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No todo está perdido. Si bien los diálogos entre el Gobierno y el Eln pasan por uno de sus peores momentos, ninguna de las partes decidió descartar ayer la posibilidad de terminar ese conflicto de forma negociada. El jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, confirmó que la delegación de paz permanecerá en Bogotá y reiteró la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones. A su turno, en un comunicado público, el Comando Central del Eln (Coce) subrayó que su delegación tiene el mandato de su dirección de continuar con el proceso de conversaciones y que esto significa establecer acuerdos con base en la agenda pactada y un nuevo cese bilateral del fuego, o continuar conversando en medio del conflicto.
En el documento, el Eln sostuvo que, al igual que en otros procesos, las dificultades que se han presentado han sido tratadas y solucionadas en la mesa. Y que “actuar con coherencia” significa instalar el ciclo quinto para renegociar un nuevo cese bilateral. El comunicado va en la misma dirección de las consultas y peticiones que ha venido haciendo fuera de los micrófonos.
Por ejemplo, este diario pudo establecer que el Eln le pidió en una carta a monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal, que evaluara el cese del fuego y diera algunas propuestas para renegociar uno nuevo. También hizo esa petición al otro garante de este asunto: Jean Arnault, jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia.
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Las gestiones de los países garantes, Noruega y Cuba, han estado a la orden del día y no han dejado de reunirse con ese fin. Por lo pronto, todo indica que el Eln no está cerrado a renegociar un cese del fuego. Un cambio importante si se tiene en cuenta que fueron ellos quienes no quisieron prorrogarlo el pasado 9 de enero, pese a la insistencia de los países garantes del diálogo, Naciones Unidas, la Iglesia católica y el Gobierno. Lo cierto es que se necesita una decisión pronto, porque la dinámica de la guerra escala, divide, opaca el alcance del proceso y agrava la situación humanitaria de las comunidades que viven el impacto de este conflicto.
Colombia 2020 quiso aportar a la discusión consultando varias voces a propósito del costo político, económico y humanitario que tendría renunciar a este proceso o continuarlo en los meses que le quedan a este Gobierno. En las respuestas hay un convencimiento coincidente: para volver a acercar al Gobierno y a la guerrilla del Eln a una mesa de diálogo podrían pasar años y decenas de muertos más.
La realidad política
Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, el costo político de la suspensión de los diálogos es el retroceso en la posibilidad de creer en una salida negociada con esta guerrilla. “La mayoría de los colombianos no les van a dar sentido a los diálogos porque no ven de parte del Eln una intención para llegar a acuerdos”, dice.
En esto coincide María Alejandra Villamizar, quien hizo parte el año pasado del equipo negociador del Gobierno en Quito. “Empezar a hablar de posconflicto teniendo todavía la amenaza de esta guerrilla es una contradicción que profundiza más la desconfianza sobre la paz”, puntualiza.
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Respecto al poder de maniobra que tendría el Gobierno en el tiempo que le queda, si decide continuar con la mesa, Vargas cree que “en seis meses el primer punto y parte del segundo se podría evacuar si ambas partes asumieran en serio los diálogos”. Sin embargo, considera que la única posibilidad de que se retome la mesa es un nuevo cese bilateral.
Un escenario esencial para esta negociación, aunque muy frágil, según Luis Eduardo Celis, asesor de Red Prodepaz. Celis cree que hay que tener claro que esta negociación no está terminando, sino “comenzando”, y que de llegarse a abrir camino sería en medio de las dudas de parte del Eln sobre una salida negociada al conflicto armado, así como de varios cálculos políticos y electorales sobre el efecto demoledor que tendría negociar en medio de la guerra.
El padre Darío Echeverri, cercano a este proceso y secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, es más positivo. Cree que con una convergencia de voluntades, este proceso de paz podría salir adelante en este semestre para no tener la elección de un nuevo gobierno como espada de Damocles.
El costo humanitario
Distintas organizaciones que trabajan con la sociedad civil expresan el afán de que se vuelva a concretar un cese bilateral y siga el proceso. La Corporación Nuevo Arco Iris, por ejemplo, afirma que los hechos violentos cometidos por el Eln en Barranquilla desestabilizan la confianza en la paz y aumentan la percepción de la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, en los territorios es donde se siente con más fuerza el peso de volver a la violencia con esta guerrilla. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, reitera su preocupación por la situación de varias comunidades del Chocó que viven en el margen izquierdo de Litoral de San Juan, a cinco kilómetros del bombardeo que efectuaron las Fuerzas Armadas en ese territorio esta semana. “Con esta ofensiva del Ejército habrá desplazamiento masivo”, dijo, y señala el confinamiento que sienten para realizar sus actividades, como la caza y la pesca.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados manifestó recientemente su preocupación por el aumento de los desplazamientos masivos y la situación en riesgo de las comunidades, producto de los enfrentamientos y ataques, entre los que cuentan los del Gobierno y el Eln. “En sólo el mes de enero de 2018 se han visto obligadas a desplazarse más de 1.000 personas, lo que implicaría un incremento importante respecto a los mismos hechos en el mes de enero de 2017”, manifestó la organización.
Pérdidas económicas y ambientales
Según cifras de Ecopetrol, los ataques a la infraestructura petrolera por parte de esta guerrilla significaron en el 2017 la pérdida de cerca de $260.000 millones, pues dejaron de producirse 1,6 millones de barriles y la producción estuvo parada un total de 186 días.
Este año, el Eln ha cometido nueve atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC), afectando la producción nacional, el medio ambiente y las poblaciones cercanas.
Para Julio Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), que el Eln retome los atentados contra la infraestructura y la industria minero-energética es un punto crítico. “Apoyamos al Gobierno en su decisión, pero sí es una situación crítica, por eso hacemos un llamado a que el Gobierno refuerce la seguridad del país, y también en lo que tiene que ver con la protección de la infraestructura”, resalta.