Este lunes arranca el evento

La II Cumbre de Mujeres y Paz, clave para el posconflicto

Cerca de 500 representantes de 700 organizaciones y movimientos sociales de todas las regiones del país se dan cita en un encuentro con el que se busca pactar un acuerdo de agenda para el seguimiento y la verificación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de La Habana.

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De los 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010, apenas 92 contenían alguna referencia a las mujeres.
Archivo Cumbre Mujeres y Paz

La cifra es exacta: las probabilidades de que un acuerdo de paz dure al menos 15 años aumentan en un 35 % cuando hay participación activa de las mujeres. Aun así, entre 1992 y 2011, menos del 4 % de los signatarios de los acuerdos de paz del mundo y menos del 10 % de los negociadores sentados a la mesa de paz eran mujeres. Los datos, revelados por ONU Mujeres, dan cuenta de un escenario que no deja de inquietar, sobre todo en la coyuntura actual del país, de cara a lo que será la implementación de los acuerdos suscritos por el Gobierno y las Farc en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba).

Esa es la razón que convoca en Bogotá, desde hoy y hasta el miércoles 21, a 500 mujeres, representantes de 700 organizaciones de distinta índole que se reunirán en el marco de la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz con el objetivo de promover una participación clara, no sólo en el plebiscito que refrendará lo pactado en La Habana, sino en la verificación y el monitoreo de la implementación del Acuerdo Final.

Se trata de un proceso de construcción de espacios de decisión que comenzó en octubre de 2013, con la primera cumbre, de la que, además, surgió una alianza entre nueve organizaciones, redes y plataformas de mujeres que sumaron esfuerzos y articularon una propuesta para incidir en la edificación de paz desde la misma mesa de conversaciones. El éxito fue tal que lograron contribuir a la creación de la Subcomisión de Género de La Habana, con dos plenipotenciarias del Gobierno en la capital cubana, que derivó en un acuerdo con enfoque diferencial (anunciado el pasado 24 de julio) en puntos claves como reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.

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Un trabajo que se construyó con los aportes de varias delegaciones de víctimas que visitaron la mesa de diálogos —de las cuales 60 % fueron mujeres— de las 18 organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI, 10 expertas colombianas en violencia sexual, expertas internacionales y exguerrilleras de varias partes del mundo.

El avance fue trascendental e incluso se ha planteado la posibilidad de que el caso colombiano sirva como hoja de ruta para las negociaciones de otros conflictos en el mundo, como lo señaló Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de ONU Mujeres: “Las Naciones Unidas tenemos que hacer esto en todo el mundo. En este momento hay treinta conflictos, y en diferentes momentos tendremos que negociar y apoyar esta cuestión. Usaremos este acuerdo para defender los derechos de las mujeres, algo que siempre es difícil”.

Con el camino ya avanzado, las expectativas de esta segunda cumbre son altas. Para Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia, esta versión se realiza en un momento crucial en términos de construcción de paz y marca “el posicionamiento de las mujeres ante la implementación de los acuerdos y ante lo que puede ser un acuerdo de posconflicto donde tengan un rol determinante en la transición que va a vivir el país”.

Coyuntura histórica que, de acuerdo con Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, abre la puerta para que se puedan generar espacios de participación en los que las mujeres cumplan un rol determinante. “Lo que estamos buscando es una representación paritaria de las mujeres. Eso qué quiere decir: pues que si se conforma un consejo o un comité territorial de planeación o participación para determinado tema, el 50 % de sus integrantes sean hombres y el otro 50 % mujeres, con representación efectiva de las propuestas de las mujeres”, detalla Quintero.

El escenario, sin duda, plantea varios retos, pues es claro que el proceso que arranca para transformar los acuerdos en realidad es bastante complejo. Por eso Sanz considera que el primer desafío es entender que el momento requiere una mayor conciencia colectiva y garantías de participación para las mujeres. “No es sólo por lo que las mujeres representan en la sociedad sino porque los estudios de Naciones Unidas nos señalan que la sostenibilidad de los acuerdos, una vez que se firman, depende en gran medida de la participación de las mujeres y de la sociedad civil”, asegura, e insiste en que se trata de un factor de éxito y también de una ventana de oportunidades.

Otro es el relacionado con el andamiaje institucional que se requiere para garantizar que la participación se haga efectiva y haya una real inclusión de los temas de género con presupuesto específico, para lo cual será necesaria una rigurosa labor de seguimiento. “En esto son importantísimos los esquemas de seguimiento, de información y evaluación desagregados por sexo, es decir, que con la implementación de los acuerdos se pueda ir verificando cómo esto afecta de un modo específico a hombres y mujeres para que se puedan hacer las correcciones necesarias”, agrega Sanz.

Un tema en el que coincide Beatriz Quintero, quien sostiene que debe haber un compromiso claro para buscar una agenda de inclusión. “Hay un sistema de monitoreo y verificación que quedó estipulado en el Acuerdo Final de La Habana y uno de los puntos hace referencia al enfoque de género. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es buscar estar en ese sistema y poder avanzar para que los grupos de mujeres en Colombia tengamos la incidencia para monitorear el cumplimiento en todos los puntos”, manifiesta.

La labor, insiste Quintero, comienza incluso desde el cese el fuego bilateral y definitivo, pues hay que avanzar en cada uno de los puntos claves que están por desarrollarse: “Que los indicadores no solamente sean sobre cuántas acciones militares se registran o cuántos homicidios, sino que también haya indicadores de violencia contra las mujeres, violencia sexual. Estamos haciendo incidencia en eso y estamos pidiendo que en los protocolos de la misión de verificación de armas incluyan cifras con enfoque diferencial”.