Juez de Antioquia devolvió a campesinos de Tierralta los predios que los “paras” les habían quitado

Las tierras que Mancuso despojó

Más de 600 hectáreas, ubicadas en el corregimiento Las Flores, regresaron a manos de sus legítimos dueños. Éstas estaban en manos de Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Mancuso y quien pedía se le otorgara el título de tercera de buena fe.

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Este es uno de los predios que pertenecían al jefe paramilitar Salvatore Mancuso y su esposa, que ahora será restituido a una de las familias campesinas.
/ URT

Siete familias campesinas de Tierralta (Córdoba) recuperaron, finalmente, las casi 600 hectáreas que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso les había despojado jurídica y materialmente. La sentencia la profirió el Tribunal Especial de Antioquia, quien decidió restituir los predios ubicados en el corregimiento Las Flores y dejar sin efecto los traspasos de propiedad, que hoy estaban en manos de Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Mancuso.

El documento judicial, que les devolvió el derecho sobre las propiedades a los labriegos, da cuenta de cómo los ejércitos de autodefensas, creados por los hermanos Castaño Gil, contaron con la participación de Mancuso para tomar el control del municipio de Tierralta, donde justamente establecieron sus lugares de entrenamiento, cuarteles militares y finalmente la zona de distensión para desmovilizarse.

Según la providencia, Mancuso “llegó a la vereda Las Flores interesado en su ubicación y conexión estratégica entre los corregimientos de Santa Fe de Ralito y Palmira, ambos centros de control paramilitar. Esto, aunado con la construcción de un campo de entrenamiento al sur del cacerío de Santa Marta, generó para los habitantes de la vereda mencionada un período agudizado de violencia entre los años 1997 y 2003 a través de actos como homicidios selectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual y ventas forzadas”.

Los casos de estas siete familias se acumularon en una sola solicitud de restitución porque comparten elementos probatorios, hechos victimizantes y el mismo modus operandi en el despojo. Por ejemplo, el juez estableció que los paramilitares obligaron a los campesinos a dejar sus tierras y a venderlas, por montos irrisorios, a Luz Amparo Martínez García, madre de Rubén Darío Obando Martínez, quien era un temido comandante paramilitar.

Aun así, era por todos conocido que la tierra era para satisfacer la ambición de Mancuso, dueño y señor de la zona. La evidencia muestra que posteriormente las escrituras de estos predios fueron transferidas a Mancuso Daraix y CIA, sociedad en comandita S en C. Además, uno de los campesinos despojados contó que su finca colindaba con la hacienda El Cairo, de propiedad de Mancuso, y que el administrador de la finca le insistió por mucho tiempo que vendiera la tierra. Ante su reiterada negativa, el jefe paramilitar convocó a las familias vecinas de su hacienda, les explicó con frialdad que necesitaba la tierra y les indicó la manera como debían transferir los derechos de propiedad, nuevamente a nombre de la empresa de Mancuso y su compañera sentimental.

Luego de conseguir el control jurídico y material de todas las tierras, Mancuso y Dereix procedieron a englobar los terrenos y aclarar los linderos en escrituras públicas bajo el nombre de “Tierra Santa”. Actualmente, el predio está en manos de Inversiones Y & R SAS, la cual se la compró a Wílmer de Jesús Cardona Tirado, quien a su vez la había adquirido de manos de Ganadería El Cairo LDT (antes Mancuso y Dereix).

El proceso judicial de restitución contó con la oposición de la señora Dereix Martínez, quien declaró haber sido esposa del comandante de las Autodefensas en los años 80. También detalló que en 1998 liquidaron la sociedad conyugal y que a ella le correspondieron $300 millones, que Mancuso pagó con tierras, entre ellas los predios mencionados. Igualmente, la exesposa del jefe paramilitar sostuvo que en 2002 entregó a la Fiscalía todos los bienes en que hubiera tenido injerencia su exmarido y más de $1.200 millones. Por estas razones, argumentó que ella no tenía conocimiento de la procedencia de las tierras, que tuvo buena fe para entregar los bienes con el fin de reparar a las víctimas y que, por lo mismo, considera que fue un “tercero de buena fe”.

Aun así, el magistrado especializado del Tribunal de Antioquia ordenó la restitución de los predios a las familias campesinas, negó las pretensiones de la señora Dereix y ordenó que los beneficiarios de la restitución contarán con el alivio de pasivos por impuestos y servicios públicos, generados durante los años despojados. Así como recibirán apoyos de la Unidad de Restitución de Tierras para echar a andar proyectos productivos, asesoría técnica y subsidio de vivienda, entre otros beneficios. Así se cierra un capítulo de despojo por parte de Mancuso y su familia en Tierralta (Córdoba).