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Cada 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Claudia Julieta Duque, una periodista investigativa, padeció los horrores que causa la tortura psíquica. Incluso en allanamientos al Departamento Administrativo de Seguridad se encontraron manuales para torturarla.
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El caso de Duque es un precedente mundial acerca de la tortura. Los hechos de los que fue víctima están siendo juzgados como tortura psíquica. Su caso es único en el mundo, debido a que la tortura psicológica está siendo investigada como delito autónomo y no como conexo, como había pasado anteriormente
La búsqueda de justicia es un objetivo innegociable para Duque. En medio de su proceso ha logrado la condena de tres exfuncionarios de la entidad estatal por los hechos de tortura en su contra. También, producto de ese proceso, están en juicio el exsubdirector del Das, José Miguel Narváez. La Fiscalía declaró en octubre del año pasado el caso de la periodista como crimen de lesa humanidad.
A pesar de esos avances, Duque denuncia que hace un año el proceso está estancado. Habla acerca de las secuelas que deja la tortura en las víctimas de tortura psicológica, de los factores por los cuales las víctimas desisten de denunciar y de las medidas de reparación.
¿Por qué denuncia que el proceso de tortura psíquica en su contra está frenado?
Desde octubre del año pasado, cuando mi caso fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, ha sufrido unos reveses casi paradójicos. La declaratoria de lesa humanidad se dio en el momento que se llamó a juicio a dos funcionarios del Das, Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez. En el caso de ellos ya están confirmadas las acusaciones, pero en diciembre de 2017 se le otorgó la libertad de manera irregular a Pachón. En noviembre fue el cierre del juicio en el caso de Rodolfo Medina Alemán y de Ronal Rivera Rodríguez, que son dos funcionarios del Das que estaban en juicio desde el 2015 por tortura en mi caso. Esta es la hora que todavía no se ha emitido sentencia. Ese mismo mes, una Fiscalía delegada ante la Corte decidió que no hay méritos para investigar a Jorge Noguera, exdirector del Das) por tortura a pesar de que la fiscal de mi caso ya había realizado la compulsa de copias. Para mí esa es una reacción clara que lo que busca es romper la cadena de mando en el caso de Álvaro Uribe que también tiene una orden de investigación desde el 2014 por tortura en mi caso y como casi todas las ordenes no se ha cumplido. En el caso actual tenemos todas las pruebas de que Jorge Noguera tenía pleno conocimiento tanto directo como indirecto de lo que estaba sucediendo en el 2003, incluso antes de que pasaran las peores cosas. Aparte, a comienzos de este año tuvimos el llamamiento a juicio de William Merchán, el hacker que el Das utilizaba para espiarnos y para acceder a nuestra información electrónica. No se han fijado fechas para las audiencias preparatorias de juicio ni en su caso ni en el de Emiro Rojas.
Desde junio del año pasado no celebramos audiencia en el caso de José Miguel Nárvaez. Allí hubo un avance muy importante en abril del año pasado cuando se deportó al exdirector de inteligencia del Das, Enrique Ariza, desde los Estados Unidos. Las declaraciones de Ariza fueron importantes en materia de la responsabilidad de Narváez, pero desde entonces el proceso se encuentra paralizado. Vamos a cumplir un año sin audiencia. Estamos teniendo una parálisis vergonzosa en un caso que ha sido considerado ejemplar, que la propia Fiscalía lo presenta como uno de los más importantes en cuanto a avances en la lucha contra la impunidad. Lo que creemos es que está pasando todo lo contrario.
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Usted ha denunciado que las demoras pueden terminar en impunidad ¿Por qué?
Yo creería definitivamente que sí. Ronald Rivera, que desde noviembre se encuentra pendiente de sentencia, está a punto de quedar libre por vencimiento de términos. El único preso está a punto de quedar libre porque el juez no ha emitido sentencia Rodolfo Medina está prófugo. El caso de Narváez, Ariza y Auque está paralizado pendiente de unas pruebas en el Archivo General de la Nación que no entendemos por qué se ha aplazado en varias oportunidades. En unas gracias, como siempre, al Inpec que suele dejar de trasladar a los presos solo cuando les conviene. En otras ocasiones ha sido porque el juez considera que faltan definiciones frente a la competencia y cosas así. Estamos a la espera y eso implica un tema de impunidad tremendo porque los casos que están en juicio, están parados. Hay otros dos pendientes de comenzar que ni siquiera han sido citados a audiencia preparatoria.
Su caso es el único en el mundo en el que se ha tipificado la tortura psíquica como delito autónomo ¿Cómo lograron que se tipificara así?
Fue un proceso muy difícil. Yo siempre digo que en la tortura psicológica el cuerpo del delito es un ser, es mi proyecto de vida, lo que yo era y lo que ellos impidieron que continuara haciendo. Eso implicó peritajes de Medicina Legal que fueron objetados decenas de veces por los sindicados. A pesar de eso, la institución respondió a esas objeciones de forma contundente demostrando que realmente hay unas secuelas típicas de la tortura psíquica. Fue difícil someterse a los análisis de Medicina Legal, pero era la única forma de demostrar que hubo tortura.
¿Una víctima cómo puede determinar que está siendo torturada psíquicamente?
La tortura se percibe. Una cosa es que no haya cicatrices para mostrar, pero claramente que se siente. El Código Penal colombiano, la Convención Internacional contra la Tortura y la Convención Americana especifican claramente el delito de tortura psicológica como causarle a alguien intensa aflicción tanto física como mental. Además del dolor, en mi caso está demostrado que se aplicaron métodos de tortura que son clásicos que se aplicaron en sitios donde la tortura psicológica fue un método.
¿Por qué su caso puede ser el único en Colombia y en el mundo?
Veo que es muy difícil que una víctima se someta a esos peritajes psicológicos que son tan complicados, que generan tanto dolor porque es repetir una historia, volverla a contar. En el caso del Das yo tengo claro que no soy la única víctima, pero sí soy la única que decidió someterse a esto. Los hallazgos de Medicina Legal no son bonitos. Cuando sale el peritaje, la reacción de la víctima es decir que a eso no se va a volver a someter porque lo que se ve es que hay unas secuelas que son dolorosas, que han hecho un daño tremendo.
¿Cómo se puede avanzar para que los casos de tortura psicológica en Colombia sean denunciados?
No sé porque lo que estamos viendo en mi caso es la gran dificultad que existe para que a una víctima se le crea en este país y para que obtenga justicia. Además de todos los ataques posteriores de los que uno es víctima solamente por denunciar. Yo creo que la justicia está diseñada para que desistamos de la denuncia, de la lucha por justicia. Desde la perspectiva de la víctima es más sencillo no denunciar que hacerlo porque implica un proceso de burla, de revictimización, que no todo el mundo está en capacidad de afrontar. El Estado tiene unos compromisos legales al haber firmado la Convención Internacional contra la Tortura, tendría que actuar frente a eso. La carga de la prueba no debería recaer con la víctima, pero eso es lo que pasa con la tortura psicológica en casi todos los casos. Este es un sistema que alienta la impunidad de todas las formas porque uno se cansa, decide no continuar, la gente tiene miedo de seguir denunciando
¿Cuáles son las secuelas de la tortura psicológica?
Depende del tipo de tortura que se dio, pero en general está demostrado que las víctimas sufren una fractura vital que solamente se puede remediar cuando hay un proceso real de justicia, si no lo hay es difícil que eso tenga una solución.
¿Su caso incluye medidas de reparación?
Debería incluirlas. Lo que pasa es que en este caso lo que tiene que ver con demanda administrativa esta es la hora que todavía el caso está en primera instancia, se están discutiendo nulidades porque con la liquidación del Das se dio un enredo jurídico tremendo y nadie sabe qué entidad del Estado representa al organismo hoy en día. En términos de reparación no ha pasado nada. Siempre he dicho que en mi caso la reparación es más judicial que económica. Los procesos de juicio que se han dado han sido reparadores, pero también han sido revictimizantes los procesos de parálisis y de impunidad.
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