Las 9 preocupaciones de la Onu sobre la implementación del Acuerdo de Paz

El último informe del Secretario General de esa organización hace varios llamados de atención para que la paz sea una realidad en el país. Los cultivos de uso ilícito, el enfoque de género y las agresiones contra defensores de los derechos humanos generan inquietud.

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Velorio de Héctor Ramiro y Arturo García, líderes awá asesinados el primero de diciembre en Ricaurte (Nariño)./ Tom Laffay

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio a conocer un informe en el que hace un balance de la implementación del Acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las Farc en noviembre de 2016. Dicho documento se centra en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 26 de diciembre del 2018.

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La Onu destaca algunos avances en la implementación y el trabajo que adelantan algunas instancias compuestas por el Gobierno de Iván Duque y exguerrilleros de las Farc. El informe hace varios llamados de atención sobre temas a los que el Estado debería prestar especial atención para garantizar que la paz llegue a los territorios más afectados por la violencia. Recopilamos algunos de ellos.  

A la ONU le preocupa la situación de los defensores de derechos humanos

Las cifras de violencia contra los defensores de derechos humanos que cita el informe son inquietantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 163 asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Específicamente, entre septiembre y diciembre de 2018 verificó 7 casos y está verificando 22 más. Los departamentos en donde más asesinatos se registraron fueron Cauca, Norte de Santander y Antioquia. “Me sigue preocupando enormemente que durante el período que abarca el informe se hayan seguido produciendo con impunidad ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos”, reza el documento.

“Lo más preocupante es la inseguridad que se vive en varias zonas del campo, donde el número de líderes sociales que está siendo asesinado es alarmante, muchos exmiembros de las FARC-EP también han sido víctimas y el Estado, cuya presencia es necesaria, aún no ha llegado”, complementa el Guterres. El organismo multilateral llamó la atención sobre la “importancia crítica” de implementar el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas, creado por el presidente Iván Duque el 19 de noviembre del año pasado.

La ONU, a su vez, instó al Gobierno a implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Seguridad de los excombatientes: Preocupan los nuevos puntos de agrupamiento y el enfoque de género

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la Onu ha verificado el asesinato de 85 excombatientes de las Farc. En los departamentos donde más casos se registraron fueron en Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño y Norte de Santander.

El documento hace un corte de cuentas de la acción de la justicia. De un total de 87 agresiones, incluidos los 85 asesinatos, “la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación. Hasta la fecha, se ha detenido a 27 personas en total en relación con ataques perpetrados contra exmiembros de las FARC-EP”.

La ONU también expresa inquietud por la situación de los nuevos puntos de agrupamiento que los excombatientes han empezado a fundar. “Muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”, quedó consignado en el documento.  

El organismo multilateral le sugirió al Estado medidas tendientes a mejorar la seguridad de las mujeres que dejaron las armas. Pidió que “haya más mujeres entre el personal de seguridad desplegado y una mayor formación en cuestiones de género para mitigar los riesgos específicos para la seguridad de las mujeres en los territorios y responder a ellos”.

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El enfoque de género está quedado

“Se registraron tímidos progresos en la implementación de las disposiciones de género contempladas en el Acuerdo de Paz en lo concerniente a la reincorporación y las garantías de seguridad”, señaló el Secretario General. Se apoyó en un informe elaborado por ONU-Mujeres, Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres a través del Instituto Kroc, en el cual quedó consignada la inquietud “por el ritmo de reincorporación de las mujeres excombatientes y por las garantías de seguridad de las lideresas y defensoras de los derechos humanos”.

Para superar esos rezagos, Guterres resaltó la importancia de que “el Consejo Nacional de Reincorporación se base en la hoja de ruta para la implementación de 16 medidas relacionadas con el género del Consejo Nacional de Política Económica y Social que han sido elaboradas por su Mesa de Género y por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer”.

Seguridad jurídica y abogados para la Justicia Especial para la Paz

El informe de la Onu revela que todavía hay recluidos 16 miembros de las Farc, que fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. También hay 254 excombatientes, que siguen en la cárcel, y cuya situación está siendo objeto de estudio para decidir si se les otorga la acreditación.  Por otro lado, el organismo multilateral asegura que hay 1000 exguerrilleros a la espera de que sus casos sean estudiados.

Otro hecho sobre el cual llama la atención el documento es lo que denomina “una serie de actuaciones durante el período examinado que están contribuyendo a generar en los exmiembros de las FARC-EP una creciente sensación de inseguridad jurídica”. En el mismo párrafo se hace alusión a la proposición del representante del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, Álvaro Hernán Prada, con la cual se pretendía darle potestad al presidente para reactivar las órdenes de captura contra las personas en proceso de reincorporación. También reseñó que hubo varios encarcelamientos de excombatientes “ante la ausencia de una definición célere de su situación jurídica”.

El secretario general, también se refirió al número de abogados que componen el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz. Reseñó que sólo hay cuatro abogados para las víctimas, ocho abogados para los exmiembros de las Farc y un abogado para los militares. También está integrado por 17 abogados que no representan, sino que brindan asesoramiento jurídico y 9 especialistas en asistencia psicosocial para atender a los exmiembros de las Farc. “La Misión observa con inquietud el modesto número de abogados contratados hasta la fecha y apoya los planes para reforzar sustancialmente el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa en el futuro”, enfatizó.

Acceso a la tierra como pilar de la reincorporación

“El acceso a la tierra constituye la esencia misma de la reincorporación efectiva”, enfatiza el Guterres en el informe. El documento también señala que solamente se ha adquirido un predio para el desarrollo de un proyecto productivo.

En cuanto a los proyectos productivos, la Onu aseguró que “es particularmente importante asegurar que todos incluyan elementos de sostenibilidad”. En el mismo sentido, llamó a que las iniciativas de reincorporación avancen en los niveles regional y local. “La participación activa de las autoridades regionales y la armonización de los programas de reincorporación con los enfoques regionales y comunitarios serán ingredientes esenciales para el éxito”, puntualizó.

Cultivos de uso ilícito

La Onu le envió un mensaje al Gobierno sobre las 90.000 familias que firmaron acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito: “será importante que se mantengan los compromisos con las familias en el contexto de la nueva estrategia antidrogas del Gobierno y de la política integral ‘Paz con Legalidad’”. A su vez, recordó que el 92% los núcleos familiares que han recibido beneficios financieros producto de esos compromisos han erradicado sus cultivos.   

“El éxito en la reducción de la violencia y la inseguridad en las comunidades de las antiguas zonas de conflicto está inextricablemente vinculado al éxito en la lucha contra las economías ilegales que durante mucho tiempo han alimentado esa violencia y esa inseguridad”, resaltó el documento.

No romper los canales de comunicación con el Eln

Es escueta la mención al proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno de Iván Duque. Guterres enfatizó: “es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos”.

Garantía de derechos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación:

La Onu calificó el nivel de riesgo de 6 Etcr como “inadecuado”, las condiciones de 12 como “menos que satisfactorias” o con “niveles moderados de riesgo” y encontró en otros 6 “niveles satisfactorios de servicios, seguridad y actividad económica”. Además, llamó a la prudencia en las decisiones que se tomen sobre esos espacios citando el ejemplo de la desintegración del Etcr de Vidrí, en Chocó, como un hecho que tuvo un efecto “muy negativo en la reincorporación y la seguridad de los excombatientes”.

“Será importante que toda decisión que se adopte a ese respecto se base en una comprensión plena de las condiciones de los distintos Etcr, así como de las de otros puntos de reagrupamiento rurales y urbanos, habida cuenta, en particular, de los notables retrasos en la reincorporación productiva que se han registrado en los dos últimos años”, insistió.

Inquieta la situación de los hijos de los excombatientes

Guterres expresó su preocupación por la insuficiente atención estatal a los niños que viven en los Etcr. “No se han registrado progresos importantes en lo que respecta a la prestación de servicios de guardería para los numerosos hijos de los excombatientes”, afirmó. Solo en tres de los 24 Etcr cuentan con guardería. También llamó a que se fortalezcan las actividades de salud preventiva, educativas, recreativas y culturales, que hasta ahora han recaído en organizaciones no gubernamentales internacionales. Además, concluyó que “todavía está pendiente un protocolo para los excombatientes, en particular mujeres, que trate de normalizar la tutela legal de sus hijos e hijas”.

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