Las preocupaciones de la ONU sobre la implementación

Observadores internacionales que hicieron parte de la primera misión de la ONU en Colombia.Misión de la ONU en Colombia

Entre abril y diciembre del año pasado fueron asesinados 34 excombatientes de las Farc y 13 familiares de quienes hacían parte de la guerrilla. Así lo acreditó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que viene haciéndole seguimiento a la implementación del acuerdo firmado por el Gobierno y la insurgencia. Los departamentos en los que más se presentaron estos homicidios fueron Nariño, con 15; Antioquia, con 8 y Cauca, con 5.

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Naciones Unidas, en su informe que comprende 90 días entre el 26 de septiembre y el 26 de diciembre de 2017, hizo un llamado para que “se establezcan medidas de protección” para los miembros del partido político de la exguerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que participan en diversas actividades políticas. Lo anterior teniendo en cuenta que se han reportado amenazas en Antioquia, Caquetá, Cauca y Nariño.

En el documento también quedó consignada la preocupación de la misión de la ONU por las agresiones contra líderes sociales. Las cifras son alarmantes: desde enero hasta el 20 de diciembre del 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 73 asesinatos de líderes, 18 de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, estaba verificando 11 casos más.  

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Tanto los asesinatos de excombatientes como los de líderes sociales llevaron a que la ONU llamara la atención sobre la seguridad en las zonas que, en los tiempos de la guerra, estaban bajo control de las Farc. En el informe aseguran que la ausencia o la presencia insuficiente del Estado en estas regiones ha dado paso a que “grupos armados ilegales se expandan rápidamente con el propósito de aprovecharse de los ingresos procedentes de las actividades económicas ilícitas”.

Especial mención tuvo el Pacífico, región de la cual se nombró puntualmente la masacre en Tumaco (Nariño) el 5 de octubre del 2017. En los hechos, presuntamente perpetrados por la Policía Antinarcóticos, murieron ocho campesinos que intentaban impedir la erradicación forzada de los cultivos de coca. “Es sumamente importante que la Fiscalía y la Procuraduría concluyan sus investigaciones e impongan las sanciones que procedan a los autores”, sentenció el informe.

Otro aspecto de la implementación del acuerdo de paz sobre el que el documento llama la atención es la reincorporación de los excombatientes. Naciones Unidas ha alertado cómo han venido saliendo de los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación. Aunque entre las causas están diligencias personales o políticas, también “la frustración creciente por la falta de oportunidades es un motivo importante”. El agravante es que el organismo multilateral dice que “en algunos lugares muchos exmiembros de las Farc se han unido a grupos ilegales o disidentes”.

La ONU también se manifestó acerca de la situación de los miembros de las Farc que no están recibiendo las prestaciones para la reincorporación. El informe señala que en las listas que presentó la exguerrilla había 14.178 personas, de las cuales 1.727 siguen a la espera para acceder a los derechos, estipulados en el acuerdo de paz, que tienen por hacer parte del proceso de reincorporación. “Urge que estos casos se resuelvan en breve”, expresó el organismo internacional. Además, 241 integrantes de las Farc siguen presos.

En cuanto a la reincorporación política, la ONU resaltó como “una señal positiva” que en diferentes regiones del país se adelantaran eventos en el marco del lanzamiento de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sin que se presentaran altercados.

También hay preocupaciones frente a la reincorporación social y económica. Aunque el informe destacó que el Consejo Nacional de Reincorporación mantuviera reuniones cada semana, también advirtió que “no ha cumplido su tarea principal: elaborar un plan nacional de reincorporación”.

La atención en salud de quienes dejaron las armas es un tema importante en el informe. La ONU calificó como “conveniente” prorrogar los servicios que presta el Ministerio de Salud en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación que por decreto presidencial irían hasta el 31 de diciembre de 2017. También instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que preste atención a los niños, hijos de exguerrilleros, que habitan dichos espacios.

El cese al fuego con el ELN

Otro de los mandatos que tiene la ONU en Colombia es verificar el cese al fuego bilateral entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretado desde el 4 de septiembre de 2017 hasta el 9 de enero del 2018.             

El informe señalo que “si bien se han registrado algunos incidentes, no ha habido grandes enfrentamientos entre las partes”. Al mismo tiempo, destacó que ese acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla ha significado un beneficio para la población civil.

Basado en el alivio humanitario en las regiones, las Naciones Unidas hicieron un llamado para que tanto el Gobierno como el ELN hagan “todo lo posible para preservar esos logros y aumentar los beneficios para la población”.  

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