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“Los líderes sociales no queremos ser noticia solamente cuando nos asesinan”, sentenció Jaime Rodríguez, vocero de Minga Nariñense por la Paz, una organización que agrupa a 16 organizaciones sociales y siete políticas del departamento de Nariño. No es para menos, según cifras de Somos Defensores, un programa no gubernamental que trabaja por la protección de los defensores de derechos humanos, 80 líderes sociales fueron asesinados en 2016.
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La sentencia de Rodríguez se dio en medio del lanzamiento de la Agenda común para la paz desde los territorios (AGP), un proyecto que tiene como objetivo articular las propuestas de paz que las organizaciones sociales han planteado desde hace años en 19 departamentos del país. La iniciativa de las ONG Planeta Paz y Oxfam, que contó con el apoyo de la Unión Europea, escuchó entre marzo de 2014 y febrero de 2017 a 338 mujeres y 427 hombres que ejercen labores de liderazgo al interior de sus comunidades. “Cada uno de nosotros tiene conocimiento del territorio, conjugamos eso y hemos hecho una propuesta para el país”, afirma María Quiñonez, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Nariño.
La confluencia de las experiencias regionales incluye preocupaciones comunes como el reconocimiento de los territorios de minorías étnicas, la participación de las mujeres y el fortalecimiento de las economías comunitarias. Quiñonez proporciona un ejemplo, asegura que en los nueve municipios nariñenses donde hay consejos comunitarios (unidades administrativas de comunidades afrodescendientes) se presentan choques entre las autoridades civiles y las autoridades comunitarias debido a la falta de dialogo entre las partes.
En el caso de los indígenas Wayuu la apuesta es por el fortalecimiento de su sistema de justicia. Ana Fernández, vocera de las organizaciones Junta Mayor Autónoma de Palabreros y de la Organización Binacional de Mujeres Wayyu, cuenta que debido a que su pueblo habita tanto Venezuela como Colombia muchas veces tienen impedimentos en ambos países para que las autoridades civiles respeten a las autoridades ancestrales.
Desde su cosmovisión la aplicación de justicia se hace de manera simbólica. Explica con un ejemplo: si una persona comete un asesinato dos palabreros (que en lengua llaman putchipu), uno elegido por la familia de la víctima y la otro por la del victimario, dialogan hasta llegar a un acuerdo sobre la compensación, esta se puede tasar en bienes materiales como chivos. Con medidas como esas buscan que entre las partes haya un proceso de reconciliación. “Nosotros como pueblo Wayuu no enviamos a nuestros hermanos a la cárcel. Estamos en contra de esos procesos”, cuenta Fernández.
A Bogotá llegarán 120 líderes sociales de las regiones para asistir a eventos de lanzamiento de la ACP que se desarrollan entre este viernes 24 de enero y el próximo domingo 26. Sin embargo, en Colombia históricamente ha existido una brecha entre los planteamientos de los sectores sociales y la implementación de las políticas públicas.
El reto de ser escuchados
Los cuatro líderes sociales entrevistados para este artículo coinciden en que el proceso que han adelantado durante tres años en la concertación de las propuestas tendrá efectos positivos en la vida de las comunidades sólo si el documento, fruto del proyecto AGP, es utilizado como insumo para el planteamiento de políticas públicas.
“En la AGP está el querer de las comunidades Los cambios se darán en la medida en que esas iniciativas se articulen a la acción del Estado”, señala Gerardo Bazan, integrante del Consejo Comunitario del Río Guajuí, en el municipio de Guapi (Cauca). Quien agrega que las comunidades negras del pacifico caucano tienen propuestas en tres ejes. El primero es la reglamentación de la ley 70 de 1993, norma que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y establece mecanismos de fomento de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
El segundo es la implementación del capítulo étnico acordado en la Mesa de Conversaciones de La Habana en el cual lograron que se incluyeron banderas de las minorías étnicas como, por ejemplo, el fortalecimiento de las guardias indígena y cimarrona. El último eje de sus demandas tiene que ver con el cumplimiento de la consulta previa, el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas antes de que se implementen y construyan medidas administrativas y legislativas que involucren sus territorios.
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Las ONG que lideraron la ACP empezarán a construir una ruta de incidencia para que las demandas recogidas en el proyecto se posicionen en las instancias de decisión a nivel nacional, regional y local y en sectores de la sociedad que no participaron en este ejercicio. “Ese proceso implica escenarios de acuerdos y alianzas estratégicas en esos tres niveles”, enfatiza Camila Macías, vocera de Planeta Paz.
Jaime Rodríguez, de la Minga Nariñense por la Paz, cuenta que el pasado domingo 19 de febrero estuvo en la zona veredal de normalización ubicada en el municipio de Policarpa entregando el resultado de la ACP a los cerca de 300 guerrilleros de las Farc que están reunidos a la espera de dejar las armas. Además, el jueves 23 de febrero hizo entrega del material a algunos congresistas.
Los líderes sociales han sido quienes durante muchos años han recogido las demandas de las comunidades. La ACP es en la práctica un documento que expone y propone la solución a diversas problemáticas en las regiones, una oportunidad para que el país empiece a escuchar las propuestas de quienes habitan las zonas más afectadas por la guerra y dejar de repetir una y otra vez aquello que Alberto Salcedo Ramos alguna vez sentenció en una crónica: “Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen”.