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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a recibir un informe sobre el avance del proceso de paz en Colombia, cuya firma ya completó más de dos años, incluida la dejación de armas de los excombatientes. Desde entonces, las misiones de la ONU han ido cambiando y hoy su papel está centrado en que este proceso avance, pues como lo mencionó el jefe de la misión de la ONU en el país, Carlos Ruíz Massieu, “es un ejemplo para países alrededor del mundo de que las soluciones negociadas son posibles”.
Reincorporación de las FARC-EP
Massieu hizo un diagnostico por varios puntos neurálgicos del acuerdo de paz, sobre todo, del punto de reincorporación, para llamar la atención al gobierno en la generación de confianza a los más de 10.500 exmiembros de la guerrilla, que se mantienen en tránsito a la vida civil. “Hago un llamado al Gobierno a que acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que también asegure la aplicación de un enfoque de género en estos proyectos y que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”, puntualizó. A la fecha, reveló la Misión, se han aprobado proyectos individuales y colectivos para 1.774 exmiembros de las Farc.
También se refirió a la estabilidad de los Espacios Territoriales de Capacitación y de Reincorporación (ETCR), un punto que genera mucha incertidumbre entre los excombatientes de los 24 ETCR en todo el país, pues en agosto próximo expira la figura jurídica que los mantenía vigentes. Ahora, dijo Massieu, “el mensaje del Presidente Duque durante sus visitas a estos espacios ha sido darles seguridad a los excombatientes sobre el compromiso de su Gobierno con su reincorporación”.
Frente a este llamado, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “la vigencia legal de esta figura (los ETCR) culmina en agosto”, pero que, “esto no debe generar incertidumbre. El compromiso con el gobierno no es temporal, así lo expresó el presidente Ivan Duque”.
Otro punto aparte son las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según el jefe de la Misión de la ONU, durante una visita que realizó a Tumaco (costa Pacífica de Nariño), “tuve una discusión que me dejó muy preocupado con un grupo de valientes líderes sociales y comunitarios afrocolombianos, varios de los cuales se encuentran bajo la amenaza directa de grupos armados y organizaciones criminales”. Otros ya han sido asesinados en este mismo contexto de violencia asociado principalmente a la ausencia del Estado para ocupar los espacios dejados por las antiguas Farc y que, históricamente, son corredores del narcotráfico.
“Los líderes con quienes conversé en Tumaco también enfatizaron en que la seguridad en los territorios exige una presencia integrada y coordinada de las autoridades estatales, tanto de las instituciones civiles como de las fuerzas de seguridad. Este es un mensaje que he escuchado consistentemente en todo el país”, enfatizó Massieu.
Y en este punto resaltó la importancia de esta población para la implementación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), “aprobados por el gobierno”, dijo Massieu, con el fin de beneficiar a 170 municipios afectados por el conflicto armado. “Aliento al Gobierno a que dedique los recursos necesarios para garantizar la pronta implementación de estos planes. Más de 200.000 miembros de las comunidades contribuyeron a su formulación, lo cual constituye un ejemplo positivo de diálogo eficaz entre las comunidades y las instituciones del Estado”, resaltó el vocero de la misión de la ONU en Colombia ante los 15 países miembros del Consejo de Seguridad.
Finalmente, se refirió a los duros debates que sigue dando el país sobre la justicia transicional, un asunto polémico en la mayoría de los procesos de paz del mundo. Por eso, reiteró que una vez surtan trámite en el Congreso de la República las objeciones del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, esta debe promulgarse lo antes posible “para que esta institución pueda operar con la necesaria independencia y autonomía”.
En todo caso, resaltó el clima de incertidumbre que están viviendo quienes se han acogido al sistema de justicia, en busca de reconciliar al país. “Para las víctimas, para los miembros de las FARC y para las comunidades que han sufrido el conflicto. La mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz”, dijo Massieu.
Igualmente, hizo un llamado contundente al presidente Duque frente a la intención de proponer tres reformas constitucionales a artículos que sustentan la justicia transicional pactada en el acuerdo de paz. “Al presentar la primera de estas propuestas, el Gobierno aseguró que solamente operarán para el futuro. En efecto, cualquier iniciativa de este tipo no debería aplicarse de manera retroactiva a quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo. Como ha señalado el Secretario General, el principio de la no retroactividad es fundamental para preservar la confianza en el futuro del proceso”, reiteró.