Esperan que la Fiscalía reactive búsqueda de 138 desaparecidos

La lucha por la verdad de la Comuna 13    

Quince años después de la Operación Mariscal, la Comuna 13, en Medellín, no es un remanso de paz. Colombia2020 recorrió esa zona, donde  las mujeres aún indagan por la suerte de sus hijos y esposos ausentes. 
 

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Imagen de archivo de prensa de la Operación Mariscal en la Comuna 13 de Medellín, el 21 de mayo de 2002, donde la comunidad y la Procuraduría denunciaron excesos de la Fuerza Pública.

Doce horas y media duró el fuego cruzado entre la Fuerza Pública y las milicias en la Comuna 13 el 21 de mayo de 2002. Se trató de la Operación Mariscal, destinada, según la Fuerza Pública, a desarticular un supuesto plan terrorista de la guerrilla para sabotear las elecciones. Aunque las milicias no fueron tan golpeadas como la comunidad. 

A las 3 de la madrugada, tanques blindados del Ejército destruyeron un transformador de energía para cortar el suministro de luz en la parte alta de la Comuna 13, como preludio de la batalla campal que se libraría. Hubo disparos indiscriminados, sin importar que muchas personas salieron a auxiliar a los heridos ondeando sábanas y pañuelos blancos. La operación, que también utilizó ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados, dejó como saldo nueve civiles muertos, tres de ellos menores de edad, 37 heridos, y 55 civiles detenidos, según el informe policial de la época. 

Foto: Imagen de prensa de mayo de 2002 durante los entierros colectivos de las víctimas de las operaciones militares en la Comuna 13. /Jesús Abad Colorado -Archivo Cromos

Han pasado 15 años desde la Operación Mariscal y de las operaciones militares que le siguieron (Operación Potestad, llevada a cabo en junio; Operación Antorcha, llevada a cabo en agosto y Operación Orión, llevada a cabo del 16 al 22 de octubre de 2002). Y este sector popular está lejos de  ser un “remanso de paz”, como se ufanaron los políticos que sería cuando avalaron estas acciones.

Foto: Fachada de una casa en la Comuna 13 en mayo de 2002, luego de la Operación Mariscal. /Jesús Abad Colorado -Archivo Cromos 

“Hoy los paramilitares controlan la comuna, hay narcotráfico, hay vacunas, hay reclutamiento de niños y niñas, siguen los desplazamientos forzados. Hace poco llegó un niño de seis  años, que apenas estaba aprendiendo a hablar, a decirme que los paras ya lo estaban poniendo a probar finura. Me dijo que la fuerza del dedo índice no le daba para disparar el gatillo del revólver y que tuvo que pedir ayuda a un niño de 12 años. Pum, iba pasando un viejo y la bala le dio. Eso es un pecado”.

La voz es de la hermana Rosa Emilia Cadavid, una laurita de la congregación religiosa de la madre Laura que habla sin ambages, en parte, porque nunca piensa en ella. Escapó del Magdalena Medio y del Urabá por hablar claro y nunca en voz baja sobre las masacres y ultrajes que vivía la población civil durante el conflicto armado que se libraba en el país, a finales de los años noventa. Fue declarada objetivo militar dos veces y trasladada a esta congregación en la Comuna 13. Allá, en Belencito, permaneció, pese a quedar en silla de ruedas luego de un accidente de tránsito, para ser testigo de una confrontación sin precedentes en la comuna.

Foto: Hermana Rosa Emilia Cadavid de la congregación de la Santa Laura en Medellín. /Daniel Álvarez

En este lugar, rodeado de un cúmulo de casitas pequeñas, puestas unas sobre otras, la hermana Rosa nos recibió para hacer memoria. “Eso era una operación, otra y otra, fueron muy seguidas, yo creo que un pueblo no merece eso, una población civil no se merece tantos atropellos. A mí me tocó desde aquí ver el helicóptero parado y yo decía, pero por Dios, con esas ráfagas disparando, qué es eso tan miedoso”. 

El impacto de estas acciones del Ejército, la Policía y los paramilitares para la población civil sigue siendo incalculable. La comunidad denunció asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y casos de desaparición forzada. Aunque para la justicia lo único que existe hoy es una sanción disciplinaria de la Procuraduría contra el general Leonardo Gallego, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, y un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia contra el general Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército.

La hermana Rosa nos llevó por los corredores de la casa que queda frente a la iglesia de la Santa Laura hasta un cuarto donde a duras penas cabe un sofá y una mesa pequeña, lleno de rostros humanos, en especial de hombres, de esposos, de hermanos, de hijos que murieron o siguen desaparecidos. El salón de la memoria es un espacio pequeño pero di ciente de los procesos comunitarios de esta comuna que, pese al abandono estatal, se rehúsa a olvidar a sus muertos y a vivir en la indiferencia.  

Mujeres, caminando por la verdad

“¿Qué quisiera yo hoy? Yo quisiera encontrar a mi hijo, así sea en los huesitos, pero que ya yo descansara de este dolor que yo mantengo, porque eso es muy duro”. Esperanza Gómez Rivera vino corriendo del barrio 20 de julio para contar su historia porque ya no se ahoga de dolor.

Esperanza entiende como nadie el dolor. Escapó de una tragedia, pero calló en otra. A su marido lo mataron los paramilitares en Bolívar, fue violada y ultrajada a su llegada como desplazada a Medellín, y en la Comuna13, donde pensó encontrar algo de paz, vivió los años más duros de una guerra que se trasladó al barrio. “En esos momentos en que me desaparecieron a mi hijo, yo no dormía, yo no tenía vida yo me sentí como enloquecerme”, dice al recordar el día en que su hijo salió a trabajar a Castro Polo, unos apartamentos que estaban haciendo en el Poblado, y nunca regresó.  

Foto: Esperanza Gómez, colectivo Mujeres Caminando por la Verdad. / Daniel Álvarez

Ella hace parte de las 180 mujeres que integran el colectivo Mujeres caminando por la verdad, que hoy siguen buscando a 138 personas desaparecidas en la Comuna 13, principalmente durante las acciones militares y paramilitares que se llevaron a cabo entre el 2002 y el 2003. Ya murieron 20, enfermas de dolor y de esperar noticias. 

Por esos días un sector grande del país celebrara el triunfo electoral de Álvaro Uribe y con éste la llegada del Estado de Sitio y la guerra contra las guerrillas, que entonces vivían el desprestigio del fracaso de los diálogos de paz del Caguán y los roquetazos que explotaron durante la posesión presidencial.  El paramilitarismo en Medellín, especialmente al mando de Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, se fortalecía, como en todo el país,  con su código de terror y violencia.

Que los sigan buscando…

Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de Mujeres Caminando por la verdad, casi siempre lleva la foto de su esposo en la cartera. La recogimos en un taxi en el barrio al que tuvo que desplazarse por miedo a que se hicieran realidad las amenazas de los armados que se establecieron en la comuna cuando empezó a indagar el paradero de su marido. “Aquí lo bajaron del bus. Yo me quedé esperándolo esa noche para comer”, dice mientras señala un paradero de autobús. 

Durante meses lo buscó hasta que cayó en cama, enferma. Incluso, cuando algunos le dijeron haberlo visto en la indigencia, Luz Helena esperó durante muchas noches a que se durmieran sus hijas para vestirse de harapos, como habitante de calle, y andar por los tugurios y las ollas de consumo en las madrugadas para confirmar el rumor. Nunca lo encontró. Luego, asistiendo a audiencias de desmovilizados de Justicia y Paz en Medellín entendió qué pudo haber pasado. 

Foto: Luz Helena Galeano, vocera colectivo Mujeres Caminando por la Verdad. / Daniel Álvarez

Hace dos años la firma de Luz quedó plasmada en el plan que la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y las víctimas de la Comuna13 acordaron para realizar una tarea imposible. Buscar los desaparecidos de la Comuna 13 en una de las áreas de La Escombrera, donde Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, desmovilizado de las AUC, dijo que tiraron restos humanos. 

Cinco meses después no se encontró ningún cuerpo, ningún fémur, nada, solo unas mangueras que confirmaban el testimonio del desmovilizado sobre que, en la época de los hechos, en La Escombrera había una laguna artificial y varias mangueras que la alimentaban. Durante ese tiempo las mujeres de la Comuna 13 subieron hasta alá muchos días y solo entonces este botadero fue solemne y sagrado. Incluso, el padre Javier Giraldo dio una sentida misa católica y hasta se realizaron cuencos tibetanos para sanar el dolor. 

Foto: Paramilitares de las AUC, junio de 2002, durante las operaciones en la Comuna 13 de Medellín. /Jesús Abad Colorado -Archivo Cromos 

Lecciones

Caterina Heick, quien ordenó esta excavación en La Escombrera, antes de salir de la Fiscalía como Directora Nacional de Articulación de Fiscalías Especializadas luego de denunciar casos de corrupción al interior de la entidad, cree que una de las lecciones aquí aprendidas es que cualquier plan de búsqueda de desaparecidos a nivel nacional debe partir de exhumar con rigor y cuidado las fosas comunes de los cementerios en todo el país.

Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a las víctimas de la Comuna 13, lo más importante hoy cuando ya se aprobó la creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos del acuerdo de paz con las Farc-, es que haya una articulación institucional y que esta nueva entidad no sea centralizada para que tenga capacidad en los territorios. 

Para eso, cree Adriana, se requiere un diálogo vinculante entre lo que salga de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Por lo pronto, en el caso de algunos de los 138 desparecidos de la Comuna13 hay varios indicios de que podrían  estar en el cementerio de La Universal en Medellín, donde habían empezado a exhumar cuerpos sin identificar.  Hoy todo está detenido. Ni la Fiscalía ni la Alcaldía de Medellín ni el Gobierno Nacional parecen tener voluntad de desenterrar esa verdad que las madres de la Comuna13 seguirán reclamando. 

* Este viaje se realizó con el apoyo de la estrategia De igual a igual de ONU Mujeres, en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia, e implementada por el Consorcio ECHO Caracola. Busca destacar el papel de las mujeres colombianas como constructoras de paz.