Las drogas después del acuerdo final

El monitoreo de la ONU reportó que los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron en el último año. / Archivo

Una de las discusiones más críticas en la negociación en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc fue la solución del problema del narcotráfico, el mal que por décadas ha sido el combustible del conflicto armado. El punto cuarto del acuerdo de paz que se firmó hace dos días es la hoja de ruta para enfrentar una problemática que tiene diversas aristas: crimen organizado, sustitución de cultivos ilícitos, temas de salud pública y el lío de crear consensos de alcance mundial que generen cooperación internacional para la lucha contra las drogas.

Las Farc y el Gobierno dejaron claro que se priorizarán las regiones y comunidades más pobres, en situación de abandono, a las que la violencia por el narcotráfico ha marginalizado, en las que existe mayor densidad de cultivos ilícitos y en las que transitoriamente se establecerán las Farc. Asimismo, que las políticas públicas que se creen deben tener un enfoque diferencial, de género y de salud pública, y que además protejan a los consumidores y cultivadores.

En el acuerdo de paz se pone como tarea intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico —tanto en temas de lavado de activos como la extinción de dominio de sus bienes— y que ocuparían los espacios que antes controlaban las Farc. La labor no es fácil, pues se trata de bandas criminales, como el clan del Golfo —antes Urabeños o clan Úsuga—, que desde la época del paramilitarismo han controlado el negocio.

Las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier vínculo que en función de la rebelión se hubiese presentado con el narcotráfico y a esclarecer la relación entre la producción y comercialización de drogas ilícitas. Por su parte, el Gobierno aseguró que fortalecerá la presencia del Estado en estas zonas para proteger a comunidades de cualquier amenaza e implementará un plan de desminado y limpieza en las áreas donde las Farc protegían cultivos ilícitos.

El tema de la judicialización efectiva fue uno de los referentes del punto cuatro del acuerdo de paz, pues se ordena crear una serie de políticas que “darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son las personas que cultivan y las que consumen drogas ilícitas”. Palabras más, palabras menos, perseguir a los verdaderos capos y no simplemente a personas adictas o que siembran coca en zonas rurales. Asimismo, establecer controles más estrictos sobre la producción, importación y comercio de insumos químicos requeridos para la producción de drogas ilícitas.

Uno de los llamados al tema de la sustitución de cultivos es que se respeten los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca que le dan comunidades indígenas. Además, que se dé la posibilidad de utilizar los cultivos ilícitos para fines médicos y científicos: “La solución al problema de las drogas ilícitas es la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito”, se lee en el acuerdo final.

La mesa de negociación pactó crear planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, que harán parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual se debe construir junto con la comunidad, pues en todas las regiones del país la economía y el territorio tienen características diferentes. “Debe tener un enfoque territorial y de género (…) las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales, en especial de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

La participación de las comunidades se realizará a través de asambleas comunitarias, las cuales elegirán a sus representantes ante los consejos municipales y terminarán definiendo la estrategia para la sustitución de cultivos a seguir. En esas asambleas se deberá elaborar una propuesta sobre la base de un diagnóstico colectivo que permita definir las necesidades que tienen los cultivadores y recolectores.

“La solución del problema de drogas ilícitas hace parte del compromiso del Gobierno de hacer efectiva la reforma rural integral y los planes comunitarios y municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA)”. Es decir, que la sustitución de cultivos, que se tiene que dar de forma consensuada y voluntaria con la comunidad, hace parte de la reforma rural integral (el primer punto del acuerdo de paz). “El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos será la autoridad nacional competente, en cabeza de la Presidencia de la República, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales y tendrá un carácter civil”, puntualiza el texto firmado por las Farc y el Gobierno.

El punto cuarto del acuerdo final hace énfasis en que la sustitución de cultivos debe ser voluntaria para generar confianza entre las comunidades y que el Gobierno tiene la obligación de brindar asesorías técnicas, entregar materiales y aprovisionar de insumos y recursos a quienes se integren a los programas. El objetivo es que tengan ingresos a corto plazo y por eso la propuesta es crear proyectos rápidos, como cultivos de corto ciclos, piscicultura y avicultura. También tiene el compromiso de generar empleos en la región —puede ser en las mismas obras de infraestructura que se construyan en la zona— a todas las familias de cultivadores y recolectores que dependían de este negocio.

El Gobierno se comprometió a tramitar leyes que permitan renunciar a la persecución penal o quitarles las propiedades a los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con los cultivos ilícitos, “dentro de un término de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente ante las autoridades competentes, su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito. La manifestación voluntaria de renuncia al cultivo de uso ilícito y a la permanencia en dicha actividad, podrá darse de manera individual, o en el marco de acuerdos de sustitución con las comunidades”.

Entre las ayudas económicas que entregará el Gobierno a las familias de los cultivadores y recolectores está darles asistencia alimentaria, que puede ser la entrega directa de mercados o bonos, hasta por un año y de acuerdo al tamaño del núcleo familiar. El objetivo con los planes de sustitución de cultivos es promocionar la “asociatividad” e incorporar a las mujeres como actores activos. Tanto así que desarrollarán un programa de guarderías infantiles rurales.

Sin embargo, también le impusieron un compromiso a la comunidad, la no resiembra: “El compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos. En los acuerdos con las comunidades se definirán los tiempos para el cumplimiento de los compromisos”. Por eso se estableció que si, en el marco de la suscripción de un acuerdo de sustitución de cultivos, una persona se niega a cumplir con el compromiso, el Gobierno procederá a su erradicación —priorizando el modelo manual—, luego de haberle informado a la comunidad.

Se estableció un enfoque diferencial y de género, que responda a las realidades de los consumidores, pues las características de las poblaciones más vulnerables varían según edad, género, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica. La atención a estas personas se dará en el marco de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

Este sistema será integrado por autoridades, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres y madres de familia, comunidades religiosas y personas consumidoras. Entre los principales planes está minimizar el impacto en la persona consumidora y su familia, priorizando poblaciones más vulnerables como habitantes de calle, mujeres y población carcelaria.

Se creó también el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que será una instancia de alto nivel para articular las instituciones con competencia en la materia. El objetivo es crear políticas frente al consumo, con tres enfoques. El primero, en derechos humanos, para evitar la estigmatización y discriminación de los consumidores que terminan siendo perseguidos penalmente. El segundo, de salud pública, en el que se promocionen estilos de vida saludables y se prevenga el consumo, se dé tratamiento clínico y se logre la rehabilitación.

Finalmente, en el acuerdo de paz se insta al Gobierno a promover una conferencia internacional en el marco de las Naciones Unidas, “para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia”. El propósito es que el debate también se dé en organizaciones regionales, como la OEA, Unasur y la Celac.