y coordinador del equipo de acompañamiento a la sustitución, afirma que la polémica del proyecto de ley sólo incrementa el temor de los campesinos para reportar la información sobre los cultivos ilícitos, por el miedo de la apertura de un proceso judicial en su contra. “El fiscal incurre en un error cuando asocia a los grandes narcotraficantes con lo que puede cultivar un pequeño cultivador. Se ha convertido en un ‘razonero’ del gobierno de Donald Trump que no ve la realidad de los productores pequeños”.
En Estados Unidos desde hace dos años está vigente la Ley de Antinarcóticos, que abrió la puerta para que los productores puedan ser considerados parte del circuito del narcotráfico, por lo que incluso la justicia de ese país podría solicitar la extradición de cultivadores de otros países, entre esos Colombia.
La judicialización de los pequeños productores podría agregar, además, un problema más a la crisis carcelaria: a la fecha hay 119.609 presos, apretujados en una infraestructura carcelaria con capacidad para 78.418 cupos, en 316 centros. La sobrepoblación es de 41.191 personas, según cifras del Inpec. Si hasta los pequeños cultivadores son enviados tras las rejas, no habrá cárcel dónde ponerlos.