La resistencia LGBT de la comuna 8 de Medellín

Este colectivo, que fue reconocido por la Unidad de Víctimas como el primer sujeto LGBT de reparación colectiva, fue amenazado durante años por La Oficina y el Clan del Golfo, entre otros.

Luego de más de una década de liderar el proceso organizativo de la Mesa LGBT de la comuna 8 de Medellín, Jhon Restrepo tiene claro que el enfoque de reparación para atender a este tipo de población en Colombia necesita ser replanteado. Lo dice ahora, dos años después de que la Unidad de Víctimas reconociera a la Mesa como el primer sujeto LGBT de reparación colectiva —un caso único en el país y en el mundo— por haber sido víctima de sistemáticas violaciones de derechos y en momentos en que están tratando de acordar las medidas para restaurarlos.

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La Mesa surgió en 2007 con el objetivo de visibilizar y generar espacios de encuentro para la población LGBT de su comuna. En un comienzo eran 12 integrantes, pero en el punto de mayor activismo alcanzaron a ser 33, justo antes de que ocurrieran los hechos de violencia. En 2011, los grupos armados que dominaban la zona —el Clan del Golfo y La Oficina—, derivados de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron en 2005, empezaron a atentar contra el trabajo que desarrollaba el colectivo LGBT.

“Todo empezó a partir de un mural que realizamos que decía ‘Convivencia’ y que tenía una simbología LGBT. Al grupo armado no le gustó. Desde ahí comenzamos con una problemática, ya con ciertas actividades concurridas que estaba haciendo la Mesa, donde era muy visible la población”, manifiesta July Gutiérrez, integrante del colectivo, en un testimonio que fue recogido por la organización Colombia Diversa y que quedó consignado en el informe Un parche que resiste, revelado el 22 de agosto.

Entre 2011 y 2014 los integrantes de la Mesa denunciaron, no pocas veces, el recrudecimiento de las amenazas en su contra. “No van a mariquiar el barrio”, sentenciaban las intimidaciones de los ilegales. Producto de las amenazas, varios líderes del grupo tuvieron que salir desplazados de su territorio. El fenómeno se dio en un momento en que la situación en el departamento era crítica: durante ese periodo hubo 131 asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Antioquia. De esos 131 casos, 102 fueron cometidos en Medellín, según reseña el informe.

A raíz de estos hechos de violencia, la Mesa buscó que la Unidad de Víctimas reconociera el daño colectivo sufrido por todos sus integrantes. Acompañada de organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y Colombia Diversa, la Mesa de la comuna logró que el 16 de enero de 2016 la Unidad de Víctimas marcara un hito frente a esta población no solo en Colombia sino en el mundo: consideró que habían sufrido la violencia de manera especial a causa de sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas; es decir, por ser lesbianas, gais, bisexuales o transexuales.

Incluso en otros países que han sufrido períodos de graves y masivas violaciones a derechos humanos producto de conflictos armados o dictaduras, y en los que también se ha implementado este enfoque de reparación colectiva, no se había considerado a los LGBT como un grupo poblacional que podría ser objeto de reparación colectiva. Para comprobarlo, basta con revisar casos como los de Perú, Liberia, Sierra Leona y Timor Oriental, entre otros.

Pero a pesar del logro que significó que la Mesa hubiera sido reconocida de esta manera, el proceso que comenzó hace más de dos años no ha sido fácil. “Como no había referentes, implicaba una construcción desde cero. Había que interpretar la ley de víctimas y la reparación colectiva a la luz de los sectores LGBT, y de eso no existían antecedentes”, cuenta Restrepo.

En eso coincide Daniela Díaz, abogada de Colombia Diversa y una de las autoras del informe. “Como esta es una forma de discriminación y de violencia que está tan naturalizada, se piensa que es normal discriminar a un gay, gritarle cosas por la calle, decirle cosas soeces; no se cree que sea tan grave. Como no los mataron ni los violaron, entonces las amenazas y los desplazamientos no parecen importantes”.

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Sumado a ello, Díaz relata que una de las grandes dificultades del proceso ha sido que, ante la dificultad de entender la relación directa de los hechos de violencia con las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, se hacía que los integrantes del grupo “tuvieran que contar muchas veces sus hechos victimizantes. Cuando se pone a una víctima a que cuente una y otra vez lo que le pasó, se profundiza el dolor, se actúa con daño y entonces no es un proceso reparador, sino revictimizante”.

Según Restrepo, el principal reto para lograr atender a comunidades LGBT, respondiendo a las necesidades propias de esta población, es transformar la manera como se ha concebido la reparación.

“La ley de víctimas tiene un enfoque que consiste en volver a poner a la víctima en el lugar que estaba antes (del hecho victimizante); es decir que vuelvan a la condición en la que estaban. Lo que pasa con los sectores LGBT es que nosotros no hemos tenido un pasado mejor; lo que nos pasó no se lo inventó la guerra. Es resultado de una violencia estructural que tenemos como sociedad”, señala Restrepo.

Es ese precisamente uno de los principales aprendizajes que les ha dejado el camino emprendido hace años. La reparación debe ser transformativa, lo cual significa que no debe limitarse a devolver a la víctima a la situación en la que estaba, sino que debe propender por la transformación de las condiciones estructurales que hicieron posible la aparición de esas violencias.

Hoy, la ruta de reparación está en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, donde quedarán plasmadas las medidas que se tomarán para reconocer el dolor y el daño sufrido por esta comunidad, así como los pasos a seguir para repararlo. De acuerdo con el líder del colectivo en la comuna 8, estas acciones estarán orientadas, en todo caso, a fortalecer el tejido social organizativo particularmente de Casa Diversa, el nuevo espacio que surgió de todo el proceso.

“La tarea es que, al ser el primer caso, no nos convirtamos en la bitácora que hay que replicar, sino en el punto de partida para otros procesos. Aún falta mucho por contar sobre lo que ha pasado en el marco del conflicto armado con los sectores LGBT”, puntualiza Restrepo.

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