Se estima que pagaron más de US$1,7 millones

La historia que llevó a 14 empresarios de Chiquita Brands a juicio en Colombia

La Fiscalía llamó a juicio a 14 directivos de la multinacional estadounidense por, supuestamente, haber financiado grupos paramilitares. Esta es la primera decisión de este tipo en contra de la empresa que ya aceptó, ante la justicia norteamericana, que sí les pagó a las Auc.

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Por este caso, la justicia de Estados Unidos le impuso una multa de US$25 millones a la multinacional. / AFP

Uno de los capítulos de la guerra en Colombia que más necesita justicia y verdad es el que tiene que ver con la financiación de grupos al margen de la ley por parte de empresas y multinacionales. Y si hay un caso representativo en el país de esta sombría relación es el que protagonizó Chiquita Brands en los años 90 en la región del Urabá, entre los departamentos de Chocó y Antioquia. Investigadores internacionales, un informe de la OEA y hasta una Corte del Distrito de Nueva Jersey se encargaron de develar cómo, durante más de diez años, la empresa norteamericana de fruta financió a grupos paramilitares, a las Farc y al Eln. Sin embargo, la justicia colombiana poco se ha atrevido a realizar su propia investigación de los hechos y castigar a los responsables.

Sin embargo, ayer la Fiscalía hizo un anuncio que podría cambiar este panorama. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que el ente investigador va a llamar a juicio a 14 directivos de Chiquita que presuntamente habrían contribuido a financiar grupos de las Auc. Se trata, en palabras de la cabeza de la Fiscalía, de un hecho sin precedentes, pues lo que se sabe de esta relación es gracias al trabajo de la justicia norteamericana y de la OEA. En la lista de los acusados hay ciudadanos colombianos, estadounidenses, un costarricense y un hondureño, que en su momento actuaron como presidentes, representantes legales y personal administrativo de la multinacional en Colombia y Estados Unidos.

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Los colombianos son: Reinaldo Escobar de la Hoz, exasesor jurídico; Luis Germán Cuartas Carrasco, exgerente de relaciones laborales de Banadex; Víctor Buitrago Sandoval, exdirectivo; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banadex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola de El Retiro; Juan Diego Trujillo Botero, exsecretario general de Banacol, y Jorge Alberto Cadavid Marín, exgerente del Convite S.A. Entre los implicados de Estados Unidos están: Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser. El ciudadano de Costa Rica es José Luis Valverde, y el de Honduras, Fuad Alberto Giacoman. La mayoría fueron escuchados en indagatoria en 2008.

La decisión de la Fiscalía es histórica, dentro del proceso que tiene más de diez años, pero también porque es la primera vez que las personas que dieron las órdenes para realizar los pagos enfrentarán un proceso judicial. Hasta ahora, la investigación se había centrado en construir un mapa para mostrar cómo se realizaron los negocios, quiénes fueron sus principales benefactores o cuánto dinero se invirtió. Para tener el panorama claro, existen dos documentos claves. El primero es un informe de la OEA de enero de 2003, y el segundo, un fallo de marzo de 2007 en el que una Corte del Distrito de Nueva Jersey condenó a Chiquita a pagar US$25 millones por sus andanzas ilegales con los grupos paramilitares colombianos.

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En ambos documentos está la historia de cómo se concretó esta relación y de que, en total, la multinacional pagó más de US$1,7 millones a las Auc entre 1997 y 2004 para que los dejaran trabajar en sus plantaciones. Pagos similares hizo Chiquita a las Farc y al Eln pero, después de una reunión en 1997 entre el exjefe paramilitar Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se pactó que el dinero solo lo iban a recibir las autodefensas. En una investigación previa de la Fiscalía, que condujo el entonces vicefiscal Jorge Perdomo, el ente investigador dio cuenta de que, al comienzo del negocio, la contribución fue directa a estos ejércitos privados y después se canalizó por medio de las Convivir de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito.

Las investigaciones han logrado demostrar que tanto los directivos de la empresa en Colombia como en Estados Unidos conocían estos pagos ilegales. Fue por eso que, en febrero de 2003, un asesor externo le informó a la multinacional que los pagos eran ilegales en virtud de la legislación norteamericana y que debía detenerlos. La Fiscalía logró constatar que, pese a las advertencias, los pagos no cesaron y los paras incrementaron su violencia. Sus pesquisas, además, les permitieron identificar a dos hombres claves de estas transacciones: el jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia (Banadex), Víctor Julio Buitrago, quien habría sido el encargado de hacer las órdenes de pago, y el del gerente Álvaro Acevedo González, quien debía aprobarlos.

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A Acevedo González ya lo escuchó la justicia en Colombia. En su indagatoria, el exgerente reconoció los pagos a las Convivir y que tuvo reuniones con su jefe en EE. UU., John Ordman, y el abogado Joel Raymer, a raíz de las discusiones suscitadas en Norteamérica por estas contribuciones, que ya se sabía tenían como destino la financiación del paramilitarismo. Según él, se reactivó una cuenta denominada Manager Funds, en la que aparecen los pagos hechos de manera directa a las Auc por parte de Banadex. Asimismo, Pedro Bonito amplió sus denuncias y, como delegado de la casa Castaño para administrar la economía de su organización en Urabá, relató que allí nunca hubo extorsión sino un acuerdo de voluntades.

Otro de los datos que reveló el informe de la OEA es que, el 5 noviembre de 2001, la filial de Chiquita en Colombia participó en el recibimiento de un envío de un cargamento de armas a Colombia. Según el documento, el barco llegó al puerto de Turbo (Antioquia) cargado de fusiles que habían negociado los gobiernos de Guatemala y Nicaragua. El cargamento fue desviado por traficantes contratados por paramilitares colombianos y dos días después de su arribo, Banadex descargó el cargamento. Tiempo después, Carlos Castaño admitió públicamente que había metido su mejor “gol” al introducir los fusiles y cinco millones de municiones sin que las autoridades fronterizas y portuarias lo impidieran.

Lo que Pedro Bonito ha contado a las autoridades en Colombia ha sido fundamental para que el proceso penal no se cierre. Es más, en febrero del año pasado, la Fiscalía anunció que la financiación de grupos ilegales debía ser tratado como un crimen de lesa humanidad y esto permitió que casos como el de Chiquita Brands, precisamente, no prescribiera. A esa medida se le sumó el hecho de que la Corte Constitucional estableciera que los terceros implicados en el conflicto no deben ser investigados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sino por la justicia ordinaria. Es por esto que los llamados a juicio (colombianos, estadounidenses y centroamericanos) deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado.

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Rastrear las dinámicas de los empresarios con grupos ilegales, los detalles de cómo financiaron la guerra y que la justicia llegue a los responsables ha sido, hasta ahora, una deuda del sistema judicial. Decisiones como la de la Fiscalía resultan de vital importancia a la hora de intentar quitarle el manto que ha mantenido ocultos estos vínculos durante años. El ente investigador no está solo. En marzo de este año, la Comisión de la Verdad propuso crear un grupo multidisciplinario que se encargue de investigar el papel que cumplieron políticos, civiles y empresarios en el conflicto armado. Todas estas decisiones configuran la ruta que deben seguir las autoridades para, de una vez por todas, escribir este capítulo que le hace falta a la historia de la larga guerra en Colombia.

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