Las grietas de la paz: ocho escenarios de un acuerdo en crisis

La captura de “Santrich”, las dudas en el manejo de los recursos, la campaña electoral, el choque con la institucionalidad, el incumplimiento a las víctimas, las disidencias, los cultivos ilícitos y el asesinato de líderes sociales y excombatientes muestran un complejo rompecabezas por rearmar.

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Al presidente Santos le quedan 112 días de Gobierno para consolidar la implementación de la paz. / AFP

Desde el primer día de las negociaciones con las Farc, en agosto de 2012, se dijo que más difícil que llegar a un acuerdo de fin del conflicto iba ser construir la paz y la reconciliación. El Acuerdo de La Habana es considerado internacionalmente como el más novedoso y, a la vez, el más complejo que ha conocido la justicia transicional. Y su primer año de implementación así lo ha ratificado. Cuando nos acercamos al primer aniversario de la dejación de armas de la que era la guerrilla más antigua del conteniente, la fotografía actual resulta agridulce, más cuando en las últimas semanas el país ha conocido dos sucesos que han puesto a prueba lo pactado: la detención de Jesús Santrich, uno de los líderes de las Farc, por supuesto narcotráfico después de la firma de la paz, y las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los dineros aportados por la comunidad internacional para la implementación. El Acuerdo parece hacer agua en el choque con la realidad de Colombia. Este es el rompecabezas que el próximo Gobierno tendrá que ver cómo rearma.

La captura de “Santrich”

El momento más difícil que haya vivido el proceso con las Farc, desde su inicio hasta hoy, es sin duda la captura de Santrich, miembro del consejo político nacional del hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y quien el 20 de julio de este año ocuparía una curul en la Cámara de Representantes. Se le señala de participar en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos y la investigación en su contra fue realizada por la DEA y la Fiscalía General, en una operación conjunta de infiltración que se desarrolló desde hace casi un año.

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Siendo uno de los líderes más visibles de la desarmada guerrilla, su detención ha tenido efectos traumáticos. Los miembros de la FARC han declarado que se trata de un montaje judicial con el fin de extraditarlo y provocar una desbandada del Acuerdo de Paz por parte de los excombatientes. Pero, al mismo tiempo, a los mandos medios y los principales dirigentes de la organización se les revivió el fantasma de la extradición, el cual puede convertirse en el peor enemigo de lo pactado y de la unidad de la FARC.

Los recursos de la paz

Una carta privada de los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega al Gobierno se convirtió en el prólogo del escándalo por los posibles malos manejos de los recursos de la paz. Desde ese día, los entes de control y los medios de comunicación han indagado sobre la manera como se han utilizado los dineros que debían servir para implementar el Acuerdo de La Habana. Aunque hay más dudas que certezas, el caso ya ha cobrado las cabezas de dos altos funcionarios: el secretario general de la Justicia Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, y la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina.

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El fiscal, Néstor Humberto Martínez, anunció que se avanza en la investigación de una red de intermediarios que estarían direccionando contratos a particulares a cambio de coimas y porcentajes sobre los dineros adjudicados. De otro lado, la Contraloría y la Procuraduría también están revisando cerca de 1.800 contratos, tanto de la JEP como de los distintos fondos de dinero de la paz. Las primeras informaciones hablan de que en este nuevo capítulo de corrupción estarían involucrados alcaldes, gobernadores, congresistas y particulares, e incluso ya se habla de que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, segundo en jerarquía de la exguerrilla, estaría involucrado en este cartel de corrupción. Y el presidente Santos ha dicho que no le temblará la mano para sancionar a quienes resulten involucrados en irregularidades.

La campaña por la Presidencia

Hay quienes dicen que la campaña electoral arrancó desde el plebiscito que convocó el presidente Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos de La Habana, realizado en octubre de 2016. Desde ese entonces, la polarización y el encono de la oposición contra el Gobierno no han dado tregua. Se padeció en la puja electoral por el Congreso y ahora se siente con rigor en plena recta final de lucha por la primera magistratura del Estado, en la que se ve un país dividido entre quienes creen que se debe hacer trizas lo pactado, reformando algunos de los puntos centrales, y quienes consideran que se debe respetar la palabra empeñada. Con un ingrediente adicional: faltan proyectos claves por aprobar en el Legislativo —como el de la Reforma Rural Integral, por ejemplo— y la gobernabilidad del jefe de Estado, a estas alturas, es pírrica.

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La realidad muestra que Santos logró concretar el Acuerdo de Paz con las Farc —de hecho, se ganó el Nobel—, pero no pudo unir al país. Es lo que se ve hoy en la campaña electoral, en medio de las dudas, porque en muchos de los sectores proclives a la paz sienten que no hay un blindaje jurídico suficiente, mientras el uribismo reitera constantemente su mensaje de que se pasó por encima de los resultados del plebiscito y que lo que impera es la impunidad. En cada debate entre los candidatos, quienes hicieron parte del Gobierno, caso Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, son centro de cuestionamientos, y ninguno quiere cargar con la alta desfavorabilidad del Gobierno que muestran las encuestas. A la implementación la cogió la noche, no se avanzó lo suficiente y se llegó al peor de los escenarios: se cruzó con la cita a las urnas, donde la estrategia política es apelar al miedo, la rabia y la frustración.

El choque del Acuerdo con la institucionalidad colombiana

Terminada la larga y traumática fase de negociación en La Habana, el Acuerdo tuvo que enfrentarse a una hosca realidad política. La derrota en el plebiscito produjo un retraso y una falta de legitimidad que rápidamente hizo que las batallas de la mesa de negociación se trasladaran al Congreso de la República. El avance en el trámite de las iniciativas que debían convertirse en normas y leyes se hizo lento y complejo en el Capitolio y los escritorios de las entidades del Estado y encontró duros adversarios en la Corte Constitucional.

Desde la Ley de Amnistía, que tras aprobarse tuvo serios retrasos para ser cumplida, hasta las modificaciones que se hicieron a los proyectos del sistema de justicia, produjeron una fuerte desconfianza entre la FARC, el Gobierno y la comunidad internacional. Eso sin contar con que un importante número de iniciativas no llegaron al Legislativo ni fueron admitidas por la Corte, con lo que varios aspectos del Acuerdo de Paz continúan en el limbo. El Senado hundió las Circunscripciones Especiales, se le hicieron fuertes modificaciones a la Jurisdicción Especial de Paz y el grueso del Acuerdo en materia de desarrollo rural no fue presentado, como la ley de tierras y el catastro multipropósitos. La implementación del acuerdo de drogas ha convulsionado las áreas cocaleras e incluso ha dejado muertos. Una serie de decretos presidenciales, emitidos durante las facultades extraordinarias, han sido derribados por la Corte y en la última semana se conoció que casi el único instrumento de la Reforma Rural Integral está a punto de ser declarado inexequible. En concreto, cuando se dijo que el aterrizaje de la paz iba a ser difícil, nunca se pensó que lo que ocurriría es que casi todo lo que se conoce como establecimiento le diera la espalda a lo pactado.

Incumplimiento a las víctimas

Desde el instante en que se empezó a negociar el fin del conflicto con las Farc, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo. Sin embargo, muy poco de lo que quedó en el papel se ha materializado en beneficio de ellas. El Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición hasta ahora va en la fase de alistamiento. Se están instalando oficinas, contratando personal y construyendo los modelos de trabajo, mientras avanza a media marcha la llegada del Estado a los rincones más golpeados por la guerra. En parte, los palos que le han cruzado desde el Congreso han impedido el avance de la normatividad que necesitaba la implementación en esta materia, como las 16 curules especiales de paz, que les debía otorgar representación directa en el Legislativo desde julio de 2018. El 30 de noviembre pasado, el Senado tiró por la borda la posibilidad de que las víctimas ocuparan esas sillas pactadas en el Acuerdo y le dio un duro golpe a la llamada paz territorial, que implicaba la intervención urgente del territorio con oferta institucional y representación política.

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En este asunto, la oposición, encabezada por el Centro Democrático y Cambio Radical, nunca dio su brazo a torcer, con el argumento de que las curules para las víctimas beneficiaban a las Farc. El Gobierno, ya con las mayorías diezmadas por la prematura campaña electoral, no tuvo los votos suficientes para garantizar su participación. Ahora, en el Congreso cursan tres proyectos de ley de diversos espectros políticos, que buscarán darles voz y voto. Otro tema que afecta directamente a las víctimas es el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que, según el informe de enero pasado del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), era apenas del 12 %. Hay organización, hay presupuesto y hay personal para su ejecución en 170 municipios, sin embargo, persisten problemas calificados como estructurales, que podrían poner en riesgo su implementación, tal como la falta de reconocimiento de la población campesina, que ha pedido ser contada para ser beneficiada con las políticas públicas, así como sucede con otros grupos poblacionales.

Las disidencias

Los grupos disidentes de las Farc son un fenómeno cuyo estudio tiene diversos diagnósticos. Las cifras varían en el número de sus integrantes o el lugar donde operan. Según el Ministerio del Interior, por ejemplo, sólo hay 140 personas en todo el país que no se acogieron al Acuerdo de Paz. Pero para International Crisis Group, sus integrantes pueden llegar hasta los 1.000 combatientes, que representarían el 12 % de quienes se desmovilizaron de la antigua guerrilla. Para la Fundación Paz y Reconciliación, hay activos unos 700 hombres armados en 15 grupos disidentes, concentrados en 43 municipios de Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Guainía, Meta, Caquetá y Putumayo.

La mayoría de ellos están liderados por antiguos mandos medios de las Farc y ejercen control en territorios en donde persisten las rentas ilegales mineras o cocaleras. El primero en surgir oficialmente fue el denominado frente Primero, cuyo comandante es conocido como Gentil Duarte, un antiguo comandante que incluso estuvo en los diálogos de La Habana y que, desde el 10 de junio de 2016, declaró que no se desmovilizaría porque desconfiaba de la capacidad del Estado colombiano para resolver las causas estructurales del conflicto.

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La incertidumbre frente a la implementación del Acuerdo a causa de retrasos e incumplimientos, sumada a la inseguridad física, jurídica y social a la que se enfrentan los excombatientes y sus familias, ha llevado a que decenas salgan de los territorios destinados a su reincorporación con el fin de buscar oportunidades en disidencias u otros grupos criminales. La semana pasada este fenómeno hizo metástasis en la frontera con Ecuador. El frente Oliver Sinisterra, integrado por unas 450 personas bajo el mando de alias Guacho, asesinó a tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador, desatando una fuerte tensión intencional.

El aumento de los cultivos ilícitos

Los expertos consideran que el narcotráfico ha sido el combustible de la guerra. Por eso mereció uno de los puntos del Acuerdo de Paz y en este año largo de implementación las cosas no parecen ir tan bien. El reporte más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró el incremento de cultivos ilícitos en Colombia: el número de hectáreas sembradas pasó de 96.000 en 2015 a 146.000 en 2016. Es decir, hubo un incremento del 52 % y ahora que estamos próximos al siguiente informe anual, fuentes no oficiales afirman que el aumento será mayor.

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El reto para el Gobierno no ha resultado menor, dado que en el Acuerdo se planteó un plan de acción que incluye la oferta de la sustitución voluntaria con apoyo institucional o la erradicación forzosa. El compromiso era finalizar el año con 50.000 hectáreas sustituidas y otras 50.000 erradicadas. Algunos dicen que la suspensión de la aspersión aérea y la reducción de la erradicación forzosa explican el aumento. También introducir términos como “cultivos de uso ilícito” en lugar de “cultivos ilícitos” permitió que las comunidades interpretaran una especie de autorización para sembrar coca. Los beneficios en los programas de sustitución, adicionalmente, se convirtieron en un incentivo para sembrar más, pues la lógica ha sido creer que entre más número de hectáreas sustituyan, mayores dividendos recibirán.

Finalmente, pese a que el valor de la hoja de coca se redujo, el precio del dólar ha sido estable. En últimas, son todos retos que, de no tomar acciones prontas para reducir los efectos derivados del propio Acuerdo de Paz, los programas de desarrollo alternativo podrían resultar un fracaso. Algunas cifras: en 2016 se logró la formalización de 755 predios bajo el programa Formalizar para Sustituir, se erradicaron 18.227 hectáreas bajo el modelo de erradicación forzosa y se atendió a 17.970 familias bajo la modalidad de sustitución voluntaria. Norte de Santander y Nariño siguen siendo los departamentos más afectados por cultivos ilícitos.

Las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá se han visto impactadas por el aumento del tráfico de drogas, pero también por el paso de contrabando y las oleadas migratorias desde Venezuela y diversos países del Caribe, que pasan por Colombia en su avance hacia el norte. Sin embargo, tras el desarme de las Farc, el andén Pacífico se ha convertido en un escenario de disputa entre Eln, Epl, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, todos los cuales buscan ocupar los espacios dejados por las Farc.

El asesinato de líderes y excombatientes de las Farc

El otro fenómeno que tiene en jaque el Acuerdo es el asesinato de líderes y excombatientes de la desmovilizada guerrilla. Y aquí, como en el tema de las disidencias, no hay cifras unificadas. El Gobierno tiene unas, y la ONU y las organizaciones de derechos humanos, otras. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) afirma que en 2017 se registraron 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz, y la Fundación Paz y Reconciliación señala que, en lo corrido de este año, cada cuatro días se marca un nuevo punto rojo en la cartografía de estos crímenes. La ONU estableció que durante 2017 se presentaron 441 ataques contra defensores de derechos humanos. De ellos, 121 fueron homicidios. Aun así, el Ministerio de Defensa insiste en que dichas acciones no son sistemáticas.

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En el caso de los excombatientes de las Farc, algunos registros de prensa señalan que, en el transcurso del año pasado, los exguerrilleros recibieron al menos 144 panfletos amenazantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras y el Eln. A su vez, la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU denunció que, desde la firma del Acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, hasta febrero de este año, 40 excombatientes han sido asesinados. Y sus familiares también han sufrido persecuciones, atentados y homicidios.

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