La miseria de los indígenas desplazados en Bogotá

Los emberas que viven en los pagadiarios de San Bernardo sienten que la paz no dialoga con ellos. Incumplimientos del Estado, falta de soluciones a su precaria situación y la violencia que persiste en sus territorios los tienen sobreviviendo en una de las zonas más deprimidas de la capital.

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Vendiendo artesanías y pidiendo limosna en las calles de Bogotá, cerca de 800 indígenas emberas sobreviven hoy al desplazamiento. Quieren volver a sus tierras. / Fotos: Gustavo Torrijos

Indígenas emberas, desplazados de Chocó y Risaralda, que se encuentran en el barrio San Bernardo de Bogotá, no han visto materializada la promesa según la cual las víctimas serían el centro del Acuerdo de Paz con las Farc.

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Para llegar a los inquilinatos en los que están durmiendo hay que atravesar calles cerradas con vallas por la policía, heces humanas y miseria. Ahí, en el barrio San Bernardo (ubicado a escasos 10 minutos en carro de la Plaza de Bolívar), se ubican inquilinatos que tienen pisos que perdieron su color por la suciedad y los chicles que llevan años adheridos a ellos. Es difícil no hacer arcadas por el hedor en medio del cual les toca vivir, un olor mitad a orina y mitad a suciedad. Ahí, durante las noches, los embera tienden sus colchones en el suelo.

En las calles en las que se encuentran los inquilinatos reina la marginalidad. Por varios sectores no hay asfalto, el tránsito de vehículos está restringido por vallas y saltan a la vista personas sumidas en la drogadicción. Un informe de la Empresa de Renovación Urbana, publicado en junio de 2015, da cuenta de estas problemáticas: “se encuentra regularmente indigencia, prostitución y venta de sustancias psicoactivas”. Durante el año pasado, varios medios de comunicación informaron que este barrio habría reemplazado al Bronx en Bogotá.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá calcula que unos 736 indígenas se encuentran en los pagadiarios (inquilinatos en precarias condiciones de infraestructura e higiene) ubicados en las localidades de Santa Fe, Mártires y La Candelaria. En una habitación de 3x5 metros, con una nube de moscas, deben dormir siete personas. Vivir en esos lugares les ha ocasionado enfermedades respiratorias y gastrointestinales a los indígenas. “Son condiciones infrahumanas en las que están durmiendo”, admitió Ramón Rodríguez, director de gestión social humanitaria de la Unidad para las Víctimas.

En medio de esas calles nos encontramos con tres líderes que querían mostrar sus condiciones de vida con la esperanza de que las instituciones estatales les brinden alguna ayuda para su subsistencia en la ciudad. Se quejaron de que en estos momentos no están recibiendo ningún tipo de ayuda del Estado para su alojamiento y alimentación.

Por otro lado, Rodríguez afirmó que la Unidad para las Víctimas ha entregado ayudas humanitarias que, en promedio, son de un millón 300 mil pesos cada cuatro meses. Las habitaciones de los pagadiarios cuestan unos 12 mil pesos por noche, lo que significa que mensualmente las familias tienen que destinar 360 mil pesos. La última de esas ayudas se entregó hace un mes a 120 familias. “Hay que comprender que son ayudas humanitarias y lo que se hace es dar una parte de alojamiento y alimentación (…) Dentro de nuestros parámetros están esos montos establecidos”, explicó Rodríguez. Cifras de la Secretaría de Gobierno indican que son 168 las familias que viven en los pagadiarios.

Como los recursos no les alcanzan, tienen que recurrir a la mendicidad, por medio de la cual pueden llevar unos 5 mil pesos diarios a sus casas. El idioma es una barrera para encontrar trabajo, la mayoría de ellos solamente habla lengua embera.

A las 9:30 a.m. las calles son copadas por grupos de indígenas, conformados en su mayoría por mujeres y niños, que se dispersan por las calles de la ciudad para mendigar. “Si no pedimos en la calle, nos morimos de hambre”, explicó Jairo Borocuara, líder embera chamí proveniente de Pueblo Rico (Risaralda).

Las mujeres son las encargadas de la mendicidad. Los hombres no lo hacen por dos razones: los avergüenza y dicen que los capitalinos se compadecen más de ellas y de los niños. La mendicidad les permite comer una o dos veces al día.

Han recurrido también a la venta de las artesanías hechas con chaquiras, sin embargo, se quejaron de que la policía muchas veces les hace levantar sus puestos ambulantes y de que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) molestan a las mujeres por ir con niños pequeños a los lugares donde mendigan o intentan trabajar. “No hay con quién dejar a los niños”, enfatizó Jairo Borocuara, líder de unos 17 emberas chamíes provenientes de Pueblo Rico (Risaralda).

Sobre lo anterior, la Secretaría de Gobierno dijo que el 4 de septiembre se realizó una reunión con líderes de la comunidad, la policía y el ICBF, en la que, según el vago relato (por medio de un correo electrónico) de la institución, “se establecieron compromisos para mantener una interlocución que evite inconvenientes derivados de la actuación de estas instituciones en el marco de sus competencias y obligaciones”.

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En Bogotá existe un albergue de la Unidad para las Víctimas que está copado por 287 indígenas emberas. Frente a las medidas para solucionar la situación de alojamiento de las 736 personas restantes, la Secretaría Distrital de Gobierno admitió que “no existen proyectos para la construcción de albergues para la población embera en Bogotá”.

Debido a esas situaciones, que los han llevado a convivir con el hambre y la marginalidad, piden que la atención estatal mejore, que se destinen recursos para garantizar su alojamiento y su alimentación, pero lo que añora la mayoría es volver a los territorios de los cuales han tenido que salir dos veces.

Doble desplazamiento

Entre 2011 y 2012 la llegada de emberas a Bogotá se incrementó debido al desarrollo del conflicto armado en Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda, y Bagadó, en Chocó. Las afectaciones a los nativos venían de tiempo atrás. En el Auto 004 de la Corte Constitucional quedó documentado que para 2009 los emberas se habían declarado en emergencia humanitaria porque la guerra que se libraba en sus territorios había ocasionado “muertes, desapariciones, desplazados y amenazas, en particular muertes de líderes”.

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Tras años de resistir en ese contexto, llegaron a Bogotá. En ese tiempo también empezaron a asentarse en los pagadiarios de San Bernardo. Sin embargo, la esperanza volvió cuando lograron concertar con el Estado planes de retorno a sus territorios. Entre 2012 y 2016 retornaron.

La esperanza duró muy poco. A pesar de que el plan de retorno había sido firmado, el 17 de julio de 2012, por representantes de varias instituciones estatales como el Ministerio de Educación, el de Salud, el ICBF y el Incoder, las promesas en él consignadas, dicen, nunca se cumplieron.

La materialización de esos compromisos estaba a cargo de 53 entidades estatales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv). La oficina asesora de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas y el Grupo de Retornos de la Unidad corrobora la versión de los indígenas: “Es cierto que ha habido incumplimiento por parte de varias entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) en los retornos anteriores”.

Por eso se volvieron a desplazar hacia Bogotá. “Si nosotros nos quedamos en el resguardo, ellos (las instituciones estatales) no nos van a visitar ni nos van a escuchar. Eso se quedaría así”, enfatizó Jesús Sintua, líder de los emberas katíos que se encuentran en los pagadiarios de San Bernardo. Las promesas en las que más énfasis hacen son las relacionadas con los temas de vivienda. En el plan de retorno quedó consignado que se realizarían diagnósticos de las condiciones de vivienda de las comunidades para proceder a construir algunas y adecuar otras. Los líderes se quejan del incumplimiento en este punto.

Entre lo que le piden los emberas al Estado para resolver la situación de vivienda de sus comunidades están 5 mil techos de zinc y herramientas como motosierras para cortar madera en sus territorios.

Otro factor por el que algunos indígenas están en los pagadiarios es la continuación de la guerra en sus territorios. La Defensoría del Pueblo le pidió el 2 de agosto de 2016 al Ministerio del Interior declarar una alerta temprana para Pueblo Rico debido a la presencia del Eln, que intentaba copar espacios que eran controlados por el frente Aurelio Rodríguez de las Farc antes de que avanzaran los diálogos de La Habana.

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El 20 de marzo del 2017 la Defensoría le entregó un informe a la Gobernación de Risaralda en el que alertaba sobre la presencia de grupos paramilitares y la expansión de la minería ilegal en el resguardo indígena Chamí Unificado en Mistrató. Esas advertencias dan cuenta de que el proceso de desplazamiento podría continuar. Además, el retorno de las comunidades que se encuentran en precarias condiciones en Bogotá complica más la situación de orden público.

Mientras tanto, los indígenas emberas tendrán que seguir soportando las condiciones de los pagadiarios. Están desesperados pidiendo el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado: “Nosotros los indígenas no venimos a vivir a Bogotá por gusto, sino que necesitamos los proyectos que nos prometieron”, concluyó Sintua.

La falta de proyectos de la Alcaldía para solucionar las necesidades de alojamiento, sumada a la difícil situación de seguridad y a los incumplimientos en los planes de retorno, llevaron a que Fernando Manucama, líder de los emberas katíos provenientes de Alto Andágueda (Chocó), sentenciara: “En la paz deberían estar incluidos los emberas, pero no se habla de nosotros”. Ahora mismo viven sumidos en la violencia de la miseria, huyendo de la violencia de los actores armados y pidiendo un cese del abandono estatal.