Los actos de perdón con los que se despide el gobierno de Santos

En la recta final de este mandato se realizaron dos actos de perdón desde el Estado por los crímenes cometidos en el conflicto armado. Uno en Saravena (Arauca), por la ejecución extrajudicial de tres jóvenes a manos del grupo de Caballería Mecanizada Revéis Pizarro y, el segundo, por la masacre de 16 miembros del pueblo Wiwa en el sur de la Guajira.

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Los actos de perdón, en Saravena (Arauca) y sur de la Guajira, se realizaron a finales de julio pasado. En la foto los delegados del Estado colombiano. /Cortesía CAJAR.

En el tramo final del gobierno de Juan Manuel Santos se hicieron dos actos de perdón de crímenes, por acción u omisión, que uniformados de la Fuerza Pública cometieron contra la población civil. Actos que demuestran que el acuerdo de paz firmado con las Farc también ha posibilitado avanzar en el reconocimiento de responsabilidad de estos hechos graves por parte del Estado. 

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Así, se cuentan más de diez actos en los que el Estado pidió perdón a las víctimas afectadas en el marco del conflicto armado colombiano, que duró más de cinco décadas. Por ejemplo, a principios de abril pasado por fin se concretó el perdón esperado por la líder indígena Aida Quilcué y la comunidad nasa del norte del Cauca. En un hecho inédito, ese día Quilcué y su familia aceptaron el perdón del Ministerio de Defensa y el Ejército por el asesinato de su esposo Edwin Legarda en una emboscada de las Fuerzas Militares. Y, aunque los autores intelectuales aún no son identificados, ese abrazo de perdón permitió que las víctimas tomaran un nuevo aire para continuar por la senda de la verdad.

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Entre otros en los que el Estado se comprometió a reparar, a aportar verdad y, sobre todo, a la no repetición. Por eso, en la recta final del último Gobierno de Juan Manuel Santos, dos actos de perdón cerraron el impulso de este proceso de reconciliación. Uno en Saravena (Arauca), por la ejecución extrajudicial de tres jóvenes a manos del Grupo de Caballería Mecanizada Revéis Pizarro y, el segundo, por la masacre de 16 miembros del pueblo Wiwa en el sur de la Guajira.

El primero sucedió a finales de julio en Saravena (Arauca), en el cual el Estado colombiano pidió perdón por los homicidios de los jóvenes Oscar Orlando Bueno Bonnet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Cavarique, ocurridos en el municipio de Saravena el 10 de enero de 1997.

Según lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. Esto es, que miembros del Grupo de Caballería Mecanizada Revéis Pizarro asesinaron a los jóvenes que transitaban en dos motocicletas en horas de la noche por el casco urbano del municipio de Saravena.     

Entonces, los jóvenes se bajaron de las motocicletas y corrieron hasta ser alcanzados por las balas oficiales. Óscar Bueno, luego de ser herido por uno de los soldados, avanzó 200 metros aproximadamente cuando fue alcanzado por uno de los agentes, quien le disparó con un fusil en repetidas ocasiones hasta que le causó la muerte.

Jefferson González fue perseguido por otro de los uniformados a lo largo de tres calles hasta el jardín de una casa, en donde fue alcanzado por un soldado que le disparó. Y, finalmente, Jean Carlo Cavarique fue puesto contra un muro y acribillado por otros soldados, relató el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, apoderado de las víctimas.

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Kevín Bueno, hijo de Óscar Bueno, se manifestó frente al suceso así: “Estamos muy contentos de la materialización de este acto que sirve para limpiar el nombre de nuestros familiares. La comunidad se siente feliz y quiere pedir que no se repitan estos sucesos. En nuestro tratado de solución amistosa con el Gobierno se habla de garantías de no repetición y se lo pedimos al Estado, que eso se cumpla por los tiempos que estamos viviendo en nuestro territorio”.

A pesar del tránsito tortuoso que vivió el proceso judicial, pues se paseó durante casi una década entre la Justicia Penal Militar y la ordinaria, finalmente el 26 de febrero de 2007 la Fiscalía 20 Penal Militar dispuso el envío del expediente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, y en la actualidad el caso se encuentra en etapa de juicio. No obstante, solo hasta el 2015 las víctimas y el Estado Colombiano acordaron una solución amistosa frente al caso.

El perdón a los indígenas Wiwa

Paralelamente, en la recta final del gobierno de la paz, otro acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón se registró en el corregimiento de Caracolí, en San Juan del Cesar (Guajira). Ahí, el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, pidió perdón y reconoció la responsabilidad del Estado por la masacre y el desplazamiento de la comunidad de la vereda El Limón, en donde fueron asesinados 16 integrantes del pueblo Wiwa y otros cientos fueron desplazados. Los responsables: 200 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sin que el Estado hubiera hecho nada por evitarlo.

“Como Ministro de Justicia y del Derecho, en nombre y representación del Estado colombiano y del señor presidente de la República, me hago presente en este acto público para pedirles disculpas a ustedes, las víctimas y sus familiares. Por los daños que sufrieron, el dolor y las afectaciones que experimentaron como consecuencia de estos hechos”, dijo el Gil Botero, con la voz entrecortada y frente a los familiares de los aborígenes.

Según el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de la Guajira, proferido el 19 de julio de 2017, durante la cruenta masacre, los paramilitares asesinaron a niños, adolescentes y adultos indígenas Wiwa, quemando sus viviendas, torturando, desapareciendo personas y desplazando a los sobrevivientes.

En el contexto concreto de los hechos, el Estado fue condenado por el homicidio de los hermanos Edgar y Jaimonzón Radillo Redondo; por la tortura y el asesinato de Jaime Elias Mendoza; por el homicidio y la incineración de Rosa María Loperena, y, por la muerte de los hermanos José Ángel y Adalberto Sarmiento, ocurridos en la masacre. En total, fueron 16 los indígenas masacrados en dicho hecho atroz.  

Durante el acto de perdón, en el que fueron protagonistas las víctimas, Katia Milena Mendoza, prima de los menores Jamilzon y Edgar Rafael Redondo Radillo, asesinados durante la masacre de El Limón, recordó que sus cabezas aún se encuentran desaparecidas y exigió que se establezca la verdad sobre quienes ordenaron la matanza.

En ese sentido, Madeleine Mendoza Loperena, hija de Rosa María Loperena, recordó, aún con el dolor prolongado de 15 años de ausencia de su madre, que la privaron de los sabios consejos y el amor generoso de su madre. Su padre Luis Antonio Mendoza aún está desaparecido. "La verdad y la justicia deben ir de la mano y ambas son fundamentales para la paz y las garantías de no repetición", sentenció.