La incertidumbre por quienes siguen en poder del Eln

Carlos Quinceno abraza a uno de sus tres hijos luego de durar 23 días en poder del Eln. / Liliana Rincón Bernal

El domingo 3 de febrero todo fue júbilo en los hogares de Julio Díaz, Carlos Quinceno y Maxwell Joya. El Eln los entregó a una comisión de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo tras 23 días en cautiverio. El helicóptero en el que volaban el pasado 11 de enero, con $1.700 millones de la empresa Brinks, fue impactado y cayó a tierra, hecho al que le sucedió su secuestro. El 16 de enero, el Eln confirmó que en su poder estaban ellos y la plata —que la guerrilla dejó claro que no devolvería—. Dos días después fue el carro bomba en la Escuela de la Policía, en Bogotá. La posibilidad de negociar la paz con el Eln, al menos durante el gobierno Duque, se congeló.

Con la noticia del fin a la mesa de negociación en La Habana vino para las víctimas de secuestro del Eln una incertidumbre de esas que enferman cuerpo y alma. “Mi esposo está en Manizales, desfalleció mucho con lo del hijo. Anda con desaliento, con dolores”, le contó a este diario Judith Ramírez, la madre de Carlos Quinceno, días antes de que se conociera la noticia de su liberación. “También he estado enferma. Se me empeoró la artrosis de la rodilla, los músculos de las piernas los tengo mal, la hernia en la columna me duele, la presión y la diabetes las tengo disparadas. Aunque seamos pobres, por favor, no me tiren a mi hijo al olvido”.

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Las oraciones de doña Judith, quien este año cumplirá 60 años, fueron oídas. Su hijo, padre de tres niños menores de 5 años, regresó a casa. Ella había asumido la vocería en nombre de su familia para clamar por la libertad de su hijo y, una vez él la recuperó, apagó sus teléfonos. “Estoy contento por ver a mis hijos, a mi familia”, dijo Carlos Quinceno cuando ya estaba en poder de la comisión que lo recibió. Ya en la base militar de Bucaramanga, abrazó a sus pequeños con los ojos hinchados de tanto llorar, mientras su madre, también lagrimosa, veía la escena embelesada. El suyo fue un final feliz. Uno que no todos los secuestrados del Eln han vivido para contarlo.

Al liberar a los tripulantes del helicóptero HK4327, el grupo guerrillero reiteró “su voluntad de buscar caminos de solución política, que conduzcan al país hacia un futuro de cambios y transformaciones”. El carro bomba que ellos mismos admitieron haber activado el 18 de enero en la Escuela General Santander —explosión que dejó 21 cadetes muertos— dejó sin piso esa posibilidad, al menos en un futuro cercano. No obstante, con o sin atentados de por medio, el tema del secuestro fue siempre una manzana de la discordia para los diálogos de paz con esta guerrilla. “No negociamos liberación de secuestrados”, dijo hace unos días el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

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Al finalizar 2018, el Gobierno colombiano les entregó a Cuba y Noruega, países garantes de la mesa de negociación con el Eln, una lista con los nombres de 14 personas secuestradas entre 2001 y 2004. En enero esa cifra ya iba en 17, aunque contando a los recién liberados Julio Díaz, Carlos Quinceno y Maxwell Joya. Entre esos nombres figura el de Marcelo Muñoz, un ciudadano ecuatoriano que fue secuestrado el 1° de junio de 2013 en la laguna de Yahuarcocha, cantón de Ibarra, unos 120 kilómetros al sur de la frontera con Colombia. La madre del ingeniero civil murió hace casi tres años de pena moral, dicen quienes los conocen.

En abril del año pasado la esposa de Muñoz, Yolanda Buitrón, se animó a contar la pesadilla que afronta su familia, relato que fue publicado por el diario El Comercio un par de semanas después de que se confirmara que tres integrantes de su planta (el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra) fueron asesinados por el grupo de alias Guacho, una disidencia de las Farc. En Ecuador, un país que no conocía la violencia como la ha vivido Colombia, la ejecución a sangre fría de los tres hombres en cautiverio sacudió muchos cimientos y animó a personas como Buitrón a sacar del anonimato su tragedia.

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En los meses posteriores, sin embargo, el miedo regresó. La bomba en la Escuela de la Policía, sin duda, fue un punto de quiebre no solo para el Gobierno colombiano, sino también para las víctimas de este grupo. “Lo consulté con la familia y decidimos que es mejor no hablar por ahora con la prensa”, le dijo a este diario Yolanda Buitrón. “Las investigaciones por el caso de mi esposo continúan, y tememos que haya una retaliación en su contra”. En las llamadas que le han hecho a Buitrón le han manifestado que se trata de un secuestro extorsivo y que Muñoz se encuentra en Colombia. La familia del ingeniero pagó por su liberación, pero no pasó nada. Nada.

Para no ir más lejos, este fin de semana el Eln secuestró y asesinó al patrullero Jonathan Sierra Suaza en zona rural de Saravena (Arauca), confirmó el presidente Duque, quien insiste en que Cuba le entregue a Colombia a los negociadores del Eln, a pesar de que el Estado colombiano firmó un protocolo que indicaba que si se acababa la mesa de negociación, estos podrían volver al país. La suerte de las otras 13 personas del listado del Gobierno, y de otras tantas que no están allí, es la misma del ingeniero Muñoz: incierta. Teniendo en cuenta, además, que todas las familias de secuestrados temen siempre que se dé el peor de los desenlaces.