La importancia de los líderes sociales para la paz

Antonio Madariaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, denuncia que a las oficinas de la colectividad llegaron amenazas, habla sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos y sobre el papel de estos para construir una paz estable.

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Antonio Madariaga estuvo en varias regiones del país recogiendo aportes de líderes sociales y defensores de derechos humanos para la elaboración de una ley de participación ciudadana./ Cristian Garavito.

El país conoció el pasado martes 18 de julio el asesinato del líder social Ezequiel Rangel, en El Carmen (Norte de Santander). No hay consenso frente al número de líderes asesinados en Colombia, pero lo que sí se sabe es que va en aumento. La preocupación es tal que entre las funciones que tendrá la segunda misión de Naciones Unidas, que aprobó el Consejo de Seguridad el pasado 10 de julio, está verificar las condiciones de seguridad de los líderes y de los exguerrilleros.

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Antonio Madariaga dirige la Corporación Viva la Ciudadanía, una organización que apoyó desde 1990 los procesos de diálogo con las guerrillas. También hizo aportes a la mesa de conversaciones de La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El trabajo de la Corporación no ha estado exento de persecución. Desde el 2006 los amenazan, por eso Madariaga anda en una camioneta blindada. El 22 de junio llegó al correo de varias personas una amenaza en la que estaba su nombre y el de algunas lideresas.

La amenaza se dio justo después de que Viva la Ciudadanía, junto el Cinep y el Foro por Colombia, terminó un proceso de recolección de propuestas para un proyecto de ley sobre participación ciudadana, que es un compromiso que el Estado y las Farc adquirieron en La Habana. Por eso durante meses Madariaga recorrió el país y escuchó a 2.478 líderes sociales, por lo cual conoce la situación de quienes asumen estos liderazgos en las regiones. 

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Viva la Ciudadanía ha denunciado repetitivamente amenazas ¿Cómo los han amenazado?

Desde el 2006 nos amenazan, cuando empezamos a trabajar con las víctimas. En el 2014 arreciaron y tuvimos muchas en el segundo semestre. En el 2016 disminuyeron un poco, pero en el 2017 nos amenazaron en marzo y el 22 de junio de este año nos llegó un correo. En este último periodo las amenazas han estado relacionadas a, además de nuestro apoyo a las víctimas, a nuestro apoyo al proceso de paz. En general las amenazas provienen del Bloque Capital de las Águilas Negras.

¿Cómo fue la última amenaza?

El 22 de junio llegó a los correos electrónicos de varias colaboradoras y de tres personas de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales. El remitente era la cuenta [email protected] y estaba firmado por Acelio David Donado. Es una amenaza de muerte que está dirigida particularmente a las mujeres lideresas de víctimas, la titularon “Muerte a las perras”. Aparecen dos hombres, entre esos yo. Además, contiene una amenaza de bomba, dice: “Los vamos a volar a todos con los que tengan adentro”. Hemos pedido seguridad para la sede.

¿Cómo ha sido la reacción del Gobierno?

Nos paran bolas, pero no hay consecuencias. Hay investigaciones abiertas por todas las amenazas anteriores y ahora se abre investigación por esta, pero nunca llegan a nada. No nos dicen quién nos amenaza, de quién era ese correo, de dónde lo mandaron. Esas cosas se supone que ya habría capacidad de saberlas por las herramientas tecnológicas.

Algunos sectores dicen que hay líderes sociales que se autoamenazan…

Indudablemente las ha habido, pero eso es absolutamente excepcional. Por ejemplo, recientemente en Barranquilla se descubrió que una persona que tenía un esquema de seguridad y se lo iban a quitar contrató a un escolta para que le hiciera dos disparos al carro. Eso pasa porque entre las víctimas y los defensores de derechos humanos hay unas personas que no funcionan bien. Pero en términos generales los 136 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre marzo de 2016 y marzo de 2017 tuvieron, la mayoría, una amenaza previa. Afirmar en general que eso corresponde a autoamenzas no tiene mucho caso. Los informes de inteligencia de la Policía dicen que las Águilas Negras no existen, pero a nosotros nos amenazan. La intención es crear terror y que uno deje de hacer lo que hace.

De igual forma, se escucha que muchas veces se suman a la lista de personas que no eran líderes sociales o que estaban en el lugar de manera fortuita...

Eso también pasa. Pero hay coincidencias. No hay una sola cabeza que piensa exterminarlos a todos, pero eso no quiere decir que no haya sistematicidad. La sistematicidad consiste en a quiénes matan, cómo los matan, dónde los matan y cuándo los matan. Matan a gente que de alguna manera está vinculada con una organización social. En términos generales, por medio de un ataque sicarial fundamentalmente en Tumaco, Buenaventura, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño. El 87% de los 136 defensores de derechos humanos y líderes sociales los mataron en esos siete departamentos. Generalmente los matan porque son defensores de los derechos de alguien.

Puede que alguno de esos casos sea un marido celoso o una amante despechada, pero cuando se dan todas las condiciones anteriores resulta muy difícil decir que a 136 líderes sociales los matan por cualquier razón distinta a que sean líderes. Además, al 70% les habían llegado amenazas.

Lo que se dice a veces es que hay gente que suma como líderes a quienes no lo son...

La cifra de 136 es de Naciones Unidas, las de la Defensoría del Pueblo son más altas, las de Somos Defensores son ligeramente menores, las cifras de violencia sociopolítica del Banco de Datos del Cinep son más altas, la de la Comisión Colombiana de Juristas son más altas, también hay cifras del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. La disparidad en las cifras se da porque se usan parámetros y fuentes distintas, pero supongamos que unos de esos están mal sumados. Cojamos solamente la cifra de Somos Defensores que es la más baja: 97. Eso es un escándalo en cualquier parte del mundo. Además, eso es un 30% más que el año anterior. Entre 2014 y 2017 las amenazas crecieron un 2000%. La clave es que en Colombia persiguen a la gente que se organiza.

¿Cómo cree que ha sido la reacción estatal frente a la violencia contra los líderes?

Yo le decía a Anibal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, que ellos aseguran tener controlado el territorio y que no han dejado abandonado ningún lugar donde estuvieron las Farc. Pero siguen matando a los líderes sociales, entonces hay una de tres respuestas: 1. No es cierto que controlan el territorio 2. Las fuerzas militares y de Policía que hacen presencia en el territorio están en connivencia con quienes matan a los líderes sociales o 3. Los matan los miembros de las fuerzas armadas.

¿De dónde proviene la violencia contra los líderes?

En Colombia hoy hay distintas fuentes de violencia y no diría que hay un gran plan nacional de los paramilitares como existía en tiempos en los que Jorge Noguera era el director del DAS, en tiempos del expresidente Álvaro Uribe. Pero claramente hay gente de distintos niveles que consideran que cualquier líder social es una amenaza para ellos: los corruptos en los pueblos, los que se lucran de la minería ilegal y el narcotráfico, los que defienden intereses de los despojadores de tierras o de los terratenientes que saben que el proceso de paz significará develar una cantidad de verdades en las cuales están involucrados. Los factores cambian según los territorios, pero en general la violencia está dirigida contra quienes defienden los derechos de las personas.

Adicionalmente, desde que empezaron las negociaciones en La Habana hay un sector de la sociedad que no las apoyó, que no apoya que haya un acuerdo con las Farc y que esperarían que pudieran ser exterminadas militarmente. Ese sector no amenaza de manera directa, pero esa postura encuentra quien considera que le hace un favor amenazando y agrediendo.

¿Cómo ven la situación de los líderes sociales de cara a la desaparición de las Farc como guerrilla?

Ya hay instrumentos para empezar a trabajar en la implementación de la paz territorial. Algunos de esos, como las circunscripciones especiales de paz y la Comisión de la Verdad, cuestionan poderes territoriales y ponen de presente los únicos victimarios no han sido las Farc y los otros actores también tendrán que responder. Eso genera reacciones de muy diverso calibre, algunas son haciendo “trizas el maldito acuerdo” (como dijo el exministro uribista Fernando Londoño) y otras son agrediendo miembros de las Farc o sus familias. Lo único que nos va a dar una paz sostenible y duradera es fortalecer la participación ciudadana y la presencia de los sujetos y las organizaciones sociales en el proceso de implementación del Acuerdo. La dejación de armas no es la paz, sino una condición. Lo que sigue es un pacto social y político para sacar las armas y la violencia de la política y de la vida cotidiana de los colombianos.

Se habla mucho de participación, pero ¿cómo lograr que la gente se involucre?

La vida social y política no nació con la negociación con las Farc. La gente históricamente ha construido agendas, organizaciones y demandas. Nos encontramos ante la posibilidad de que esas agendas dialoguen con las que surjan del Acuerdo de paz. Por ejemplo, el Acuerdo contempla 170 municipios en los que se van a llevar a cabo los programas de desarrollo con enfoque territorial. Hay gente que ya se está preparando, aunque no sean municipios priorizados, para que en sus territorios haya planes de desarrollo con ese enfoque. Nos encontramos ante la germinación de muchas expectativas de participación.

¿Eso en la práctica cómo puede ser?

El ciudadano se tiene que meter. No se trata de que el Vicepresidente de la República se invente algo que le va a llegar a la gente en las regiones. Lo que nosotros trabajamos es el estímulo a que la gente se organice porque tiene una comprensión de su territorio y de sus prioridades.

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